España es el país de Europa que más subvenciona a las centrales con energías sucias para mantenerlas aunque no generen electricidad. En los últimos 20 años, han recibido casi 18.000 millones que hemos pagado en la factura de la luz. Saber qué centrales y qué eléctricas reciben estas ayudas es confidencial.

En esa España del despilfarro con aeropuertos fantasma, autopistas sin coches y estaciones vacías de AVE, queremos contar otra historia más. Una fábula de esos tiempos de bonanza y previsiones engordadas que siguen pasando factura. Esta vez, en nuestro recibo de la luz.Pagamos, en la última década, unos 800 millones de sobrecoste cada año en nuestra factura para dar ayudas a centrales eléctricas que no se usan. Son los denominados pagos por capacidad, unas subvenciones concedidas, por un lado, para que esas centrales estén disponibles (generen o no electricidad), y por otro, como incentivo por las inversiones realizadas durante esos tiempos de excesos.

Fue a finales de los 90 con la liberalización del sistema eléctrico, cuando la promesa de un milagro económico español engordaba todas las burbujas y previsiones, entre ellas la energética. Las expectativas de crecimiento de la demanda, alimentadas por las eléctricas, eran tan elevadas como irreales. Estas compañías eléctricas comenzaron a instalar centrales de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello, sobre todo de gas. En 2005 se llegó a construir incluso una cada mes.

¿Qué pasó? Lo mismo que en el cuento de la lechera. No se cumplieron las previsiones y la burbuja eléctrica explotó. La crisis económica precipitó el descenso de la demanda, cuyas previsiones de crecimiento ya estaban infladas. Esto, unido al surgimiento de las energías renovables, dejó tras de sí un reguero de centrales a medio usar o, directamente, casi inútiles. Pero que había que pagar.Las centrales ni por asomo iban a alcanzar los niveles de producción estimados, y así el Gobierno empezó a pagar en 2007 unas ayudas para resarcir las inversiones realizadas (los llamados ‘pagos por nuevas instalaciones’). A estas ayudas, se les añadió otro pago ‘por disponibilidad’ para garantizar el suministro, es decir, se empezó a compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles. Además, se seguía manteniendo el carbón a golpe de subvenciones, como aquellas que incentivaban la compra de carbón nacional (‘Restricciones por Garantía de Suministro o RGS’) o ayudas a las centrales para que contaminasen menos de lo que marca la ley (‘pago por Inversión medioambiental’).

El resultado es que España es el país que más tipos de pagos por capacidad tiene de Europa, el que más subvenciona a las centrales con energías sucias y el primero que empezó a concederlas. Entre 1998 y 2007, el Gobierno ya repartía entre todas las instalaciones un importe mensual (‘Garantía de potencia’) que, en este período, costó cerca de 10.000 millones de euros a la ciudadanía. En total, llevamos ya un acumulado de casi 18.000 millones en los últimos veinte años.
Toda esta partida millonaria la sufragan los consumidores con su recibo de la luz y cada año supone unos 800 millones incluidos en la factura (si calculamos la media de los últimos diez años). Los pagos por capacidad son uno de los costes regulados de la factura, ese abismo críptico entre lo que consumes y lo que pagas.

Un “por si acaso” extra en un contexto de sobrecapacidad

Estas ayudas permanentes a las centrales para que estén disponibles son otorgadas independientemente de si generan o no electricidad. Esto se traduce en que, en la práctica, hay centrales que están totalmente paradas y vierten cero kilovatios a la red.Según datos de Red Eléctrica Española (REE), las centrales de ciclos combinados funcionaron el año pasado el 16,7% de su capacidad total, y las centrales de carbón lo hicieron el 56,9% de las horas posibles. La España de las infraestructuras fantasma también tiene autopistas energéticas por las que no pasa nadie.

Las estimaciones de demanda de ciencia ficción y los permisos descontrolados fueron el cóctel perfecto que generó el sobrecoste, la deuda y la sobrecapacidad. La llegada de las renovables no vino acompañada de una sustitución de las energías sucias, que se sumaban a éstas. Con lo cual, en España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda. La potencia instalada es de más 104.000 megavatios (MW), y solo en determinados días de invierno o verano la demanda supera los 40.000 MW.

Factura más cara y más emisiones

Como siempre, el consumidor paga el pato y el inversor, a diferencia del trato dado a las energías renovables, recupera el dinero. No es de extrañar, por tanto, que tengamos una de las facturas más elevadas de Europa. En agosto de 2018, el precio de la factura de la luz fue incluso uno de los más altos de la historia.
A partir del 2008, España pasó de tener un coste medio de electricidad para consumidores pequeños superior a la media europea.

Pero el ranking que lideramos no acaba aquí. Esta forma de otorgar los pagos por capacidad ha permitido mantener un sistema eléctrico viejo y contaminante. En 2017, las emisiones de CO2 aumentaron en España un 7,4% respecto a 2016 y, si lo comparamos con el resto de países europeos, es el que más ha aumentado sus emisiones desde 1990. Además, lideramos el ranking mundial en el aumento de consumo de carbón el año pasado respecto al anterior. Hemos cambiado el “quien contamina paga”, por el “quien contamina cobra”.

Ránking mundial del aumento de consumo de carbón

Variación en % 2017/16

Bajo la lupa de Europa

La Comisión Europea (CE), en una investigación realizada en 2015, ya cuestionó este tipo de subvenciones al sector eléctrico implantadas en muchos países comunitarios. Hizo especial énfasis en la situación española, por ser uno de los estados miembro con el mayor número de pagos por capacidad y los más cuantiosos.En 2017, la CE incluso abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de ‘inversión medioambiental’. El Gobierno ha otorgado desde 2007 unos 440 millones de euros a las centrales de carbón para que reduzcan su impacto medioambiental y puedan cumplir la ley de emisiones contaminantes.

La CE advierte que podrían ser ilegales porque estas ayudas no están enfocadas a garantizar el suministro sino al cumplimiento de los límites de emisión y, además, falsea la competencia en el mercado de la electricidad al beneficiar una tecnología por encima de otras. A día de hoy se desconoce si las eléctricas que recibieron dichas ayudas las van a devolver.
Centrales que han recibido el pago por inversión medioambiental

Icono Empresa Total
Endesa Endesa Generación S.A. 198.185.421,00 €
Fenosa Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. 77.953.360,00 €
EDP EDP España, S.A.U. 67.611.279,00 €
Viesgo Viesgo Generación, S.L. 52.956.075,00 €
Iberdrola Iberdrola Generación, S.A. 44.810.798,00 €
  Total 441.516.933,00 €

Gracias a este expediente europeo, hemos podido saber qué centrales de carbón y qué empresas eléctricas han recibido estos incentivos medioambientales (uno de los tipos de pagos por capacidad de España). En el resto de pagos, el Gobierno no hace público este dato, ni identifica qué instalaciones perciben las ayudas ni en qué cantidades cada una. Son confidenciales.Greenpeace abrió una investigación en marzo de este año y, tras solicitar información a entidades como la Comisión Europea, Red Eléctrica de España (REE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, seguimos esperando respuestas claras y completas.

En esta investigación, no hemos incluido otro tipo de pago por capacidad, el de ‘interrumpibilidad’, por no ir destinado a las centrales eléctricas, aunque también está incluido en la factura de la luz. Los beneficiarios de estos pagos son las grandes industrias consumidoras de electricidad, que cobran 500 millones al año a cambio de poder pedirles que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro, algo que ha ocurrido en contandísimas ocasiones.Sorprendentemente, la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial.

¿Ahora qué? El momento de actuar

En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó varias medidas con las que legislar la adaptación a la transición energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos. De todos esos paquetes negociados entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, falta por cerrar, de aquí a final de este año, el conocido como “Diseño del mercado eléctrico” que regulará estos pagos por capacidad a partir de 2021. Así que estamos en un momento importante para poner cordura a este despropósito.
El Parlamento Europeo ya votó el pasado febrero limitar estas controvertidas subvenciones a las térmicas de carbón, gas, fuel y nucleares. También se mostró a favor de priorizar las renovables producidas a pequeña escala y facilitar que las personas generen y compartan la electricidad en sus comunidades, de acuerdo a lo establecido en la nueva directiva de energías renovables. De las propuestas de la Comisión Europea, apoyó exigir una evaluación sobre la oferta y la demanda eléctrica en toda la UE.
Una puerta a la esperanza para que las subvenciones a las energías sucias desaparezcan, o al menos que los pagos por capacidad se regulen de manera más estricta y transparente. Debemos caminar hacia un futuro en el que se invierta en nuevas fuentes de energía renovables, en eficiencia energética, en almacenamiento y acumulación o en la gestión de la demanda.

Notas:

Greenpeace comienza una investigación sobre los ‘pagos por capacidad’ en España en marzo de 2018. Realizamos solicitudes de información a los portales de transparencia de la Comisión Europea, la REE, la CNMC, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria. El objetivo: conocer el total de los pagos asignados y qué empresas eléctricas y centrales son las beneficiarias. A día de hoy, no hemos obtenido la información detallada que solicitamos. La CE y la REE nos han facilitado en todo momento la información pública disponible.
En diferentes comunicaciones, nos han indicado que son datos confidenciales. Las cifras que Greenpeace ha ido recopilando se han obtenido de REE y OMIE, analizando muchos pdf con datos ilegibles en un formato que dificulta su análisis. A pesar de ser un dinero que pagamos a través de la factura, existe una falta de transparencia y una traba en el acceso a los datos. Lamentablemente todavía no hemos conseguido acceder a las cantidades anuales segregadas por tipo de instalación y empresa.

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