Las instituciones europeas han prometido impulsar una recuperación verde y justa para afrontar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Para ello la UE y los gobiernos de los países van a inyectar una cantidad sin precedente de dinero público para estimular la economía. Desafortunadamente, en el transcurso de las negociaciones sobre el destino de este dinero, la clase política está traicionando sus promesas al permitir que el Fondo de Recuperación financie sectores que perjudican el clima y la biodiversidad.

Con las condicionalidades ambientales adecuadas, la mayor parte de este paquete de recuperación que va a impulsar la UE (los 672.500 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia) podría ser un catalizador para un cambio sin precedentes, creando millones de empleos verdes de futuro y apoyando la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad. Pero estas condicionalidades están lejos de concretarse y el Fondo está abriendo la puerta a seguir financiando políticas empresariales continuistas y contaminantes que se presentan como falsas soluciones.

La Comisión Europea presentó el plan inicial en el mes de mayo con la única especificación de que el 37% (o 248.800 millones de euros) del fondo debería apoyar proyectos climáticos. En estos meses de votaciones y negociaciones, los 27 gobiernos de la UE no han llegado a ningún acuerdo para especificar qué industrias contaminantes y destructivas deberían estar fuera de la financiación.

La situación con los Fondos se está complicando aún más ya que los gobiernos de Hungría y Polonia amenazan con arruinar el acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto de siete años de la UE de 1,1 billones de euros. Sus principales argumentos para oponerse son los planes climáticos de la UE y una cláusula que condiciona el acceso a los fondos al respeto de los derechos civiles y el estado de derecho.

Desde las organizaciones de la sociedad civil mantuvimos un hilo de esperanza en todo el proceso de las negociaciones pensando que al menos el Parlamento Europeo escucharía a los más de 1,3 millones de personas que pedían una recuperación verde. De hecho en octubre, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento votó a favor de prohibir los combustibles fósiles como el gas. Fue un paso adelante.

Sin embargo, las votaciones posteriores dieron un giro de 180 grados. Los partidos de todo el abanico político decidieron apoyar un acuerdo basado en el principio de “no causar daño significativo» y sin garantías de que el dinero no se vaya a utilizar para financiar combustibles fósiles, la energía nuclear, agricultura industrial contaminante, expansión de aeropuertos, construcción de carreteras y otros proyectos que nos alejan de una recuperación verde.

Pero no todo está perdido: los gobiernos aún deben presentar sus Planes Nacionales de gastos del Fondo a la Comisión. Además, mucho dependerá también de cómo se desarrolle la taxonomía, (una guía con criterios para inversiones verdes) que decidirá qué clasifica la UE como inversiones sostenibles y definirá el principio de “no causar daño significativo” determinando en mayor medida qué inversiones son posibles bajo el Fondo.

Greenpeace y otras organizaciones de la sociedad civil estamos observando cómo evoluciona el proceso. A medida que se desarrollen los Planes Nacionales y la Comisión recopile comentarios sobre su borrador de taxonomía, nos aseguraremos de recordarles que los combustibles fósiles y otras industrias contaminantes no pueden ofrecer una recuperación ecológica y duradera.

¡Seguiremos contando con vuestro apoyo en redes para presionar a nuestras y nuestros líderes políticos para que cumplan sus promesas!

Por Silvia Pastorelli, climate & energy campaigner – Greenpeace European Unit, traducido por Alicia Cantero, responsable de la Unidad Política de Greenpeace España.

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