El Gobierno de Sánchez renuncia a comenzar la transición ecológica del sistema agroalimentario

Greenpeace España ha analizado el PERTE Agroalimentario aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 8 de febrero, concluyendo que este plan se centra en el fortalecimiento del tejido actual, la digitalización y la investigación y la innovación, sin abordar los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario español y las transformaciones necesarias que deben llevarse a cabo para que este sector contribuya de manera real a la lucha contra el cambio climático, la crisis de biodiversidad, la sobrepesca, el problema del agua en España y el reto demográfico.

Los PERTES son un instrumento contemplado en el Plan España Puede que fue aprobado en junio de 2021 por la Comisión Europea y que permite al Estado Español acceder a los fondos económicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Según las previsiones del Gobierno, este plan contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023, creará 16.000 empleos netos y tendrá efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, así como nuevas oportunidades laborales. Las medidas y ayudas beneficiarán a empresas y autónomos del sector agroalimentario, que generarán sinergias con los objetivos de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. La contribución al reto demográfico, dice el citado Ministerio, se contempla como un objetivo transversal.

“Al Gobierno le ha dado pánico abordar con este plan la necesaria transformación del sistema agroalimentario en la dirección de la descarbonización, la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica o la Directiva Marco de Agua de la UE”, declara Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “Sus enunciados, sus líneas de ayuda y sus condicionantes no abordan los acuciantes problemas actuales: importantes emisiones de gases de efecto invernadero (metano y amoniaco), el robo y mal uso del agua, la esquilmación de los recursos pesqueros, la contaminación de suelos y acuíferos y la ocultación del impacto social y ambiental de las cadenas de suministro de materias primas”.

El pasado mes de diciembre Greenpeace España envió al ministro Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) y a la ministra Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico) un documento con las Propuestas de Greenpeace para un PERTE Agroalimentario transformador y sostenible. Este documento ponía el énfasis en la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sistema agroalimentario, una tarea clave para el éxito en la lucha contra el cambio climático. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico otorga al sector agrícola (agricultura y ganadería) el 14,1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, lo que eleva este sector al tercero más contaminante en España; además, la ganadería es la responsable del 65% de esas emisiones (1). También, y según la Comisión Europea, España tiene un “problema sistémico” en su sistema agroalimentario, debido a la contaminación del agua por nitratos, lo que ha llevado a esta institución europea a llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE.

Greenpeace ha contrastado el PERTE Agroalimentario aprobado el pasado 8 de febrero con el documento de propuestas enviado por Greenpeace en diciembre, detectando numerosas ausencias y omisiones en el abordaje de la transformación del sistema agroalimentario por parte del gobierno Español:

1. No sabremos si habrá reducción de emisiones de GEI.
   El PERTE Agroalimentario menciona la sostenibilidad de manera genérica y dentro del paquete de ayudas del Eje 1 (Fortalecimiento industrial del sector agroalimentario). Pero el plan no establece objetivos e indicadores sobre la reducción de las emisiones de GEI, en consonancia con las recomendaciones de la comunidad científica y el cumplimiento del Acuerdo de París. Y de manera especial, en el caso del metano (NH4) procedente de la producción de alimentos de origen animal.

2. Sin noticias sobre la reducción del consumo de agua o el cierre de pozos ilegales.
   El Gobierno ha dejado fuera del PERTE la verdadera patata caliente del modelo agroalimentario (incluido en el Componente 3 del Plan España Puede): abordar el fin de los regadíos ilegales y la reducción de la demanda de agua, con reformas de calado y medidas de mejora en la gobernanza del agua, el cierre de pozos ilegales, el fin de la complicidad de las Confederaciones Hidrográficas con el robo del agua y la fijación de las condiciones que garanticen la restauración de los acuíferos dañados (entornos de Doñana, Mar Menor, Mancha Húmeda, comarca de A Limia, etc.). Al no vincular las ayudas del PERTE Agroalimentario con el plan de mejora de regadíos que se está ya ejecutando, no hay garantías de que los fondos europeos cumplan el principio de “no hacer daño”.

3. La moratoria de macrogranjas sigue pendiente.
   Ninguno de los criterios para recibir ayudas o préstamos está condicionado a un nuevo modelo agroganadero sostenible, que aborde el debate actual sobre las macrogranjas y la necesidad de establecer una moratoria a nuevas instalaciones, siguiendo la estela de la reciente decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de establecer una moratoria de nuevas explotaciones ganaderas de porcino.

4. No se quiere hablar de acabar con la contaminación del agua por nitratos.
   Tampoco aparecen en el texto del PERTE Agroalimentario menciones específicas para que las empresas agroalimentarias aborden el fin de la contaminación del agua por nitratos, un conflicto que la Comisión Europea califica como “problema sistémico” en España.

5. Se han olvidado del apoyo a la agricultura ecológica y la ganadería extensiva.
   El Gobierno apuesta por un modelo agroindustrial altamente tecnificado y digital, dejando al pairo a la agricultura ecológica y la ganadería extensiva ecológica. Por tanto, el PERTE no menciona cómo va a hacer efectivo el esfuerzo de alcanzar el objetivo europeo de lograr para 2030 que el 25% de la superficie agrícola de la UE sea cultivada bajo los criterios de la agricultura ecológica.

6. La compra pública no liderará el cambio de los patrones de consumo.
   Para contribuir al objetivo anterior, el 25% de la superficie agrícola en producción ecológica para 2030, era fundamental que el PERTE contemplara medidas dirigidas a fomentar la compra pública de productos ecológicos. Pero este plan se olvida del liderazgo necesario por parte de las administraciones públicas a la hora de apoyar la producción ecológica y de cercanía.

7. Un plan que evita apoyar la pesca sostenible.
   La única mención del plan a las ayudas a la digitalización de la flota pesquera puede acarrear, como ya ha ocurrido en el pasado, un acaparamiento de los fondos por parte de la flota industrial y destructiva de aguas distantes, que permitirá a esta flota pescar más lejos y en aguas más profundas, perpetuando el oligopolio pesquero, sin abordar el principio de precaución y marginando a la flota de pesca costera de bajura en el reparto de los fondos.

8. Un PERTE que renuncia a limpiar las cadenas de suministro.
   Como solicitó Greenpeace en diciembre, este PERTE debería haber incorporado reformas y medidas que evitaran que el sector agroalimentario español dependa del expolio de recursos naturales en otras latitudes del planeta, sean recursos pesqueros, harinas de pescado para la acuicultura, soja para la fabricación de piensos para la ganadería, aceite de palma, carne, cacao, etc. En este sentido, Greenpeace pedía al Gobierno que apoyara decididamente la propuesta legislativa presentada recientemente por parte de la Comisión Europea para minimizar la deforestación y la degradación de los bosques causada por la importación de materias primas.

9. Sin menciones a cómo combatir la brecha de género.
   El Plan España Puede mencionaba que la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio rural y marino necesita del arraigo de las mujeres. Y que era imprescindible no sólo la creación de empleo de calidad y sostenible, sino promover el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, reducir su vulnerabilidad y promoverlas como agentes de cambio. Nada en este PERTE menciona este objetivo transversal.

10. Continuará la sombra de la explotación laboral en el campo.
    El PERTE Agroalimentario suponía una oportunidad para la eliminación de las condiciones de explotación laboral, precariedad residencial y limitaciones de acceso a servicios de los temporeros y temporeras, en gran parte migrantes, algo que atenta actualmente contra sus derechos más básicos. Por ello resultaba imprescindible que incluyera algunas directrices en materia de garantías laborales y de derechos humanos.

Desde el año 2021 Greenpeace España está llevando a cabo un trabajo de seguimiento en la concreción y aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), también denominado Plan España Puede. Fruto de este seguimiento, Greenpeace ha señalado la falta de participación y transparencia en la elaboración del plan (2) y ha realizado una primera valoración preliminar del Plan España Puede presentada en abril a la Comisión Europea (3). También ha establecido una herramienta, La Lupa Verde (4), que quiere ser un observatorio ambiental y social de este plan.