Elecciones andaluzas: Greenpeace pide un cambio político de 180 grados ante la emergencia social y ambiental que ya afecta a la salud y la economía andaluzas

• La organización presenta su hoja de ruta para las elecciones del 17 de mayo con propuestas para frenar la vulnerabilidad ecosocial y socioeconómica de Andalucía
• Andalucía es una zona cero del cambio climático en Europa: lidera las emisiones de gases de efecto invernadero en España, sufre una anomalía térmica de +1,7 ºC, tiene un 33,6% de hogares en pobreza energética estival y el 13,1% del litoral ya artificializado
• Greenpeace reclama la paralización de la mina de Aznalcóllar, la demolición del Algarrobico y una “transición hídrica justa” que acabe con el saqueo de acuíferos

Greenpeace presenta hoy un documento estratégico de propuestas de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, en el que alerta de la situación de “emergencia multidimensional” que afronta la comunidad autónoma. En este documento se evidencia cómo la inacción o el retardismo en políticas ambientales está agravando la situación de vulnerabilidad y precariedad social, de salud y económica de la comunidad autónoma. Andalucía sufre una anomalía térmica que ya alcanza los +1,7 ºC respecto al promedio histórico y ostenta el desafortunado liderazgo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del Estado. La organización advierte que el actual modelo socioeconómico y político está comprometiendo derechos fundamentales y articula sus demandas en cinco ejes que abordan la justicia habitacional, la salud de las personas y el planeta, las oportunidades económicas de la transición energética y agroalimentaria, la protección de la naturaleza y la cultura de paz y desarme.

“Andalucía es la zona cero del cambio climático en Europa, pero las políticas de la Junta han sido más un eslógan que un plan serio de transición socioeconómica que afronte la crisis ecosocial a la que nos enfrentamos. Esta legislatura es clave para pasar de reconocer que el cambio climático es un problema a poner en marcha una hoja de ruta que cambie el rumbo de las políticas sociales y ambientales andaluzas. No hacerlo podría llevar a nuestra tierra a una situación de vulnerabilidad social y ambiental con consecuencias devastadoras para nuestro pueblo”, ha declarado Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía.

En el ámbito de la vivienda, Greenpeace denuncia que, mientras el 95% del parque residencial de Andalucía es ineficiente térmicamente, con casas que son verdaderas “bombas térmicas”, no se están poniendo topes al alquiler y la comunidad concentra 640.000 casas vacías y casi 100.000 pisos turísticos. Por eso, la organización exige la aplicación de la Ley de Vivienda para limitar alquileres en zonas tensionadas y un plan masivo de rehabilitación que garantice el confort térmico sin aumentar la brecha de desigualdad.

En el ámbito de la salud, Greenpeace advierte que Andalucía necesita un sistema público robusto para garantizar el bienestar de las personas, y esto pasa, necesariamente, por poner fin a los conciertos privados en la sanidad. Pero además, Andalucía requiere que se actúe sin dilación frente a los nuevos retos que implica el cambio climático: la comunidad debe reducir urgentemente sus emisiones elevando los objetivos de reducción de GEI que contempla la Ley de Cambio Climático de Andalucía, de un 41% a un 55% en 2030, y conseguir el objetivo de neutralidad climática (cero neto) en 2040 como tarde. Igualmente, también debe actuar en mejorar la calidad del aire, porque la movilidad es responsable del 51,9% de las emisiones difusas regionales. Por otro lado, debe tener planes de salud específicos de adaptación frente a eventos meteorológicos extremos, así como garantizar el acceso al agua potable de calidad, reduciendo la contaminación de nitratos o de metales pesados en acuíferos y ríos.

En el ámbito económico, Andalucía sufre una crisis de desigualdad crónica que los datos de crecimiento económico de los últimos años no han sido capaces de mitigar. Greenpeace considera que hay sectores económicos clave, como la transición energética y el cambio del modelo alimentario, que pueden ser fuente de empleo de calidad, siempre y cuando sean desarrollados con criterios de justicia social y con garantías de distribución de rentas. Para esto, Andalucía debe implementar un plan de salida de los combustibles fósiles y multiplicar por seis la velocidad de la electrificación de su economía, hasta alcanzar un 70% de electrificación en 2040, priorizando el acceso a la red eléctrica a las actividades que sirven para garantizar una vida digna. También debe establecer políticas autonómicas que favorezcan una transición total del sector agroalimentario, para que la producción andaluza sea agroecológica en ganadería y agricultura en un 25% para 2030 y un 100% para el 2050. Igualmente, se necesita redefinir el papel y la dimensión de la agricultura de regadío, de forma que se garantice el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural, a la generación de empleo de calidad y al relevo generacional.

La organización ecologista también ha realizado propuestas en materia de protección de la biodiversidad, alertando sobre el peligroso proceso de desregulación ambiental que Andalucía ha experimentado en las últimas dos legislaturas, lo que se suma a su falta de ambición climática. Los llamados “decretos de simplificación administrativa” o la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) son ejemplos de esta desregulación. A esto se le suman las leyes que han sido abandonadas “en un cajón” por falta de voluntad política o presupuestaria, como la Ley 1/2020 de Bioclimatización de centros educativos. Las políticas que afectan a la biodiversidad se ejemplifican en casos concretos como el hotel ilegal del Algarrobico o la nueva amenaza de contaminación por metales pesados del río Guadalquivir debido al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar y de la mina de Cobre las Cruces. En el caso del hotel, Greenpeace reclama el derribo inmediato, instando a la Junta de Andalucía a que colabore activamente en el proceso de expropiación forzosa iniciado por el Estado y ejecute el derribo conjunto y la restauración del paraje natural sin más dilaciones judiciales. En el caso de Aznalcóllar, Greenpeace reclama la cancelación cautelar del proyecto y la constitución de un grupo de expertos/as que evalúe en profundidad los efectos de estos vertidos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria.

Greenpeace apela al himno de Andalucía para recordar que esta tierra tiene “vocación de paz y esperanza”. La presencia de bases militares de EE.UU. y el sector industrial armamentístico contradicen profundamente este anhelo. Por ello, la organización ecopacifista reclama un plan de reconversión de la industria bélica, estableciendo incentivos fiscales y fondos de transición para que empresas como Airbus Defence y Santa Bárbara reconviertan su producción militar hacia sectores civiles estratégicos como el transporte ferroviario regional o las energías renovables. Igualmente, insta a prohibir el uso de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias andaluzas para el transporte de armas destinadas a países que incumplan las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional Humanitario.

“Necesitamos que se implementen medidas urgentes para frenar el cambio climático y la crisis de biodiversidad y para mejorar la situación socioeconómica que viven muchas personas en Andalucía. Y necesitamos que se hagan con criterios de justicia social porque los efectos del cambio climático impactan de forma más severa sobre la población vulnerable. Si queremos dejar de encabezar rankings de vulnerabilidad y pobreza, Andalucía necesita cambiar de estrategia de desarrollo socioeconómico hacia una agenda verde que genere empleos de calidad, fuera de los ciclos de temporalidad actuales, y que garantice el derecho a la vivienda digna y a la salud personal y del medioambiente”, ha concluído Berraquero.