Greenpeace publica el informe ‘Los otros Altri’ para denunciar cómo las corporaciones amenazan espacios naturales de alto valor con la complicidad de las administraciones

Hoy, víspera del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Greenpeace publica un nuevo informe con el título Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten. Los análisis  científicos confirman que a nivel global el ritmo de pérdida de especies y el deterioro de hábitats y ecosistemas, principalmente provocado por la acción humana, no tienen precedentes en la historia de la humanidad. En este dramático contexto, el informe de Greenpeace pretende servir para visibilizar y denunciar cómo muchos proyectos de corporaciones de los más diversos sectores económicos, en ocasiones con la connivencia de las administraciones, ponen en peligro espacios naturales que son vitales para conservar la biodiversidad. Muchos de estos perniciosos proyectos se plantean, además, en espacios que cuentan con figuras de protección de la naturaleza. El texto también quiere servir como una llamada a la acción para paralizar proyectos destructivos concretos a lo largo de todo el territorio.

Aunque España lidera la superficie protegida a nivel europeo, sólo el 8,9 % de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación favorable y es el país europeo con más especies amenazadas: entre un 12 % y un 14 % están en peligro de extinción. Para Greenpeace, los espacios naturales protegidos, así como otros entornos que por sus características ecológicas también deberían estar legalmente preservados, constituyen los pilares de la urgente conservación y reconstrucción de la biodiversidad a nivel estatal y mundial. Sin embargo, hasta la custodia efectiva de estos lugares está a menudo en cuestión, especialmente por el desarrollo de proyectos impulsados por corporaciones de todos los sectores, desde mineras a energéticas, papeleras, turísticas e incluso culturales. 

“Muchas corporaciones, empresas e incluso administraciones públicas entienden el territorio como un simple lugar donde realizar actividades económicas, no siempre compatibles con la sostenibilidad de la vida. Utilizando tácticas como el greenwashing, la fragmentación de proyectos o los estudios de impacto ambiental poco rigurosos, están impulsando proyectos destructivos en espacios naturales de alto valor ecológico, muchos de ellos legalmente protegidos. Sitúan el beneficio empresarial por encima de la naturaleza, despreciando los servicios ecosistémicos que esta nos proporciona y poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Necesitamos parar este tipo de proyectos”, ha declarado Lorea Flores, portavoz de Greenpeace y coordinadora del informe.

El informe identifica una serie de tácticas empleadas por las corporaciones o empresas para que sus proyectos puedan seguir adelante. Estas tácticas se basan en la difusión de información engañosa (greenwashing, promesas de empleo), compra de voluntades (lobby político, contenidos patrocinados, planes sociales, puertas giratorias) y, a menudo, la utilización de estratagemas para poder burlar la ley, como la fragmentación de proyectos en varios o plantearlos en el mismísimo borde de espacios naturales protegidos. Además, para la organización ecologista es inaceptable que muchos de estos proyectos dañinos acaben capturando fondos públicos, como los diseñados para la transición ecológica. 

Greenpeace también pone el ojo sobre la permisividad, negligencia y muchas veces la complicidad de las administraciones públicas para facilitar la implementación de estos proyectos. No en vano, España lidera el triste ranking de países con más procedimientos de infracción abiertos por motivos ambientales por parte de la Comisión Europea. En especial, la organización ecologista denuncia la creciente creación de normas desreguladoras de todo tipo; el uso fraudulento de figuras como las de “interés general”, “utilidad pública” o “proyecto estratégico”, que deberían ser excepcionales pero a menudo se convierten en la norma para facilitar proyectos, y la existencia de muchos “parques de papel”: espacios aparentemente protegidos pero que carecen de planes de gestión efectivos, seguimiento ecológico y recursos para su conservación efectiva. 

“Aragón no constituye una excepción y, al igual que en muchos otros territorios, se plantean proyectos incompatibles con la conservación de la naturaleza y con la lucha global contra la pérdida de biodiversidad. Y sin biodiversidad no tenemos futuro. No tiene ningún sentido que las administraciones –e incluso muchas empresas– nos hablen de transición energética compatible con la biodiversidad y pongan encima de la mesa barbaridades como la del clúster del Maestrazgo; o que nos hablen de turismo sostenible y después planteen destruir una joya del Pirineo como Canal Roya. Es legítimo y deseable que la sociedad civil activa reaccione contra esas indecentes alianzas que se dan con tanta frecuencia entre corporaciones destructivas y administraciones irresponsables. Tenemos que parar esta locura”, concluye Manoel Santos, portavoz de Greenpeace y coordinador del informe.

Doce ejemplos, entre decenas de proyectos destructivos

La masiva movilización de la sociedad civil contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Galicia se ha convertido en un símbolo de las luchas por la defensa del territorio. Al hablar de ‘los otros Altri’, Greenpeace quiere señalar que existen muchos más proyectos que amenazan espacios de alto valor ecológico. De entre todos ellos, la organización ha seleccionado 12 que se exponen con más detalle en fichas, con el objetivo de hacer visibles de forma más clara las tácticas nocivas de las empresas y la dejadez de las administraciones. Estos ejemplos muestran que las agresiones afectan a todo el territorio y llegan desde los más variados sectores económicos, desde el papelero y ganadero hasta el minero, energético, turístico, de las comunicaciones e incluso el cultural.

Los ejemplos detallados en el informe son: el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, el restaurante y glamping en la playa de Bolonia, el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana y el hotel proyectado en la playa de los Genoveses, en Andalucía; el Clúster de renovables en El Maestrazgo y el proyecto de unión de estaciones de esquí en Canal Roya, en Aragón; el proyecto turístico Cuna del Alma en Adeje, en Canarias; la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, en Catalunya; la expansión del Museo Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Euskadi; el proyecto de macrofábrica de celulosa de Altri en A Ulloa, en Galicia, y la ampliación de la macrogranja de Valle de Odieta en Caparroso y el proyecto de mina en el pastizal de Erdiz, en Navarra.

La biodiversidad de Aragón en Peligro: El Maestrazgo y Canal Roya

El Clúster del Maestrazgo, en Teruel, es un polémico proyecto de renovables a gran escala que pretende instalar 125 aerogeneradores distribuidos en 20 parques eólicos, con una potencia instalada de 882 megavatios, en las comarcas de Maestrazgo y Gúdar Javalambre, en Aragón. Las instalaciones afectarían a zonas naturales con gran valor ecológico, incluidas cientos de hectáreas de la Red Natura 2000 y zonas de máxima sensibilidad ambiental donde el mismo MITERD desaconseja la implantación de la energía eólica. Implica además la construcción de líneas eléctricas excesivamente largas que fragmentarían el territorio. Pondría en peligro hasta 23 Hábitats de Interés Comunitario y las más de 150 especies de aves identificadas en la zona, muchas amenazadas y algunas, como el águila perdicera y el quebrantahuesos, incluso en peligro de extinción. La transición energética a un sistema 100 % renovable es imprescindible, junto con la eficiencia y la suficiencia, pero siempre debe hacerse de forma respetuosa con la naturaleza y justa para las comunidades locales.

El proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú en Canal Roya, prevé la construcción de una telecabina de 4,3 km con 37 torres para unir las tres estaciones de esquí en el Pirineo aragonés. También contempla la creación de una carretera de evacuación y dos estaciones intermedias. Este es un ejemplo de cómo muchas actividades económicas son tan lesivas como innecesarias y se priorizan sobre la conservación de la naturaleza. Además, es común que proyectos como este se pretendan financiar con dinero público supuestamente destinado a un inexistente “turismo sostenible”. Como en otros muchos casos, el supuesto “interés general” de este proyecto es más que discutible. Aunque el Gobierno de Aragón parece haber desistido de llevar adelante el proyecto debido a la fuerte oposición social, ambiental y jurídica, podría reactivarse o modificarse con futuras decisiones políticas y administrativas. La zona, incluida en la Red Natura 2000, debería ser urgentemente declarada Parque Natural. 

Demandas de Greenpeace:

1. Eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
   
2. Reforma de la Ley de Información No Financiera, para garantizar que las grandes empresas informen adecuadamente sobre su impacto ambiental.
   
3. Protección efectiva de áreas protegidas, con planes de gestión adecuados, seguimiento ecológico y recursos adecuados para su conservación efectiva.
   
4. Revisión, creación y/o ampliación de las orlas de protección de los espacios protegidos.
   
5. Equilibrio territorial en las áreas protegidas, tanto en porcentaje de superficie protegida como en representatividad de hábitats y eficacia de los planes de gestión.
   
6. Cumplimiento de la normativa de especies amenazadas en lo relativo a los exigibles planes de conservación y restauración de especies.
   
7. Revisión de los abusos en las evaluaciones de impacto ambiental.
   
8. Mayor control sobre los lobbies, puertas giratorias y conflictos de intereses.
   
9. Legislación contra el greenwashing y otras malas prácticas empresariales.
   
10. Resolución de los procedimientos de infracción en materia de medio ambiente de la Unión Europea (UE) hacia el Estado español.
    
11. Apoyo al Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE (2024), que obliga a los Estados miembros a restaurar el 20 % de sus territorios terrestres y marinos para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050.
    
12. Fomento de la participación pública vinculante.
    
13. Transparencia normativa y regulación efectiva con participación ciudadana de las figuras de utilidad pública, interés general, proyecto estratégico, etc., evitando su utilización de forma abusiva.
    
14. Transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones.
    
15. Apoyo al mundo rural y a prácticas agroecológicas.
    
16. Integración de políticas climáticas y de biodiversidad.
    
17. Ratificación y cumplimiento de acuerdos internacionales, como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
    
18. Derogación de la Ley Mordaza, que ha servido para criminalizar y reprimir las protestas ambientales y sociales.

Más información:

• Informe completo Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten.
• Resumen ejecutivo ‘Los otros Altri’ para medios.
• Fichas de los 12 casos en pdf.
• Ficha Clúster del Maestrazgo y unión estaciones de esquí Canal Roya.
• En profundidad: Los otros Altri.
• Fotografías y vídeos de los 12 casos en alta resolución para descargar.