Greenpeace insta al Gobierno y a los grupos políticos a garantizar que quien contamine pague

Greenpeace celebra que haya voluntad política para que las grandes energéticas sigan pagando a partir de 2025 por sus beneficios extraordinarios. Y en este sentido, pide a los partidos altura de miras, no caer en los chantajes y sí pensar en los costes climáticos a la hora de negociar un tributo de carácter permanente en la Comisión específica que debatirá su contenido antes de final de año. Asimismo, señala la importancia de cada euro conquistado en justicia fiscal con las medidas aprobadas para evitar que el ajuste fiscal de la deuda pública acumulada tras el Covid, y comprometido con la Comisión Europea, recaiga sobre la clase trabajadora. En este sentido, la organización celebra que en la reforma aprobada ayer se perpetuara el impuesto a la banca y recuerda que España sigue teniendo una presión fiscal y una fiscalidad verde muy inferior a la media europea y que el sistema fiscal necesita mejorar su progresividad. 

Sin embargo Greenpeace, lamenta que los grupos políticos hayan dejado fuera del paquete fiscal cuestiones tan relevantes como impuestos justos que controlen a los grandes inversores que erosionan el derecho a la vivienda, como las SOCIMIs y los pisos turísticos, además del impuesto al lujo (a los jets, yates y lamborghinis). La organización ecologista recuerda que solo en 2023 hubo una afluencia en España de unos 27.122 vuelos de jets privados en destinos vacacionales y que generaron unas emisiones de 134.000 toneladas de CO2, y se trata del medio de transporte más contaminante e injusto. 

“La gente tiene que saber que hoy, aprobada la reforma, seguiremos subvencionando masivamente a quien especula con la vivienda y a ultrarricos que el año que viene irán de vacaciones al mediterráneo contaminando con sus jets, yates y lamborghinis como si ninguna DANA hubiera sucedido. Es pasmoso ver la desconexión de los grupos políticos de los problemas de las personas jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna y de las víctimas los principales responsables que están alterando el clima con sus efectos”, señala Carlos García Paret, coordinador de Incidencia de Greenpeace.

Asimismo, la organización señala que la ligera subida del IRPF que se ha aprobado es claramente insuficiente y alejada de las declaraciones y la voluntad política expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo durante la celebración del G20 en Río de Janeiro a la hora de contar con una tributación ambiciosa a las grandes fortunas y evitar su escaqueo fiscal. El precedente sentado por la tributación mínima a las multinacionales del 15% que se acaba de aprobar dentro del paquete fiscal debe servir de referencia para un tributo ambicioso a los ultrarricos en la Unión Europea que ayude a financiar los costes de una acción climática que favorezca a la mayoría de la población. 

Por último, Greenpeace señala que hay que dar pasos sustantivos para que la fiscalidad ayude a una movilidad justa y sostenible que beneficie al conjunto de la ciudadanía en relación a equiparar los tributos del diésel a los de la gasolina, medida que el Congreso ha rechazado, y acabar las exenciones fiscales del queroseno aéreo, en línea con lo señalado por el libro blanco de la reforma fiscal que el Gobierno encargó y de los compromisos adoptados con Bruselas. España sigue a la cola en imposición verde en la Unión Europea. 

“El Gobierno tiene que dar muchas explicaciones y hacer pedagogía de por qué el conjunto de la ciudadanía tiene que pagar 2.621 millones de euros anuales para subvencionar el diesel o 4.610 millones para el queroseno cuando en España se producen 30.000 muertes prematuras asociadas a los problemas de contaminación. Son recursos que se podrían destinar para una movilidad sostenible en favor de la mayoría. Llegamos tarde a la hora de tener una fiscalidad verde que introduzca el principio de quien contamina paga, especialmente quien puede permitírselo”, recuerda García Paret.

Greenpeace junto a otras 36 organizaciones ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos 10 medidas para avanzar en impuestos justos y verdes para garantizar el bienestar y la acción climática y ha señalado que las decisiones de fiscalidad respondan al interés general.