El Gobierno español puede ser clave para conseguir un acuerdo final que proteja los bosques, ponga fin a los combustibles fósiles y asegure la financiación necesaria contra la crisis climática

La COP30 entra en su semana decisiva de las negociaciones, tras una primera semana marcada por las masivas movilizaciones ciudadanas: las 200 embarcaciones de la Flotilla de la Cumbre de los Pueblos y los más de 50.000 manifestantes de la Marcha Global por el Clima solicitando más justicia climática. Los informes compartidos hasta ahora señalan que se falla en dos frentes fundamentales: la ambición en las metas de reducción de emisiones [1] y en la financiación. Greenpeace ha denunciado cómo la Unión Europea ha llegado a la COP sin el liderazgo necesario, algo que debe cambiar radicalmente.

VÍDEO DE EVA SALDAÑA CON LAS CLAVES DE ESTA SEMANA DECISIVA, AQUÍ. 

Esta semana comienzan las negociaciones entre ministras y ministros, con una clara llamada desde la Presidencia para que exista un “mutirão”, expresión brasileña que significa “esfuerzo colectivo”: unir fuerzas para llegar a un acuerdo realmente ambicioso. En este contexto han tomado fuerza tres iniciativas que, de aprobarse, podrían suponer un antes y un después de la COP de la Amazonía: un plan sobre bosques y contra la deforestación, un plan para acabar con los combustibles fósiles y un acuerdo de triplicar la financiación hacia el sur global. 

El Gobierno español puede desempeñar un rol decisivo al haber asumido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la cofacilitación sobre la mitigación, y dado su papel de liderazgo climático dentro de la Unión Europea. La ministra acaba de iniciar la semana en el Evento de Alto Nivel con una llamada al multilateralismo y a una mayor ambición climática, aunque sin anuncios concretos para avanzar en las negociaciones.

Una COP en la Amazonia para acabar con la deforestación en 2030

La primera conferencia que se realiza en la Amazonía no puede cerrarse sin un acuerdo ambicioso sobre los bosques [2], tal y como demandan los cientos de líderes y lideresas indígenas que se dan cita en Belém. La Amazonía y otros ecosistemas críticos están llegando a puntos de inflexión que podrían desencadenar una crisis climática irreversible [3]. Greenpeace exige un plan de acción global para poner fin a la deforestación y la degradación de los bosques a más tardar en 2030. Los gobiernos deben comprometerse con detener la deforestación y la pérdida de ecosistemas y con la protección total de los territorios indígenas.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, ha declarado: “Greenpeace exige al Gobierno que defienda la Amazonia y los territorios indígenas de las grandes corporaciones, y que apoye en estas negociaciones un plan para proteger los bosques y acabar con la deforestación. Recordemos que los pueblos indígenas son los guardianes de las selvas y en sus territorios se conserva el 80 % de la biodiversidad. La COP30 debe aprobar medidas para garantizar la integridad de sus territorios frente al extractivismo depredador”. 

Poner una fecha de caducidad a los combustibles fósiles

Se han realizado varias propuestas para avanzar en el compromiso de dejar atrás los combustibles fósiles, como un diálogo de alto nivel para una salida ordenada de los combustibles fósiles o integrar esta cuestión en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en sus siglas en inglés) y el seguimiento de las COP. El Gobierno colombiano dio un impulso inicial a este tema con una declaración para acabar con los combustibles fósiles a la que se están sumando varios países, entre ellos España. Asimismo, la alianza Más allá del Petróleo y del Gas (BOGA, en sus siglas en inglés), con más de 60 países entre los cuales está España, ha señalado la necesidad de un plan para hacer realidad esta transición energética. De momento, el Gobierno español no se ha pronunciado en este asunto central en las negociaciones formales. 

“Cuando se da la voz a la ciudadanía el mensaje es claro: más ambición y menos combustibles fósiles. España ha dado un paso valiente al adherirse a la declaración colombiana en este ámbito. Ahora tiene que empujar en el seno de las negociaciones para que haya un plan concreto de abandono justo, ordenado y equitativo de los combustibles fósiles y que se integre en los mecanismos de seguimiento. En cuanto a la política estatal, el presupuesto de carbono debe marcar unos objetivos a 2035 y 2040 más ambiciosos que los de la UE. Como hemos señalado tras analizar los eventos climáticos extremos de nuestro país, se trata de una cuestión de supervivencia“ [4],señala Pedro Zorrilla Miras, responsable de cambio climático en Greenpeace, desde Belém. 

Acabar con la financiación fósil 

Diez años después de París, la financiación fósil persiste, en contra de la ciencia e incumpliéndose el artículo 2.1(c) del Acuerdo de París, que busca alinear los flujos financieros con los objetivos climáticos y de desarrollo. Es lo que señala la publicación del informe de síntesis de las negociaciones de los últimos tres años [5]. En el mundo se mantienen 1,3 billones de dólares anuales de subvenciones a combustibles fósiles y, además, desde 2015 la inversión privada acumulada en combustibles fósiles ha alcanzado 7,9 billones de dólares. Aunque la inversión pública se ha ido recortando (un 78% para los países miembros de la iniciativa de Clean Energy Transition Partnership, en la que participa España), todavía persisten agujeros, como ha denunciado Greenpeace en el caso español [6], y sigue faltando más apoyo público para financiar una transición justa. 

“¿Qué significa que el dinero público y privado sea coherente con el Acuerdo de París? Lo primero sería eliminar definitivamente las subvenciones fósiles: dinero público que acaba en el bolsillo de las compañías fósiles. Lo segundo, impuestos para que destruir el planeta no salga gratis. Tercero, regular las inversiones de los bancos para evitar burbujas fósiles y que la ciudadanía sepa qué sucede con sus ahorros. Y por último, reescribir unas reglas financieras globales que son injustas y frenan una acción climática centrada en el derecho de las personas. Desde Greenpeace hemos pedido al Gobierno hacer los deberes y presentar un inventario y un plan completo de eliminación de subvenciones fósiles y, con ello, doblar los recursos disponibles para la acción climática”,afirma Carlos García Paret, coordinador de la campaña “dinero y soluciones” de Greenpeace. 

Aumentar la financiación y hacer que los grandes contaminadores paguen. 

Las comunidades más afectadas por la crisis climática sufren impactos devastadores mientras que las grandes empresas contaminantes siguen lucrándose. Greenpeace ha contabilizado dichos impactos en una factura climática gigante -que paseó por las calles de Belém en la Gran Marcha Global- con el valor de cinco billones de dólares [7]. La justicia climática exige justicia fiscal y que los principales responsables paguen lo que les corresponde por los daños ocasionados [8], desde las compañías petroleras y gasísticas hasta los multimillonarios. Además, los países del norte global no están llegando a cumplir con la financiación comprometida. El acuerdo que está sobre la mesa es de triplicar la financiación y, dentro de la meta global, establecer un objetivo de 120.000 millones de dólares en 2030 para adaptación. En el caso español, y más allá de las palabras del presidente del Gobierno en la cumbre de líderes, no se está llegando a la mitad de la “parte justa” de financiación deseable, y la mayoría se está realizando vía créditos y no subvenciones. 

En palabras de Eva Saldaña: “¿Quién va a pagar la factura de los daños causados por la crisis climática? En este momento crucial de las negociaciones necesitamos más justicia fiscal para hacer que la industria contaminante y los ultrarricos paguen por los daños que están causando. Es lo que quieren 9 de cada 10 personas, según nuestros estudios. El Gobierno debe promover estas medidas en el programa de trabajo tanto en la COP como en la Convención del Marco para la Cooperación Fiscal Internacional, que se negocia de forma paralela en Nairobi. Pero esto hay que aterrizarlo a escala estatal y europea. La sociedad civil ha pedido al Gobierno aumentar los recursos de la acción climática con impuestos a los vuelos VIP y a los beneficios de la industria fósil en España”. [9] 

Es fundamental avanzar por la vía señalada por el Grupo de Trabajo para los Gravámenes Solidarios (GSLTF,  por sus siglas en inglés), que presentó un nuevo informe en el que define una propuesta de impuestos a los beneficios de las empresas fósiles, entre otros potenciales nuevos impuestos y tasas [10]. Además, en este grupo, se amplió la alianza para aprobar impuestos especiales a los vuelos VIP: los vuelos de primera clase, clase business y jets privados a 13 países. Estos impuestos ya funcionan en Francia, y el presidente del Gobierno se mostró favorable a ellos en la Cumbre de Líderes al inicio de la COP30 y en la Cumbre de Sevilla [11]. 

La responsabilidad de países del G20

Greenpeace ha publicado hoy un informe en el que señala la responsabilidad de los países del G20 en relación a la falta de ambición con los objetivos climáticos. Tras el Balance Global, los países firmantes del Acuerdo de París asumieron el compromiso colectivo, para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, de reducir las emisiones un 60 % para 2035 [12], triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética para 2030, y avanzar en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

La acción climática global depende en gran medida del G20, responsable de casi el 80 % de las emisiones y del 85 % del PIB mundial. Por su peso económico y político, sus decisiones marcan el rumbo del comercio, la inversión y la innovación tecnológica, y determinarán si el mundo aún puede mantener el límite de 1,5 °C.

Sin embargo, el informe muestra cómo las NDC actuales suponen avances insuficientes: los países desarrollados del G20 apenas plantean reducir entre un 51 % y un 57 % sus emisiones respecto a 2019, muy lejos de lo necesario. En todo el grupo, las NDC carecen de compromisos claros para eliminar los combustibles fósiles y de objetivos cuantificados en renovables y eficiencia energética. En resumen, las mayores potencias, incluidas aquellas con mayor responsabilidad histórica, siguen sin presentar planes creíbles para abandonar los combustibles que alimentan la crisis climática.

Más información:

• Peticiones de Greenpeace para esta COP30
• Informe 2035 Climate Ambition Gap (Brecha en la ambición climática para 2035)