Greenpeace urge al Gobierno a implantar el Abono Único de Transporte a un precio asequible en 2026

Greenpeace pide al Gobierno que, antes de fin de año, presente un calendario para la puesta en marcha del Abono Único de Transporte en todo el territorio, una herramienta clave para garantizar una movilidad más justa, asequible y sostenible. La organización insiste en que se trata de una medida  beneficiosa tanto para la ciudadanía como para el clima, las administraciones públicas y la economía y que cuenta con un amplio respaldo social, demostrado tanto en la encuesta realizada por Greenpeace en 2024 como en las más de 237.000 firmas que apoyan la iniciativa. 

La organización advierte que, tras años de medidas temporales, se sigue sin contar con un instrumento tarifario estable y estructural que permita garantizar una movilidad sostenible justa, asequible y eficaz en la lucha contra la emergencia climática. La propuesta de Greenpeace de un abono único permitiría viajar en cualquier medio de transporte público (metro, bus, tranvía, tren de cercanías, media y larga distancia) con una sola tarifa plana en todo el territorio. 

Greenpeace considera imprescindible que el Gobierno concrete un calendario de implantación claro y transparente para que el abono esté operativo a principios de 2026, y pide que se garantice su financiación con fondos públicos suficientes y estables, evitando depender de decisiones políticas coyunturales que tengan que ser revisadas cada seis meses. La implantación del Abono Único debe acompañarse de un plan estatal de mejora del servicio que garantice frecuencias adecuadas, mayor fiabilidad, estaciones accesibles, información unificada y estándares mínimos de calidad en todo el territorio.

Greenpeace recuerda que el transporte sigue siendo el principal emisor de gases de efecto invernadero en España, con un 33,3% del total, lo que debería situarlo como un objetivo prioritario en cualquier estrategia de reducción de emisiones. Avanzar hacia un trasvase real del coche al transporte público es imprescindible para cumplir los compromisos climáticos del país, diez años después de la aprobación del Acuerdo de París.

Además, la organización hace hincapié en que destinar grandes cantidades de dinero a aumentar la velocidad punta en corredores, ya bien servidos como el AVE 350 km/h, mientras miles de personas carecen de transporte público decente en su día a día, no resolverá ni la desigualdad en la movilidad ni la emergencia climática. Este enfoque seguirá perpetuando un modelo fragmentado, elitista y poco eficiente, que no resuelve los déficits estructurales del transporte público en buena parte del territorio. En la actualidad, el tren de alta velocidad ya es suficientemente competitivo con el avión, por lo que poner el foco en incrementar la velocidad en corredores ya de por sí competitivos es ignorar las verdaderas prioridades del sistema ferroviario.

“Mientras se dedican millones a un corredor concreto, muchas zonas del país siguen careciendo de un transporte público eficiente, barato y bien conectado. La prioridad debe ser garantizar una movilidad digna y sostenible para todas las personas, no solo reducir en minutos el viaje entre algunas urbes”, ha declarado Cristina Arjona, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

Así pues, en un contexto de subida del coste de la vida es urgente aplicar soluciones que acompañen a las personas a abordar la crisis climática mientras contribuyen a su economía familiar. El Abono Único aliviaría uno de los principales gastos de las familias, personas jóvenes, estudiantes, personas trabajadoras, etc. favoreciendo una movilidad más justa, especialmente para quienes viven lejos de los grandes núcleos urbanos o en zonas mal conectadas. “Urge redirigir la inversión hacia una movilidad que de verdad transforme la vida de la mayoría. La ciudadanía necesita soluciones útiles, accesibles y que estén a la altura de la crisis climática y social que vivimos. El abono único es una de ellas y Greenpeace ya demostró que es viable”, ha señalado Arjona.

La organización denuncia que  el Estado continúa destinando miles de millones de euros a subvenciones directas e indirectas a combustibles fósiles y a ventajas fiscales que favorecen, por ejemplo, a la aviación y el uso del vehículo privado. Reorientar esos fondos hacia una movilidad limpia y colectiva es una cuestión de coherencia política y climática. “El dinero está ahí. Lo que falta es la decisión política de dejar de premiar a los que se están cargando el clima y apostar por soluciones que beneficien a la mayoría”, ha manifestado Cristina Arjona. 

Greenpeace recuerda que el éxito de las bonificaciones temporales aplicadas desde 2022 ha demostrado que cuando el transporte público se hace asequible y fácil de usar, la ciudadanía responde. Es necesaria una política tarifaria estructural en el transporte, que se consolide de forma permanente para toda la población. Asimismo, hay que seguir trabajando para mejorar frecuencias, ampliar redes y garantizar la accesibilidad en todo el territorio, de manera que se sitúe a las personas en el centro, se esté a la altura de la emergencia climática y social y se garantice que moverse sin contaminar sea un derecho y no un privilegio.