Frenar el cambio climático exige un cambio en el modelo productivo que concilie los límites económicos y ambientales. Transitar hacia una economía descarbonizada es un gran reto que requiere cambiar el modelo de producción y consumo imperante. Un reto que bien abordado ofrece grandes oportunidades para la competitividad y el empleo.

Los contenidos y las partidas presupuestarias que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado tendrían que ser clave para hacer frente a uno de los grandes retos del país: frenar el cambio climático, sin embargo, los PGE 2019 tan solo muestran tímidos avances con respecto a 2018.

La creación de un ministerio dedicado exclusivamente a la transición ecológica y las políticas y avances anunciados por el Ministerio no han encontrado su reflejo en partidas destacables en los PGE de 2019.

Greenpeace ve con preocupación que de las inversiones reales del Estado (que en los PGE ascienden a 6.231 millones) la prioridad siga siendo para Defensa, cuyo gasto, principalmente en planes de armamento, se cifra en 2.795 millones de euros (el 45% del presupuesto total).

La Oficina de Cambio Climático ha aumentado un 49% su presupuesto con respecto 2018 para dedicarlo a la lucha contra el cambio climático y la transición justa. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente ha perdido peso político y ha visto reducido un 7% el presupuesto de sus programas de actuaciones ambientales al pasar la política forestal y de desarrollo rural a depender del Ministerio de Agricultura.

En materia de transición energética (imprescindible para frenar el cambio climático) ha habido tímidos avances. Los Presupuestos Generales del Estado de 2019, tan solo dedican el 7,1 % del total, (un ligero aumento del 1% con respecto a 2018) de las políticas de gasto de Industria y Energía a fomentar la transición energética, la mayor parte (65,80%) se dedica a cubrir los costes de un sistema eléctrico que no internaliza los costes ambientales y sociales.

El Gobierno, en estos presupuestos sí que se ha apostado por una transición justa hacia un sistema energético 100% renovable destinando 173.4 millones en los programas de desarrollo sostenible e inversión en las comarcas mineras y en la transición justa a través de la Oficina de Cambio Climático (un total de 92.2 millones más que en 2018) lo que hace que este el capítulo de gasto sea el que más se ha incrementado. En el ámbito internacional también se valora el incremento del 25% en la aportación para el Fondo Verde.

La apuesta por la agricultura y ganadería ecológica es también fundamental para frenar el avance del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo el presupuesto que se destina a la misma representa solamente un 2,8% del total del programa del Ministerio dedicado a la industria agroalimentaria y calidad alimentaria.

El análisis de las inversiones de Fomento demuestra un cambio gradual en la política de infraestructuras, incrementando la apuesta por la mejora del ferrocarril convencional y la conservación de carreteras, frente a las políticas anteriores que priorizaron la construcción de nuevas infraestructuras, sin embargo la apuesta por la movilidad eléctrica no ha aumentado su presupuesto.

La fiscalidad ambiental podría suponer un avance considerable en materia de ingresos, pero sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. España está en el furgón de cola de la UE en impuestos verdes. La fiscalidad ambiental se ha reducido respecto al PIB desde 1998, teniendo uno de los porcentajes más bajos de la UE-27, que en 2016 era del 1,86%, muy por debajo de la media europea, situada en el 2,56%.

El principio «quien contamina paga» está prácticamente ausente de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado y en 2019, aunque se ha dado un paso importante con el aumento del impuesto del diésel para igualarlo con el de la gasolina, los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan un 5% de los ingresos del Estado.

En materia de Agenda 2030 y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas las referencias a la misma quedan circunscritas a las partidas presupuestarias ejecutadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Si bien, se valora positivamente el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo afectada a la ejecución de tales fines, estas cantidades son del todo insuficientes, limitando los avances que España debe acometer para cumplir con la Agenda 2030 y la coherencia de sus políticas.

El derecho a la información es un derecho fundamental. Una sociedad que se moviliza es una sociedad informada. Conocer con facilidad en qué se gasta el dinero público es fundamental y para ello es necesaria la transparencia y accesibilidad de los Presupuestos. La información tendría que presentarse de manera armonizada y comparable de un año para otro, de forma que facilite el seguimiento de las partidas y su ejecución. En el caso de la lucha contra el cambio climático sería un buen indicador de la implicación de todos los Ministerios.

Por último la perspectiva de género es otro de los grandes temas pendientes. En 2019, un 50% del total de los programas gestionados por los distintos departamentos ministeriales tienen impacto de género y se incluyen en la Memoria de Género presentada. Esta Memoria indica actuaciones pero carece de indicadores de seguimiento y no incorporan una visión diferenciada del impacto de las actuaciones entre hombres y mujeres y por lo tanto no aborda desigualdades en la materia. Se reconoce el aumento del 20 millones adicionales a los 200 millones que se habían comprometido con el Pacto de Estado contra la violencia de género.