Greenpeace denuncia que PP, VOX, Junts y PNV se venden a los intereses de las energéticas a costa de la ciudadanía

Tras la votación del paquete fiscal y la aprobación de la enmienda 54 por parte del PP, Vox, Junts y el PNV, se elimina la posibilidad de extensión del gravamen temporal a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, Greenpeace denuncia el alineamiento de algunos grupos políticos a los intereses de las grandes energéticas para acabar con el gravamen. La organización señala que estas empresas han movido toda su maquinaria de influencia política para tumbar un gravamen de solidaridad aprobado en 2022 en el contexto extraordinario de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. 

“Hay que recordar que con 225 personas fallecidas y 30.000 millones de costes económicos ocasionados recientemente por la DANA, el país sigue viviendo en un contexto de urgencia y necesidad de recursos públicos para hacer frente al escudo social, pagar a servidores públicos y hacer frente a la reconstrucción de viviendas, campos de labranza y negocios. No es el momento de que las administraciones pierdan recursos, especialmente cuando las grandes energéticas están viviendo un momento de euforia económica”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace.  

Por otro lado, la organización ha elaborado el informe “Las empresas energéticas deben pagar por sus beneficios y daños extraordinarios” en el que analiza el momento dorado de las energéticas y apunta su responsabilidad en la emergencia climática que está azotando nuestro país y provocando costes económicos que se necesitan pagar. Las emisiones de los cuatro mayores grupos energéticos principales suponen el 88% del total de emisiones del IBEX-35, siendo Repsol la máxima responsable con un 62% de las emisiones. 

Tal y como denuncia el informe, las empresas están acumulando beneficios históricos, así en el tercer trimestre de 2024 alcanzaron 12.811 millones de euros, un 17,3 % más que en plena crisis energética de 2022. Una de las razones fundamentales es su posición de dominio en mercados mal diseñados que detraen rentas de manera estructural de la ciudadanía. Esto les otorga enormes recursos para invertir al tiempo que distribuyen dividendos. 

Hay que tener en cuenta que en 2023, con el gravamen extraordinario ya en marcha, las grandes energéticas incrementaron sus inversiones hasta alcanzar los 23.529 millones de euros, de las cuales 17.000 millones (72,3 %) fueron en descarbonización y, todavía, 6.500 millones (27,8 %) a energías fósiles, poniendo en jaque los compromisos climáticos de España. El caso de Repsol es el más controvertido, pues en 2023, 7 de cada 10 euros invertidos se encaminaron al negocio fósil tradicional. 

A su vez, están repartiendo dividendos a niveles históricos, 9.814 millones en 2023, un 12 % de incremento – y de recompra de acciones en favor de sus accionistas principales: el fondo de inversión BlackRock, el Banco Santander, Criteria Caixa, el Estado Noruego, el Estado Italiano, el Reino Qatarí o la República Popular China, entre otros.

“En estas Navidades algunos partidos prefieren hacerle un regalo inmoral a las grandes energéticas contaminantes. Hoy gana el fondo BlackRock, el Santander y los fondos soberanos de los países del golfo y pierde la ciudadanía”, ha añadido Saldaña.

Estamos en un momento fundamental para que el Gobierno y los grupos políticos tomen posición y muestren cuáles son los intereses que mandan verdaderamente en el Congreso de los Diputados: los de la ciudadanía o los de las compañías fósiles. Y queda claro que algunos han cedido al chantaje de las energéticas y han dado la espalda a los afectados por la DANA. Ahora deberían ir a Letur, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Utiel a explicarlo.