Es de vital importancia lograr la protección del 30 % de nuestras aguas nacionales para 2030 y dar cumplimiento a la normativa internacional, en concreto al Convenio de Diversidad Biológica (CDB). En España se ha incrementado la superficie marina protegida en los últimos años, aumentando de un 12 % a un 20,9 % en 2024 tras la declaración de los 7 últimos espacios protegidos en diciembre de 2023 y, en el caso del Mediterráneo, ya se ha logrado ese 30 %, pero solo sobre el papel.
El Gobierno español se ha comprometido a alcanzar un 25 % para 2025 y necesitamos que este hito intermedio también se cumpla. Pero no basta con seguir declarando espacios sin cesar para cumplir con un porcentaje, necesitamos que estos espacios cuenten con unos planes de gestión efectivos que aseguren la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad por la que fueron declarados como prioritarios para su protección, además de poder realizar un seguimiento de su efectividad. En estos momentos hay 96 planes de gestión pendientes de aprobación o actualización y están siendo bloqueados por nuestro ministro Luis Planas y su Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La flota industrial ejerce un gran poder y maneja a la Secretaría General de Pesca como si fuera una marioneta. No podemos permitir que la industria siga saqueando los océanos y poniendo trabas a la hora de proteger los océanos.
Todo esto implica que ese 20,9 % de espacios protegidos no es real, ya que muchos de estos espacios no están gestionados, por lo que son parques de papel, no cuentan con una protección real. Es decir, no tienen un plan de gestión con un objetivo claro que asegure que todos los hábitats y especies estén en un estado de conservación favorable, con medidas que incluyan indicadores que permitan realizar un seguimiento de su efectividad.
Es de vital importancia lograr que un 10 % de la superficie marina esté “altamente protegida”, es decir, una superficie libre de actividades extractivas y cualquier tipo de impacto sobre la biodiversidad al igual que lo son las reservas marinas integrales, para permitir la recuperación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad que albergan. Por ello, apoyamos la iniciativa de la ONG Oceana en la que propone 50 Refugios marinos con protección estricta, ya que es la manera más eficaz de revertir la situación de declive en la que se encuentra nuestro océano y favorecer que la fauna y flora marina prospere.
Asimismo en Greenpeace estamos trabajando en la coalición “30x30Med”, formada por 15 ONGs y en la que hemos elaborado un Acuerdo marino para la protección de un 30 % del Mediterráneo español en 2030. En este grupo de trabajo hemos establecido las directrices para alcanzar un 30 % de protección efectiva en el Mediterráneo español y la hoja de ruta para lograr ese 10 % altamente protegido, con una definición concreta sobre cómo deben ser estos espacios libres de impactos.
El problema de la sobrepesca
España es líder en la Unión Europea en cuanto a capturas de pescado se refiere. Nuestros océanos se encuentran en una situación crítica: el 35 % de los recursos pesqueros mundiales están sobreexplotados.
La flota española cuenta con 8.613 embarcaciones (datos de 2023) y ha sufrido una reducción de 1.258 barcos en los últimos 10 años. El 78 % de la flota, con 6.731 embarcaciones, se corresponde a la modalidad de artes menores, el arrastre representa al 10,2 % de las embarcaciones (876 barcos), el cerco al 6,4 %, (547 barcos), la palangre de fondo 1,2 %, la palangre de superficie 2,2 %, los atuneros cañeros 0,6 % y las artes fijas el 0,6 % (54 barcos).
Existe una distribución desigual de las embarcaciones entre las distintas comunidades autónomas ya que Galicia cuenta con el 49,1 % de la flota española, mientras que Andalucía cuenta con un 16,45 %, Canarias 8,6 %, Cataluña 7,4 %, Comunidad Valenciana 5,9 %, Islas Baleares un 3,6 %, Asturias un 3,0 %, País Vasco 2,3 %, Cantabria 1,5 %, Ceuta 0,1 %, .
La mayor parte de la flota opera en el caladero nacional, con el 95,34 % del total de buques en cuatro zonas de pesca: Cantábrico y Noroeste, Mediterráneo, Golfo de Cádiz y Canarias. El 1,18 % pesca en aguas comunitarias, el 1,27 % en caladeros internacionales y el 2,22 % restante pertenece al censo unificado de palangre de superficie, que faena tanto en aguas españolas como en las de la UE, en las de terceros países y en alta mar.
Si no cambia la situación pesquera actual se producirán los siguientes impactos:
- Disminución crítica de los recursos pesqueros
- Destrucción de hábitats
- Aumento de las emisiones de CO2
- Daños a nivel global (terceros países, aguas internacionales)
- Pérdida de economía local
- Desaparición de algunas artes de pesca tradicionales y marisqueo
- Falta de relevo generacional
- Aumento de la acuicultura y los impactos negativos que genera sobre el medio
- Productos de menor calidad
- Concentración de poder
La clave para revertir esta situación es generar un cambio en el modelo pesquero actual, preservando únicamente las artes de pesca artesanal y el marisqueo, debido a la sostenibilidad de sus artes. Otra de las claves es promover la creación de reservas marinas en aquellos espacios que cuenten con ecosistemas degradados, biodiversidad en declive y/o recursos pesqueros sobreexplotados, ya que las reservas marinas generan un espacio libre de impactos (reserva integral) que permite la recuperación de la biodiversidad, y una zona en la que se permite la actividad pesquera artesanal, por lo que el propio sector es el primer beneficiario de estas reservas marinas de interés pesquero, ya que le proveen de recursos. Cabe destacar la necesidad de reducir el consumo de proteína de origen animal, incluyendo el pescado, pero a la hora de consumir estos productos que sean de artes de pesca sostenible, de proximidad y de temporada, productos de calidad que contribuyen a la economía local y la preservación de la biodiversidad marina.
Además, al apoyar las artes de pesca sostenibles estamos promoviendo una reducción en las emisiones de CO2, ya que las embarcaciones de menor tamaño generan menos emisiones. Se calcula que las emisiones causadas por la pesca de arrastre de fondo equivale a 370 millones de toneladas métricas de CO2. ¡Es más del doble de lo que emite la industria pesquera mundial al quemar combustibles fósiles! Además, aumenta la captación de CO2 al tener unos ecosistemas saludables.
Para todo ello es esencial que haya un reparto justo, es decir, una distribución de las posibilidades de pesca en beneficio de la pesca de bajura y las comunidades locales de pesca, incluyendo criterios sociales y ambientales en el reparto, como el número de trabajadores o la inyección a la economía local, el aumento de la selectividad, o la reducción de impacto sobre el fondo, y así dar cumplimiento al Artículo 17 de la Política Pesquera Común.
Otro de los problemas más graves a los que se enfrenta el sector es la falta de relevo generacional promovido, por un lado, por las condiciones en las que trabajan y la peligrosidad del empleo en sí mismo, por otro lado, por la competencia con la pesca industrial que genera muchos beneficios económicos pero deja los océanos sobreexplotados de forma indiscriminada. Además el aumento de la acuicultura sigue generando una situación de sobreexplotación de los océanos y genera una elevada contaminación por el cambio climático que genera el desplazamiento de las especies que han pescado tradicionalmente a otras zonas y la aparición de especies nuevas en sus aguas. Y, por último, por la situación de contaminación presente en muchas zonas de la costa española que generan daños sobre los recursos pesqueros.
El problema del relevo generacional tiene consecuencias directas sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos, ya que la pesca artesanal es amable con el medio, capturan únicamente los ejemplares que tienen la talla mínima y están en momento de captura, mientras que liberan con vida aquellos individuos que son demasiado pequeños o están en veda. Esto permite hacer una pesca muy medida y responsable, que favorece la recuperación de las especies y los stocks pesqueros. Sin embargo, si la pesca artesanal se acaba esto quiere decir que cada vez habrá más pesca y acuicultura industriales, y estas son prácticas completamente insostenibles que dañan nuestros fondos marinos, la biodiversidad, producen la sobreexplotación de los océanos y generan una elevada contaminación por los compuestos químicos que emplean y las heces producidas por los peces que generan un aumento de la concentración de nitratos, además de elevadas emisiones de CO2. Por ello, es esencial preservar la pesca artesanal y el marisqueo, como fuente de ingresos para muchas personas y como fuente de obtención de alimento de forma responsable y sostenible con el entorno.