Las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) o «demandas mordaza» son un arma jurídica que permite a empresas y corporaciones silenciar y desgastar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, políticas y sociales. Suelen ser una respuesta a actos de participación ciudadana relacionados con asuntos de interés público.

El caso de Energy Transfer contra Greenpeace USA y Greenpeace Internacional

Greenpeace USA y Greenpeace Internacional se han enfrentado en los últimos tiempos a una demanda de 300 millones de dólares presentada por la petrolera Energy Transfer. Se trata del caso más flagrante de acoso jurídico que está sufriendo Greenpeace en sus 50 años de historia.

En esa demanda, Energy Transfer (ET) acusa a Greenpeace de organizar la resistencia de Standing Rock en 2016-2017 contra el oleoducto Dakota Access, una afirmación falsa que pretende silenciar las críticas de Greenpeace a este proyecto. Greenpeace apoyó las protestas de la comunidad indígena, que lograron frenar la obra temporalmente. Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump al poder, el proyecto continuó y ET tomó represalias. Aunque la justicia desestimó la demanda, ET presentó una nueva demanda.

Ahora, un jurado de Dakota del Norte obliga a Greenpeace Internacional y a dos entidades de Greenpeace en Estados Unidos a pagar la desorbitada cantidad de 660 millones de dólares a Energy Transfer por ejercer el derecho a la protesta. Esta empresa es una de las mayores donantes de Donald Trump.

Derecho protesta

Greenpeace Internacional ya presentó una demanda contra ET con el apoyo de la nueva legislación anti-SLAPP en la UE, que proporciona protección legal frente a estas “demandas mordaza”.

«Tenemos abierta una demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica y nos veremos en los tribunales de Amsterdam este próximo mes de julio. No retrocederemos, no nos silenciarán”, ha declarado Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional.

Por su parte, Deepa Padmanabha, asesora jurídica senior de Greenpeace en EE.UU. ha afirmado: «Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda, y por demandas como esta que pretenden destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Greenpeace seguirá  luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todas las personas«.

Se trata de una poderosa herramienta de intimidación contra la defensa del medioambiente y de los derechos sociales.

Lo que está en juego

Si las grandes petroleras consiguen acallar a Greenpeace a través de litigios intimidatorios, no sólo ponen en peligro nuestra organización, sino también la posibilidad de exigir responsabilidades a quienes contaminan.

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derecho a la protesta

©Greenpeace Handout/Pablo Blázquez

Estas demandas mordaza millonarias contra activistas y ONG tienen un objetivo: silenciar la protesta y evitar futuras denuncias. Pretenden generar miedo y autocensura. Si permitimos que las SLAPP se extiendan, denunciar este tipo de proyectos dañinos a través del activismo, la investigación o el periodismo se volverá cada vez más peligroso. Se trata de una poderosa herramienta de intimidación contra la defensa del medioambiente y de los derechos sociales.

El caso de ET no es el único. Otras corporaciones han intentado silenciar a Greenpeace con litigios abusivos: ENI contra Greenpeace Italia, que aún está en curso. Shell contra Greenpeace Reino Unido; TotalEnergies contra Greenpeace Francia, que ha sido desestimado por el juez, que le dio la razón a Greenpeace Francia. Estas grandes victorias demuestran que podemos enfrentarnos a ellas y ganar.

Ayúdanos a plantarles cara.

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1049
SLAPP
en Europa entre 2010-2023.

161
SLAPP
presentadas en 2022.

166
SLAPP
presentadas en 2023.
¿Y qué pasa en España? Las SLAPP y la Ley Mordaza

En los últimos años, los intentos de silenciar el derecho a la protesta y los ataques a la libertad de expresión en todo el mundo han supuesto una auténtica amenaza para la democracia. En España, un reflejo de esta tendencia es la Ley Mordaza, que, bajo el pretexto de la “seguridad ciudadana”, lleva casi una década siendo utilizada para sancionar a activistas y silenciar las calles.

Las SLAPP o “demandas mordaza” no nos son ajenas a las personas y organizaciones que alertamos sobre proyectos dañinos contra el territorio y la naturaleza. En 2022, la Cooperativa Valle de Odieta, promotora de la macrogranja proyectada en Noviercas (Soria), interpuso una demanda contra Luís Ferreirim, responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España, por sus declaraciones públicas alertando sobre los impactos del proyecto.

En 2019, la empresa cárnica Coren demandó al pequeño agricultor ecológico Manuel García por unas declaraciones realizadas en un reportaje de la televisión pública en las que denunciaba la contaminación de una laguna en A Limia (Ourense). ¡Le pedían nada menos que 1 millón de euros por unas declaraciones de unos segundos en los que señalaba un problema medioambiental!

 

En un momento crucial de amenazas a la democracia, la ciencia y el activismo, con el negacionismo campando a sus anchas y Donald Trump empeñado en revertir los pasos dados hasta ahora en la defensa del planeta, Greenpeace USA tiene un papel clave. Las empresas de combustibles fósiles que financian al nuevo presidente lo saben. Petroleras como ET están usando tácticas legales para silenciar a cualquiera que luche por un futuro justo, verde y en paz.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

¡Alerta SLAPP! O cómo identificar una “demanda mordaza”

Estás ante una slapp flag cuando:

#1 La demanda proviene de una empresa o figura con grandes recursos económicos contra una persona activista, periodista u ONG.

#2 Se presentan acusaciones desproporcionadas o sin fundamentos claros.

#3 Se exige una compensación económica excesiva con el objetivo de agotar financieramente a la parte demandada.

#4 No se busca realmente ganar el caso, sino desgastar y generar miedo.

Democracia
Las SLAPP no nos callarán

Las grandes petroleras pueden tener ejércitos de abogados, pero nosotros tenemos algo más poderoso: el apoyo de millones de personas que creen en la justicia climática.

Queremos demostrar a las grandes corporaciones que Greenpeace no cede ante la intimidación. Como organización internacional, llevamos 50 años sin callarnos y luchando contra aquellos que ponen en peligro nuestro planeta. Ahora, más que nunca, necesitamos alzar nuestra voz. Y para eso, tu apoyo es crucial. Únete a la lucha. Protejamos el planeta juntas. Colabora con Greenpeace. Con cada persona que se une a nuestra causa, nuestra voz llega más lejos.

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