La guerra nos está situando una vez más frente a la vulnerabilidad de un modelo económico que hemos construido basado en la explotación ilimitada de los recursos, la colonización de otros territorios y pueblos, la dependencia de los combustibles fósiles y el riesgo de la energía nuclear. A la emergencia climática que provocan los combustibles fósiles se une un nuevo ángulo de fragilidad y es su contribución a la escalada bélica: el gas, el petróleo y el uranio que importamos son esenciales para financiar la guerra.
Por eso desde Greenpeace demandamos:
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#1
Impulsar la resolución pacífica del conflicto sin recurrir a la escalada armamentística. Construir la paz con políticas basadas en la seguridad humana.
Resulta urgente intensificar los esfuerzos diplomáticos y apoyar las vías de negociación pacífica, incluidas las sanciones, así como frenar la escalada armamentística en la región: es un camino contraproducente para alcanzar la paz, desata todas las violencias previas en un contexto sumamente descontrolado y aumenta las probabilidades de cronificación del conflicto, y con ello el sufrimiento humano.
En el plano doméstico, para contribuir realmente a la seguridad de la mayoría de la población, el Gobierno debe renunciar al incremento del gasto militar anunciado de hasta el 2% del PIB y destinar esa ingente cantidad de recursos a investigación, hospitales, escuelas, políticas de empleo o a garantizar el acceso a una energía limpia y asequible. También es momento de que el Gobierno cumpla sus promesas y se adhiera al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) para contribuir al desarme nuclear mundial.
#2
Acelerar la transición energética para hacer frente a la emergencia climática y no depender de energías que financian la guerra.
Para hacer frente a la emergencia climática, a la dependencia de los combustibles fósiles y al peligro de la energía nuclear, es necesaria una rápida transición hacia un sistema energético eficiente y 100% renovable para antes de 2040, acelerando el despliegue de energía limpia y segura en todos los sectores, con la máxima participación social y protección medioambiental. Es esencial, en especial, impulsar la implantación del autoconsumo (individual, colectivo y de proximidad) y las comunidades energéticas.
#3
Establecer medidas urgentes y efectivas para revertir la imparable subida de los precios de la energía y proteger a la población más vulnerable.
En el corto plazo y como primer paso urgente para dar respuesta inmediata a la escalada de precios, pedimos vincular el precio de la electricidad para las personas vulnerables (PVPC) a la compra de electricidad renovable a largo plazo, más barata que el gas (vía subasta).
Es necesario también crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios (“caídos del cielo”) obtenidos por los grandes grupos energéticos en el mercado mayorista por los altos precios del gas, y financiar con ello medidas orientadas a paliar el aumento de los precios energéticos para las personas más vulnerables.
Las medidas propuestas hasta ahora desde Bruselas siguen siendo parciales, incompletas y no implican la única solución real: reformar el mercado eléctrico y limitar el control de las grandes empresas sobre el sistema eléctrico
#4
Liberarnos de la dependencia actual de los combustibles fósiles en el transporte con medidas urgentes y efectivas.
Es urgente liberar a la ciudadanía de la dependencia del coche, a través de incentivos al teletrabajo y la obligatoriedad de planes de transporte en empresas. Las administraciones deben intensificar la oferta de transporte público (bus, tren, metro) y priorizar su circulación creando carriles exclusivos para tardar menos respecto a ir en coche.
Otras medidas pasan por el fin inmediato de los vuelos de negocios y de corta distancia en la UE, o una reducción en los límites de velocidad en las áreas metropolitanas, lo que contribuye también a mejorar la calidad del aire.
#5
Apostar decididamente por la transición agroecológica, garantizando la soberanía alimentaria y alimentos sanos y sostenibles para todas las personas.
No permitir más explotaciones de ganadería industrial y reducir la cabaña ganadera en intensivo, en un 50% para 2030. La mayoría de la superficie cultivada en España (66%) se destina a producir alimentos para animales, principalmente macrogranjas, no para consumo directo humano. Los cultivos alimentarios se utilizan además para fabricar biodiesel. En este sentido y como medida inmediata pedimos que el Gobierno de España suspenda con carácter inmediato el uso de materias primas basadas en cultivos alimentarios y forrajeros para producir biocombustibles.
El fomento y adopción de la “dieta de salud planetaria” es ahora más urgente que nunca. Alimentos ecológicos, locales y de temporada para todas las personas y muy en particular para las más vulnerables.
#6
Avanzar hacia una reforma fiscal que distribuya la riqueza y contemple una fiscalidad verde y justa que no deje a nadie atrás.
En estos momentos es necesario reforzar más que nunca el valor de lo público y lo comunitario. Las medidas que se adopten para contener los precios no deben centrarse únicamente en la bajada temporal de impuestos.
Para evitar que esta crisis la paguen los de siempre es necesaria la puesta en marcha de una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, sea progresiva e incluya una fiscalidad verde que aplique el principio de quien contamina paga y no deje a nadie atrás.