Tener que elegir entre comer bien o calentar tu casa en invierno es una realidad en muchos hogares españoles. Es lo que conocemos como pobreza energética, una situación en la que las familias no cubren sus necesidades básicas de energía por falta de recursos y que en ocasiones se ve agravada por el pésimo aislamiento de las viviendas.

En la Semana de Lucha contra la Pobreza Energética, tenemos que recordar que, según la Universidad Politécnica de Madrid, el 23% de los hogares en España (¡el 23%!) se encuentran en situación de riesgo de pobreza energética. Además, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), afirma que 4 de cada 10 personas en nuestro país están afectadas por algún indicador de pobreza energética (ingresos insuficientes, mala calidad de la vivienda o precios elevados en su factura).

Una lacra que tiene, además, rostro de mujer. Y es que quienes más sufren este tipo de pobreza son mujeres mayores, familias monomarentales, personas desempleadas y analfabetas. La población femenina global es la más afectada por las desigualdades y el cambio climático.

Uno de los impactos más graves que tiene la pobreza energética son las consecuencias sobre la salud. Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), la pobreza energética es la causa de unas 7.100 muertes anuales. Los efectos sobre la salud son muy importantes, no solo por el incremento de la mortalidad, sino también por otros problemas derivados como el estrés, la depresión o el absentismo laboral o escolar.

En definitiva, todos los estudios e investigación apuntan a una misma conclusión: nos enfrentamos a un problema de una dimensión que no imaginábamos.

El bono social no es suficiente

El bono social, que ha sido la medida estrella del Gobierno para ayudar a las personas más vulnerables y en exclusión social, ofrece un descuento en la factura eléctrica. Pero, según reflejan diversas plataformas, esta solución es insuficiente y no llega a todas las familias vulnerables, que encuentran en su solicitud una trampa burocrática imposible o que directamente no pueden acceder por no cumplir requisitos de estar en mercado regulado o tarifa PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor). Y esto es algo que la mayoría de la población desconoce.

Y es que el relator de la ONU para la extrema pobreza, Philip Alston, ya lo ha alertó durante su visita a España hace unos días: “La gente se siente abandonada. No reciben el apoyo que esperarían del Gobierno, de las autoridades locales, del sistema educativo, del sistema de protección… Simplemente sienten que están a su suerte”.

Un problema de toda la sociedad

Como sociedad tenemos que empezar a visibilizar un problema que, más allá de poner de manifiesto las desigualdades de renta económica, nos está hablando de brecha de género, de un parque de viviendas con escasa eficiencia energética y de una factura de la luz estratosférica (la 5ª más cara de Europa) que no refleja nuestro consumo energético real.

Una vez más la pobreza energética está revelando las estructuras de poder creadas por un oligopolio energético que ha dictado históricamente la cultura, política y economía eléctrica de este país, con abusivos costes de electricidad cargados al consumidor. Es el momento de reivindicar que la energía no sea un lujo sino un derecho universal. Pero, además, debe ser limpia y justa. Las renovables nos ponen en bandeja la oportunidad de resolver un problema mayúsculo. Y la emergencia climática que sufre nuestro medio ambiente nos pone sobre la mesa un único mandato: no nos podemos permitir destruir el único planeta que tenemos.

Urge actuar. La buena noticia es que por fin somos miles las voces y movimientos ciudadanos por todo el mundo que salimos a las calles a exigir un cambio (mental y político, que no climático, que ese desgraciadamente ya lo vivimos).

A ver si entre todas movemos ficha, cada persona desde su nivel y capacidades. ¡A por ello!