Greenpeace reclama un plan de acción para una vivienda asequible y sostenible que nos libere de la dependencia del gas

En vísperas de la manifestación estatal de vivienda del 5 de abril, convocada en más de 40 ciudades por el movimiento de vivienda y apoyada por Greenpeace entre otros colectivos, la organización ecologista publica un informe a nivel europeo que analiza la actual crisis de la vivienda en su relación directa con el bienestar social, la pobreza energética y la crisis enerǵetica y climática, y destaca sus  importantes impactos sobre la salud social y del planeta. 

El informe, “Hogares confortables para todas las personas”, señala el problema social que genera el acceso a una vivienda y alerta sobre el impacto de este sector en la crisis energética y climática, fundamentalmente, por el gran consumo de gas (alrededor del 40% de la demanda total en la UE). 

La organización ecologista analiza cómo la reducción de la demanda energética en Europa, mediante medidas de eficiencia e inversiones en los hogares en energías renovables, podría reducir significativamente la dependencia energética europea de otras partes del mundo.  Asimismo, esto contribuiría a combatir la crisis climática y ayudar al bienestar de la sociedad, al garantizar un espacio vital seguro para la salud cuya calefacción y refrigeración sea económicamente asumible. 

“La crisis de la vivienda y la crisis climática no son independientes; se alimentan mutuamente. La especulación provoca que suba desorbitadamente el precio de nuestras casas, al igual que dispara nuestras facturas energéticas por culpa del gas, condenando nuestra salud física, mental y del planeta, por su alto coste y emisiones de efecto invernadero” declara María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, quien añade que “necesitamos abordar ambas crisis conjuntamente, con políticas que protejan a las personas, no a los beneficios multimillonarios de especuladores y contaminadores. Merecemos vivir con mayor justicia social y climática y tenemos las soluciones para ello. Dinero hay pero es cuestión de ambición política para redirigirlo y resolver la rehabilitación masiva que necesitamos y la crisis de accesibilidad”  

El documento también pone de relieve cómo el aumento del precio de la electricidad y del gas en un 50% ha empeorado el problema de la pobreza energética en Europa. Se calcula que más de 50 millones de europeos (el 10,6 % de la población) no pueden calentar sus hogares adecuadamente. En el caso de España el porcentaje dobla la media europea, alcanzando el 20,8 %, lo que equivale a 10 millones de personas. Esto sin tener en cuenta la pobreza energética en verano, que sigue siendo poco conocida a pesar de las elevadas muertes asociadas al calor y la falta de edificios eficientes.

Por otra parte, el coste de la vivienda (alquiler, energía y otros)  constituye el mayor bloque de gasto de los hogares de la UE y representa, por término medio, el 23,7 %  del total. Una cifra que sube hasta el 37,7 % en nuestro país y en un contexto donde el precio de compra de la vivienda en Europa aumentó un 48%. 

Para Greenpeace, la gravedad social y medioambiental de la vivienda, requiere la intervención urgente de la Comisión Europea, que debe liderar la transformación del sector residencial, desarrollando un Plan de Vivienda Asequible para la UE.  Este plan tiene que dar prioridad al ahorro energético, potenciar las energías renovables in situ, como bombas de calor y fotovoltaica en los hogares, y garantizar el abandono del gas fósil en el sector residencial para 2035.

Greenpeace reclama que se garanticen los fondos públicos y privados necesarios sin que ello suponga una carga financiera para los inquilinos y los hogares con bajos ingresos. En el caso español, la inversión pública debe multiplicarse por seis y generar una fiscalidad coherente y favorable a la rehabilitación que movilice el ahorro privado y  garantice el acceso a los fondos de los grupos de rentas bajas.

Estos recursos, a juicio de Greenpeace, se deben conseguir mediante impuestos que graven a los superricos, grandes contaminantes y especuladores para hacerles pagar lo que les corresponde. Según los cálculos de Greenpeace, un impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios europeos podría recaudar hasta 185.000 millones de euros al año a nivel de la Unión Europea. Por tanto, estos impuestos podrían suponer una importante fuente de financiación pública para hacer frente eficazmente a la crisis medioambiental y combatir la injusticia social. Asimismo, hay que garantizar que el dinero público se invierta de forma coherente en beneficio de la ciudadanía y la transición ecológica frente a subvenciones públicas tóxicas que perjudican al planeta y benefician a los grandes accionistas de empresas fósiles. 

Se trataría, en definitiva, de que los países lleven a cabo  reformas fiscales justas y verdes más amplias, progresistas y ambiciosas, y alinear los presupuestos públicos con los objetivos de bienestar, entre los que tener un hogar asequible y verde es uno de los prioritarios.