Greenpeace publica el informe ‘Los otros Altri’ para denunciar cómo las corporaciones amenazan espacios naturales de alto valor con la complicidad de las administraciones

Hoy, víspera del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Greenpeace publica un nuevo informe con el título Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten. Los análisis  científicos confirman que a nivel global el ritmo de pérdida de especies y el deterioro de hábitats y ecosistemas, principalmente provocado por la acción humana, no tienen precedentes en la historia de la humanidad. En este dramático contexto, el informe de Greenpeace pretende servir para visibilizar y denunciar cómo muchos proyectos de corporaciones de los más diversos sectores económicos, en ocasiones con la connivencia de las administraciones, ponen en peligro espacios naturales que son vitales para conservar la biodiversidad. Muchos de estos perniciosos proyectos se plantean, además, en espacios que cuentan con figuras de protección de la naturaleza. El texto también quiere servir como una llamada a la acción para paralizar proyectos destructivos concretos a lo largo de todo el territorio.

Aunque España lidera la superficie protegida a nivel europeo, sólo el 8,9 % de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación favorable y es el país europeo con más especies amenazadas: entre un 12 % y un 14 % están en peligro de extinción. Para Greenpeace, los espacios naturales protegidos, así como otros entornos que por sus características ecológicas también deberían estar legalmente preservados, constituyen los pilares de la urgente conservación y reconstrucción de la biodiversidad a nivel estatal y mundial. Sin embargo, hasta la custodia efectiva de estos lugares está a menudo en cuestión, especialmente por el desarrollo de proyectos impulsados por corporaciones de todos los sectores, desde mineras a energéticas, papeleras, turísticas e incluso culturales. 

“Muchas corporaciones, empresas e incluso administraciones públicas entienden el territorio como un simple lugar donde realizar actividades económicas, no siempre compatibles con la sostenibilidad de la vida. Utilizando tácticas como el greenwashing, la fragmentación de proyectos o los estudios de impacto ambiental poco rigurosos, están impulsando proyectos destructivos en espacios naturales de alto valor ecológico, muchos de ellos legalmente protegidos. Sitúan el beneficio empresarial por encima de la naturaleza, despreciando los servicios ecosistémicos que esta nos proporciona y poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Necesitamos parar este tipo de proyectos”, ha declarado Lorea Flores portavoz de Greenpeace y coordinadora del informe.

El informe identifica una serie de tácticas empleadas por las corporaciones o empresas para que sus proyectos puedan seguir adelante. Estas tácticas se basan en la difusión de información engañosa (greenwashing, promesas de empleo), compra de voluntades (lobby político, contenidos patrocinados, planes sociales, puertas giratorias) y, a menudo, la utilización de estratagemas para poder burlar la ley, como la fragmentación de proyectos en varios o plantearlos en el mismísimo borde de espacios naturales protegidos. Además, para la organización ecologista es inaceptable que muchos de estos proyectos dañinos acaben capturando fondos públicos, como los diseñados para la transición ecológica. 

Greenpeace también pone el ojo sobre la permisividad, negligencia y muchas veces la complicidad de las administraciones públicas para facilitar la implementación de estos proyectos. No en vano, España lidera el triste ranking de países con más procedimientos de infracción abiertos por motivos ambientales por parte de la Comisión Europea. En especial, la organización ecologista denuncia la creciente creación de normas desreguladoras de todo tipo; el uso fraudulento de figuras como las de “interés general”, “utilidad pública” o “proyecto estratégico”, que deberían ser excepcionales pero a menudo se convierten en la norma para facilitar proyectos; y la existencia de muchos “parques de papel”: espacios aparentemente protegidos pero que carecen de planes de gestión efectivos, seguimiento ecológico y recursos para su conservación efectiva. 

“Andalucía no constituye una excepción y, al igual que en muchos otros territorios, se plantean proyectos incompatibles con la conservación de la naturaleza y con la lucha global contra la pérdida de biodiversidad. Y sin biodiversidad no tenemos futuro. No tiene ningún sentido que las administraciones –e incluso muchas empresas– nos hablen de lo preocupadas que están con el cambio climático o la pérdida de biodiversidad y después pongan sobre la mesa proyectos como el almacenamiento de Gas en Doñana, la reapertura de la mina de Aznalcóllar, o proyectos turísticos como el Glamping de Bolonia o el Hotel de los Genoveses, que supondrían dar muchos pasos atrás en una lucha en la que nos jugamos la sostenibilidad de la vida. Es legítimo y deseable que la sociedad civil activa reaccione contra esas indecentes alianzas que se dan con tanta frecuencia entre corporaciones destructivas y administraciones irresponsables. Tenemos que parar esta locura”, ha apuntado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Doce ejemplos, entre decenas de proyectos destructivos

La masiva movilización de la sociedad civil contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Galicia se ha convertido en un símbolo de las luchas por la defensa del territorio. Al hablar de ‘los otros Altri’, Greenpeace quiere señalar que existen muchos más proyectos que amenazan espacios de alto valor ecológico. De entre todos ellos, la organización ha seleccionado 12 que se exponen con más detalle en fichas, con el objetivo de hacer visibles de forma más clara las tácticas nocivas de las empresas y la dejadez de las administraciones. Estos ejemplos muestran que las agresiones afectan a todo el territorio y llegan desde los más variados sectores económicos, desde el papelero y ganadero hasta el minero, energético, turístico, de las comunicaciones e incluso el cultural.

Los ejemplos detallados en el informe son: el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla), el restaurante y glamping en la playa de Bolonia (Cádiz), el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) y el hotel proyectado en la playa de los Genoveses (Almería), en Andalucía; el Clúster de renovables en El Maestrazgo y el proyecto de unión de estaciones de esquí en Canal Roya, en Aragón; el proyecto turístico Cuna del Alma en Adeje, en Canarias; la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, en Catalunya; la expansión del Museo Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Euskadi; el proyecto de macrofábrica de celulosa de Altri en A Ulloa, en Galicia, y la ampliación de la macrogranja de Valle de Odieta en Caparroso y el proyecto de mina en el pastizal de Erdiz, en Navarra.

La biodiversidad de Andalucía, en peligro

Proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Se trata de un proyecto de inyección y extracción de gas natural en formaciones geológicas subterráneas para su almacenamiento estratégico y especulativo: almacenamiento de gas en verano, cuando es más barato y hay menos demanda, e inyección al sistema en invierno, cuando hay más demanda y es más caro. Para ello será necesaria la perforación de pozos de 1 km de largo y 200 metros de ancho a unos 1.000 metros de profundidad y a escasos metros del Parque Nacional. Este proyecto parte del concepto erróneo de que almacenar gas contribuye a la seguridad energética de España. El almacenamiento de gas es una apuesta más en infraestructuras de combustibles fósiles, en lugar de poner todos los esfuerzos en invertir en energías renovables y almacenamiento eléctrico en un contexto de crisis climática. Además, el proyecto tendría elevadas afectaciones potenciales sobre la biodiversidad, el equilibrio hídrico del área y los hábitats y especies vulnerables de Doñana, poniendo en peligro uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.

La reapertura de la mina de Aznalcóllar implicará la extracción subterránea de minerales metálicos, procesamiento del mineral extraído y gestión de residuos generados, incluyendo el vertido de aguas residuales, supuestamente tratadas al estuario del Guadalquivir. También incluye la gestión de las aguas almacenadas en las balsas de lodos que se recogieron durante el anterior desastre de la mina de Aznalcóllar, ocurrido en 1998, que el proyecto quiere tratar y verter directamente al río Guadalquivir, lo que significaría verter millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio al estuario del Guadalquivir. Además de que la concesión minera está en los tribunales, se reproducen errores de aquel desastre: una evaluación ambiental insuficiente, una enorme falta de transparencia e información pública y una indignante complicidad administrativa. Los intereses económicos no dudan en atentar incluso contra una de las joyas de la naturaleza europea, afectando no sólo al medioambiente, sino a otros sectores productivos como la agricultura y la pesca. 

El restaurante y glamping en la playa de Bolonia, en Cádiz, abarca un complejo turístico de lujo, un restaurante y una escuela de hostelería junto con otras construcciones, que ocuparán 180 hectáreas. El proyecto es vendido como una iniciativa que busca combinar la alta gastronomía con el “turismo de calidad” y la “sostenibilidad” y se utilizan ciertas medidas de sostenibilidad como un mecanismo para incrementar el valor económico del destino más que con el objetivo de reducir el impacto social y ambiental. Sin embargo, afecta directamente a un Parque Natural y a la Red Natura 2000, en un litoral que ya cuenta con una enorme presión humana. La utilización a conveniencia de conceptos como el de sostenibilidad para justificar socialmente proyectos agresivos con el medio natural es uno de los ejemplos más claros y denunciables de greenwashing.

El hotel en la playa de los Genoveses, en Cabo de Gata, se trata de un proyecto turístico que consiste en “rehabilitar” el cortijo de Las Chiqueras para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, piscina y 70 plazas de aparcamiento. Todo, dentro del  Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, por lo que atentará contra uno de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos del litoral andaluz, afectando a la biodiversidad y sentando un peligroso precedente para futuras construcciones que la misma empresa promotora tiene en fase de proyectos en este y en otros espacios protegidos. Su declaración como proyecto de utilidad pública demuestra que este tipo de figura se utiliza con demasiada frecuencia para actuaciones destinadas al lucro privado que poco tienen que ver con un beneficio para toda la sociedad.

Demandas de Greenpeace:

1. Eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
2. Reforma de la Ley de Información No Financiera, para garantizar que las grandes empresas informen adecuadamente sobre su impacto ambiental.
3. Protección efectiva de áreas protegidas, con planes de gestión adecuados, seguimiento ecológico y recursos adecuados para su conservación efectiva.
4. Revisión, creación y/o ampliación de las orlas de protección de los espacios protegidos.
5. Equilibrio territorial en las áreas protegidas, tanto en porcentaje de superficie protegida como en representatividad de hábitats y eficacia de los planes de gestión.
6. Cumplimiento de la normativa de especies amenazadas en lo relativo a los exigibles planes de conservación y restauración de especies.
7. Revisión de los abusos en las evaluaciones de impacto ambiental.
8. Mayor control sobre los lobbies, puertas giratorias y conflictos de intereses.
9. Legislación contra el greenwashing y otras malas prácticas empresariales.
10. Resolución de los procedimientos de infracción en materia de medio ambiente de la Unión Europea (UE) hacia el Estado español.
11. Apoyo al Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE (2024), que obliga a los Estados miembros a restaurar el 20 % de sus territorios terrestres y marinos para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050.
12. Fomento de la participación pública vinculante.
13. Transparencia normativa y regulación efectiva con participación ciudadana de las figuras de utilidad pública, interés general, proyecto estratégico, etc., evitando su utilización de forma abusiva.
14. Transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones.
15. Apoyo al mundo rural y a prácticas agroecológicas.
16. Integración de políticas climáticas y de biodiversidad.
17. Ratificación y cumplimiento de acuerdos internacionales, como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
18. Derogación de la Ley Mordaza, que ha servido para criminalizar y reprimir las protestas ambientales y sociales.

Más información:

• Fotografías y vídeos de los 12 casos en alta resolución para descargar. 

• Informe completo Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten.

• Resumen ejecutivo ‘Los otros Altri’ para medios.

• Fichas de los 12 casos en pdf.

• Fichas Aznalcóllar, glamping playa de Bolonia, hotel playa Los Genoveses, almacén de gas en Doñana. 

• En profundidad: Los otros Altri.