Exigimos a las Administraciones que legislen para que nadie ponga sus beneficios económicos por encima de las personas y el planeta, ni siquiera en el necesario desarrollo de las energías renovables en suelo.
En concreto pedimos que las siguientes salvaguardas sean de obligatorio cumplimiento, para así no depender de la buena voluntad de las empresas.
Al Gobierno central pedimos:
#1 Aumentar la ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para que, en 2040, se haya reducido la demanda de energía a la mitad y se suministre al 100% con energías renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad.
#2 Priorizar el ahorro de energía, el autoconsumo y la energía distribuida: ni un municipio sin su comunidad energética, ni un tejado sin solarizar.
#3 Derogar la “tramitación ambiental exprés”.
#4 Publicar directrices obligatorias para proteger y, en su caso, mejorar, la biodiversidad local en el despliegue de los proyectos renovables en suelo.
#5 Garantizar la participación ciudadana desde las fases más tempranas de los proyectos renovables, también en los de gran tamaño.
#6 Coordinar con las comunidades autónomas una zonificación ambiental para el despliegue de las renovables en suelo que excluya las zonas protegidas y acelere el desarrollo de renovables en las zonas de baja sensibilidad ambiental (suelos urbanos, industriales, aparcamientos, infraestructuras y zonas degradadas) priorizando especialmente los proyectos más participativos y más respetuosos con la biodiversidad.
#7 Prohibir las actuales malas prácticas empresariales, como la fragmentación de proyectos, desarrollo en áreas protegidas, recortar la participación pública o las expropiaciones innecesarias para plantas más grandes de 50 MW.
#8 Asegurar el acceso a la red eléctrica y priorizar en las subastas a los proyectos renovables ciudadanos y respetuosos con las personas y la biodiversidad.
#9 Transparencia: publicar en un mapa todos los proyectos en tramitación y su información relacionada.
#10 Contratar a más personal en las Administraciones competentes para la tramitación de las renovables y digitalizar los procesos.
A las Administraciones autonómicas pedimos:
#1 Establecer una ordenación territorial de las renovables excluyendo las áreas protegidas para grandes plantas en suelo e incluyendo criterios de participación y reparto justo de los beneficios.
#2 Transparencia: publicar en un mapa todos los proyectos en tramitación y su información relacionada.
#3 Poner un cupo comarcal o autonómico al uso de suelo fértil para uso solo energético (esto no afecta a tecnologías que pueden convivir con los cultivos).
#4 Aumentar el número de técnicos y recursos destinados a la elaboración de las Declaraciones y Evaluaciones de Impacto Ambiental y la tramitación administrativa.
#5 Prohibir las actuales malas prácticas empresariales, como la fragmentación de proyectos, desarrollo en áreas protegidas, recortar la participación pública o las expropiaciones innecesarias para plantas de menos de 50 MW.
#6 Fomentar el uso compartido de suelo entre renovables y agricultura o ganadería, impulsando la transformación también de las prácticas agroalimentarias asociadas hacia sistemas ecológicos.
#7 Realizar procesos de mediación y facilitación del diálogo entre todas las partes involucradas en el despliegue de las renovables en cada comarca.
#8 Poner en marcha políticas claras para el reto demográfico en clave de justicia para acompañar la transición energética.
A las compañías promotoras de energías renovables pedimos:
#1 Que los proyectos presentados sean intachables (impuestos, Declaración de Impacto Ambiental positiva, respeto normativa local…).
#2 Que cada proyecto genere una relación a largo plazo beneficiosa y de colaboración con las comunidades y los ecosistemas que los acogen.
#3 Que aseguren una participación temprana de las comunidades locales con capacidad para influir directamente en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales…).
#4 Que promuevan un uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos (agricultura, pastoreo, apicultura…) o con otras fuentes de energía (hibridación con baterías y otras tecnologías renovables).
#5 Que fomenten el empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas (ensamblaje o reciclado de componentes).
#6 Que posibiliten la reducción de los gastos energéticos de empresas locales o personas vulnerables a través de la instalación de autoconsumo en el municipio.
#7 Que abran a la participación ciudadana la inversión de la planta.
#8 Que eviten la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental ahí donde no está ya prohibido (a excepción del autoconsumo para los consumos locales).
#9 Que eviten la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales).
#10 En última instancia, que actúen bajo criterios de ética empresarial y con responsabilidad social y medioambiental.