Greenpeace pide al Gobierno más medidas para frenar la especulación y más recursos para rehabilitar y sacar el gas de las viviendas

• La organización valora positivamente la aprobación del Plan Estatal de Vivienda con medidas y recursos para reforzar la vivienda pública, ayudar al acceso de la juventud y situar la rehabilitación como uno de los ejes principales
  
• Sin embargo, Greenpeace señala que deben multiplicarse por 10 las metas de rehabilitación para reducir las facturas de energía en el contexto de inflación fósil derivada de la guerra en Oriente Medio
  
• Además, exige que los fondos sean accesibles, especialmente a colectivos que sufren pobreza energética, y que se refuercen los recursos reorientando los subsidios que benefician a las compañías fósiles

Tras la aprobación definitiva hoy en el Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, Greenpeace celebra que se avance en medidas para blindar el parque público social, fomentar el acceso a la vivienda digna de las personas jóvenes y en situación de exclusión y situar la rehabilitación como uno de sus ejes fundamentales. 

Sin embargo, en el contexto de las consecuencias de la guerra de Irán, en el que los precios del gas y de la factura energética siguen aumentando, Greenpeace lamenta la falta de ambición en la rehabilitación, con una meta tope de tan solo 260.000 viviendas hasta 2030 y fondos insuficientes». En su reciente informe “Tu Llave para la vivienda digna”, Greenpeace propone rehabilitar 10 millones de viviendas hasta 2040, lo quesupondría multiplicar por diez el número de viviendas rehabilitadas. 

“Nuestras casas son hoy más caras, más viejas y más ineficientes que nunca. Estamos dejando a una generación entera a merced de un tsunami especulativo y de la volatilidad energética de personajes como Trump o Putin. El Gobierno puede y debe hacer más para acabar con la especulación inmobiliaria y hacer de la rehabilitación energética un verdadero plan de país para beneficiar a la ciudadanía con casas más accesibles, confortables y sin combustibles fósiles. Queremos menos pelotazos inmobiliarios y más vivienda social y sostenible y protección de las personas inquilinas”, ha señalado Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace.    

Greenpeace recuerda que la vivienda, además de ser un derecho constitucional en jaque frente a un mercado especulativo, consume el 30% de la energía final y es responsable del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ocurre debido al deficiente comportamiento energético de un parque inmobiliario envejecido y el consumo cautivo del gas fósil, lo que es una trampa para el bolsillo de la ciudadanía y para la soberanía energética en un mundo inestable. De hecho, las compañías energéticas reciben al año, directa o indirectamente, unos 6.000 millones de euros en subvenciones públicas para el fomento del gas y otros combustibles fósiles, una cantidad tres veces más alta que los recursos propuestos para rehabilitación. Greenpeace ha denunciado que estas ayudas fósiles se han incrementado recientemente con las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la inflación fósil derivada de la guerra de Irán. 

Según la organización, con una inversión pública de 6.000 millones de euros anuales sostenida hasta 2040, España podría contar en ese año con un parque residencial que emita 48 millones de toneladas de CO₂ menos, ahorre al año 4.175 millones de euros en las facturas energéticas -el equivalente a la factura anual de la luz de cinco millones de hogares- y genere unos 350.000 empleos en el sector de la rehabilitación para todo el periodo. Estas medidas serían fundamentales como parte de un escudo social verde para paliar la crisis de la vivienda y hacer frente al polvorín de los combustibles fósiles derivado de la guerra de Oriente Medio.