Miedo a la fiscalidad verde

Medidas como igualar el impuesto del diésel a la gasolina suponen un avance pero España sigue a la cola en el uso de medidas fiscales verdes
Nuestro país está en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes. Desde 1998 la fiscalidad ambiental se ha reducido respecto al PIB, teniendo uno de los porcentajes más bajos de la UE-27, que en 2016 era del 1,86%, muy inferior a la media (2,56%). El principio de “quien contamina paga” está prácticamente ausente de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado. La finalidad es recaudatoria o regulatoria y no existen presupuestos finalistas que se destinen a la mejora del medioambiente, a la lucha contra el cambio climático o a favorecer la transición energética justa.
Considerando como impuestos ambientales los impuestos energéticos y los que se aplican sobre la utilización de recursos naturales, en 2019 la recaudación procedente de ellos (7.672,51 millones de euros, 106,15 millones más que en 2018) tan solo representa el 4,9% de los ingresos previstos por el Estado en los PGE 2019, un 0,3% menos que en 2018.

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Fuente: PGE 2019. Sección 98. Ingresos del Estado Descargar gráfico y/o datos
El sol crea una silueta detrás de una turbina eólica en el parque eólico Datang Saihanba en Mongolia

Dentro de este tipo de fiscalidad, los impuestos energéticos son con diferencia los que tienen mayor poder recaudatorio. Entre ellos se encuentra el impuesto sobre el carbón, que espera recaudar 293 millones de euros en 2019 (15 millones menos que en 2018), el impuesto sobre la electricidad con 133 millones de euros 2019 (42,5 millones menos que en 2018) o los nuevos tributos creados con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esto últimos son los impuestos sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, con el que en 2019 se estiman unos ingresos de 290,4 millones de euros (15,2 millones de euros más que en 2018), y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que en 2019 (por su suspensión temporal) se reduce a 710 millones (la mitad de recaudación que en 2018). Este impuesto al igual que el impuesto sobre la electricidad sigue tratando por igual a las diferentes fuentes de energía sin discriminar su impacto.

Considerando como impuestos ambientales los impuestos energéticos y los que se aplican sobre la utilización de recursos naturales, en 2019 tan solo representan el 4,9% de los ingresos previstos por el Estado.

La ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética también estableció el canon hidráulico por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. En 2019 el ingreso esperado por este canon es de 235 millones de euros (15 millones más que en 2018) que, por su carácter finalista, deberían ser destinados a la mejora de las cuencas, aunque el propio Gobierno de Mariano Rajoy reconoció no utilizarlo para este fin.

Uno de los impuestos que se pueden considerar ambientales y está destinado a gravar a quién contamina es el de los gases fluorados de efecto invernadero, un impuesto indirecto que grava la contaminación y por el que en 2019 se estima una recaudación de 110 millones de euros (10 millones más que en 2018). Lamentablemente, ese impuesto ambiental no evita el daño, que solo se lograría con la prohibición de la producción y uso de esos gases, como ya se hizo con sus antecesores que destruían la capa de ozono.

Otro de los impuestos considerados es el de los hidrocarburos, que contempla un impuesto sobre los diferentes tipos de combustibles según su origen (gasolina, diésel, gas, biocombustible, etc.). Aunque el impuesto es energético grava de diferente forma los combustibles según su impacto. En los PGE de 2019 se ha logrado un avance aplicando criterios ambientales al subir la carga impositiva que se aplica al diésel para aproximar a la de la gasolina por su impacto contaminante. El total de los impuestos recaudados por el Estado por este concepto es de 4.801,11 millones de euros (256,25 millones más que en 2018).

El impuesto sobre hidrocarburos también recoge exenciones para desgravar, entre otros el carburante utilizado para ciertos medios de transportes como el ferrocarril y la navegación aérea y marítima que no sea de recreo, privada, así como determinadas actividades como operaciones de dragado de puertos y la producción de electricidad. También contemplan tipos reducidos según según diferentes usos y la devolución parcial por el gasóleo empleado en ganadería y agricultura. Estos beneficios fiscales que se recogen en forma de exenciones, reducciones y devoluciones hicieron que en 2019 las arcas del Estado dejen de percibir 1.091,27 millones de euros (179,27 millones de euros más que en 2018). Estos beneficios fiscales no dejan de ser subvenciones a los combustibles fósiles.

La subasta de los derechos de emisión
El dinero procedente de las subastas de los derechos de emisión se contabiliza en la sección de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. El 90% de estos ingresos se tienen que destinar a financiar parcialmente los costes del sector eléctrico previstos en el artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en especial al fomento de las renovables. Debido al aumento del precio de estos derechos en el mercado. En 2019 se estiman unos ingresos de 1.100 millones de euros (700 millones más que en 2018) de los que 1000 millones se han presupuestado para financiar estos costes y el resto (100 millones de euros) se destinan a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático.

Las subastas de los derechos de emisión se establecieron para reducir las emisiones de CO2 en las instalaciones industriales y centrales eléctricas, creando un sistema en el que fueran más rentables las inversiones verdes que continuar contaminando. Un bajo precio de estos derechos en el mercado hace que estas subastas no sean un instrumento suficiente para internalizar los costes ambientales y sociales de las empresas contaminantes, ya que hace que a las empresas les resulte más barato contaminar que hacer inversiones verdes. La media anual en 2017 del precio de los derechos de emisión fue de 5,83 euros por Tm de CO2 y en 2018 se elevó a 15,88 euros situándose el mes de enero de 2019 en 22,80 euros.

Establecer un precio suelo del CO2, de al menos 30 euros por Tm de CO2, sería clave para que el mecanismo cumpliera su objetivo. La experiencia del Reino Unido muestra cómo esta medida ha resultado decisiva para el abandono del carbón en la generación eléctrica en muy poco tiempo. Además esta subida de ingresos podría ser muy útil para financiar la transición energética.

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