La agricultura y la ganadería industriales son las principales responsables de la sobreexplotación y del grave estado de contaminación de nuestras aguas subterráneas y superficiales. En el caso de las aguas superficiales, los vertidos de aguas urbanas e industriales mal depuradas también cobran un peso importante.
La extracción abusiva y la contaminación de las aguas amenazan seriamente el abastecimiento humano (algunos pueblos de España ya no tienen agua potable), la producción de alimentos y la supervivencia de muchos de los ecosistemas peninsulares, así como los pequeños y medianos productores y productoras que quieren hacer las cosas bien. Si la agricultura industrial es la gran responsable de la sobreexplotación de los acuíferos, las causas de la contaminación son diversas y se pueden agrupar en:
Vertidos urbanos
En muchos casos es el principal causante de la pérdida de calidad y degradación del medio hídrico. Todavía existen decenas de municipios y ciudades que no depuran convenientemente sus aguas. El Tribunal de Justicia de la UE ya impuso a España una multa millonaria por este motivo, además de la creciente presencia de microplásticos, fármacos y otros productos químicos de síntesis.
Vertidos industriales
Desde que comenzó el desarrollo de la industria química, se calcula que se han diseminado en el medioambiente unas 100.000 sustancias (1.000 nuevas cada año). El conocimiento sobre su impacto es escaso o nulo por lo que es urgente adoptar el principio de precaución y abandonar el actual modelo centrado en lo que llamamos soluciones de “final de tubería”, que buscan tratar de solucionar los problemas cuando ya están causados en lugar de ir a su raíz y de prevenirlos.
Vertidos agropecuarios
La contaminación difusa que está generando el creciente modelo agropecuario industrial es insostenible debido fundamentalmente al empleo generalizado en el sector agrario de fertilizantes sintéticos y otros productos como los plaguicidas que se filtran en la tierra hasta llegar a los acuíferos de áreas cada vez más extensas del país. A esto se suma el aumento de la macrogranjas (y los desechos del ganado estabulado que contienen elevadas cantidades de contaminantes como los nitratos o el amoniaco). También los antibióticos utilizados en la ganadería industrial, un problema emergente al que no se está prestando atención.
Estamos en un país con tres tercios del territorio amenazado por la desertificación y donde las previsiones de impactos por el cambio climático son de las más preocupantes y severas del continente. Sin embargo, la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío intensivo e industrial totalmente sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo que consume el 84,3% del agua, según los últimos datos del INE (2015). El resto, un 15,7% se lo reparten el abastecimiento humano y los usos industriales.
Desde Greenpeace llevamos años denunciando la falta de transparencia y el desgobierno en torno a los pozos ilegales y la impunidad en el robo del agua. La sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos industriales e intensivos y el descontrolado desarrollo urbanístico ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales en los últimos años.
A través de una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desde Greenpeace solicitamos en 2019 al Gobierno que llevara a cabo una investigación para localizar y situar en un mapa los pozos ilegales existentes en todo el país y que proceda lo antes posible a su clausura.
La inacción ante las denuncias de esta situación constata la impunidad y desgobierno en torno a una cuestión tan relevante para la seguridad ciudadana y para la protección de un recurso fundamental para la vida: el agua. En 2018, realizamos peticiones de información pública a las distintas confederaciones hidrográficas para recopilar información y este fue el resultado.
Los últimos datos públicos son de 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes; esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad. Sin embargo, en 2017, una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que podrían ascender a más de un millón.
La pasividad gubernamental se produce a pesar de que la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad.
¿Quiénes son los principales responsables?
La avaricia y la falta de escrúpulos de las grandes empresas agroganaderas; la inoperancia de los organismos de cuenca (Confederaciones y CC. AA.); los diferentes grupos de presión (comunidades de regantes, organizaciones de agricultores, empresa constructoras, fundaciones creadas ad hoc…) o el papel necesario de las empresas distribuidoras de productos agrícolas y de alimentos, componen la foto de los principales responsables de la pésima gestión del agua que está llevando a España hacia el abismo de la escasez de un bien tan necesario como el agua.
Pero ¿quiénes son los responsables de esta mala gestión del agua?
Gobierno central
Del Gobierno central dependen las confederaciones hidrográficas, en concreto del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, que son quienes gestionan el día a día del agua en España y por tanto, son las grandes responsables de la situación actual.
Las confederaciones son los llamados organismos de cuenca y fueron creadas en el año 1926 por real decreto ley, viniendo definidas en la Ley de Aguas como entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta del Estado, adscritas a efectos administrativos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, como organismos con plena autonomía funcional.
Las confederaciones hidrográficas han funcionado ininterrumpidamente, desde su nacimiento, con un importante papel en la planificación hidrológica, gestión de recursos y aprovechamientos, protección del dominio público hidráulico, concesiones de derechos de uso privativo del agua, control de calidad del agua, proyección y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas, programas de seguridad de presas, bancos de datos del sector, etc.
Las confederaciones hidrográficas son quienes autorizan y controlan el uso final del agua y, obviamente, en las últimas décadas, no siempre han hecho su trabajo correctamente, a la vista del insostenible aumento en algunas regiones del número de hectáreas de regadío (legales o ilegales) y de la contaminación del agua, que en el caso de la originada por los nitratos ya ha obligado a la Comisión Europea a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En rara ocasión se ha sancionado a empresas poderosas por el uso abusivo o incorrecto del agua o su contaminación, ni se ha puesto atención especial a las gestiones de las organizaciones de regantes, que gestionan un bien público como el agua. Sin la dejadez del Gobierno central, que no ha hecho todo lo posible para que el trabajo de las confederaciones fuera mejor, jamás se podría haber llegado a la situación de contaminación y sobreexplotación que viven las aguas subterráneas de nuestro país.
Comunidades Autónomas
Órganos de gestión del agua, consejerías de Medioambiente o Agricultura. No ha habido ningún Gobierno autonómico que se haya puesto firme frente al sector agrícola y ganadero industrial y siempre han actuado en defensa de los intereses de las grandes empresas. Son quienes tienen las competencias para poder poner en marcha las medidas para frenar y revertir la situación.
Oligarquía del campo
Agroindustria, macrogranjas, fondos de inversión… Se trata de grandes empresas agrícolas y ganaderas que tienen tanto poder que podemos hablar de una ‘oligarquía’ del campo que ejerce su fuerza y presión a todos los niveles (administrativo y político) en los que su negocio tiene algo que ver. La industria cárnica es ya el cuarto poder económico en España, solo por detrás del automóvil, del petróleo y combustibles y de la producción y distribución de energía eléctrica. En el caso del agua, se les permite actuaciones que al resto de agricultores les están vedadas (archivo expedientes sancionadores, facilidades administrativas, nulas inspecciones…). Muchas de estas empresas son multinacionales o están controladas por fondos de inversión, que poco o nada tienen que ver con el campo.
Grandes empresas constructoras
Las grandes empresas constructoras siempre pasan desapercibidas cuando hablamos de los problemas relativos al agua, porque parece que no los provocan y, aparentemente, no se benefician de ello, ya que solo construyen infraestructuras y se marchan. Sin embargo, estas empresas se benefician notablemente de este modelo de producción agrícola a base de agua en tuberías y desaladoras, grandes presas, etc., ya que son quienes las construyen y quienes las gestionan.
Grandes empresas distribuidoras
El sector de la gran distribución es, sin lugar a dudas, el último cómplice de la mala gestión del agua. Pueden decidir a qué proveedores comprar y qué productos vender, sin embargo, en su lucha por vender barato, sin importar las consecuencias, empujan a los productores hacia el abismo de la producción insostenible.
Grandes asociaciones y sindicatos de regantes
Agrupan a los regantes con derecho al agua y son un grupo de presión a nivel nacional a través de asociaciones como Fenacore. Los sindicatos de regantes tienen además una peculiaridad y es que son entidades privadas pero que gestionan un bien público, como es el agua, de modo que es su papel repartir a cada cual el agua asignada por la Administración, lo que les confiere un poder extra.
Organizaciones de agricultores y ganaderos
Algunas organizaciones de agricultores y ganaderos, lejos de defender los intereses legítimos de sus asociados y apoyar políticas que garanticen su sobrevivencia (el cambio climático y la falta de agua son dos grandes amenazas para la producción de alimentos en el futuro, lo que hace al sector agrícola una de las principales víctimas de estos fenómenos) defienden, por ejemplo, los intereses de la industria química, que ha vuelto al sector agrícola totalmente dependiente de sus productos.