Aunque el trasvase del Tajo al Segura se creó con la excusa de que en el sureste español no había agua suficiente, la realidad es que con el paso de los años se ha visto que su impacto medioambiental, tanto en la cuenca cedente como en la receptora, ha sido muy negativo y su impacto económico se ha dejado sentir en un grupo muy concreto de empresas agrarias y ganaderas que han sabido acaparar la mayoría de los recursos sin importar demasiado el coste o el impacto de su actividad. Por contra, el coste económico negativo no se ha calculado pero se hará, aunque el coste de destruir un paraíso como el Mar Menor es difícil de calcular.
Además un estudio que realizamos en Greenpeace en 2017 ponía de manifiesto que la cuenca del Segura ocultaba entre 500 y 800 hm3/año de agua, y que podría tener un superávit de 200 hm3/año si se gestionaban correctamente las aguas subterráneas renovables; además de la procedente de desaladora y las aguas desalobradoras y recicladas, un proceso que podría hacerse en tres años hasta alcanzar la independencia del trasvase.
Agua procedente de pozos que rellena balsa de riego en Tobarra. ©Greenpeace/Pablo Blazquez
La situación que se vive actualmente podría considerarse surrealista, si no fuera porque es muy real y tiene una serie de implicaciones tan negativas para algunas personas y para un ecosistema único como el Mar Menor. La comunidad científica coincide en que la llegada continua de agua del trasvase al Campo de Cartagena ha provocado que el nivel freático haya aumentado hasta el punto de que es habitual que el agua brote en determinadas partes bajas porque no se filtra con la suficiente celeridad al mar.
El efecto del exceso del agua por el trasvase se ve en varios puntos por los que el agua que rebosa del riego se canaliza por ramblas como la del Albujón, que se supone debería estar seca salvo en momentos de fuertes lluvias pero que como Greenpeace pudo comprobar hace pocos días vertía agua al Mar Menor como si de un río se tratase. Además también llega la salmuera que se obtiene de desalobrar agua de pozo con alto contenido el sal, como la operación Topillo puso de manifiesto. En definitiva, la laguna recibe exceso de agua salada y cantidades industriales de fertilizantes que lo están literalmente matando con la proliferación de las algas que forman la “sopa verde”.
Exceso de agua con vertidos agrícolas en la rambla del Albujón, Los Alcázares, el pasado mes de mayo. ©Greenpeace/Pedro Armestre
Pero ¿cómo se produce y perpetúa un modelo así? La pregunta encuentra difícil respuesta, pero en Greenpeace hemos analizado este emblemático caso de la mala, malísima, gestión en la Región de Murcia y hemos detectado los principales elementos que participan, desde las empresas hasta las administraciones implicadas y hemos destacado algunos ejemplos para llegar a una radiografía que describe el desarrollo de este fenómeno. En cuanto al trasvase, destaca un ente como el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura), que reparte el agua que llega de Castilla-La Mancha y que ejerce un poder inusual en la región, que es la principal exportadora de productos agrícolas del país, lo que la convierte en un caso paradigmático de “exportación de agua”.
No se trata de demonizar a una región como la de Murcia, porque el modus operandi podría extrapolarse con facilidad a muchas otras zonas del país donde la mala gestión del agua deriva en problemas medioambientales, como en el valle de A Limia en Ourense. En cualquier caso, la realidad en forma de sopa verde salta a la vista y es obvio que algo no funciona. El Mar Menor es la punta de un enorme iceberg que es el destructivo modelo agroindustrial.