España es el país de Europa que más subvenciona a las centrales con energías sucias para mantenerlas aunque no generen electricidad. En los últimos 20 años, han recibido casi 18.000 millones que hemos pagado en la factura de la luz. Saber qué centrales y qué eléctricas reciben estas ayudas es confidencial.
En esa España del despilfarro con aeropuertos fantasma, autopistas sin coches y estaciones vacías de AVE, queremos contar otra historia más. Una fábula de esos tiempos de bonanza y previsiones engordadas que siguen pasando factura. Esta vez, en nuestro recibo de la luz.Pagamos, en la última década, unos 800 millones de sobrecoste cada año en nuestra factura para dar ayudas a centrales eléctricas que no se usan. Son los denominados pagos por capacidad, unas subvenciones concedidas, por un lado, para que esas centrales estén disponibles (generen o no electricidad), y por otro, como incentivo por las inversiones realizadas durante esos tiempos de excesos.
Fue a finales de los 90 con la liberalización del sistema eléctrico, cuando la promesa de un milagro económico español engordaba todas las burbujas y previsiones, entre ellas la energética. Las expectativas de crecimiento de la demanda, alimentadas por las eléctricas, eran tan elevadas como irreales. Estas compañías eléctricas comenzaron a instalar centrales de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello, sobre todo de gas. En 2005 se llegó a construir incluso una cada mes.
¿Qué pasó? Lo mismo que en el cuento de la lechera. No se cumplieron las previsiones y la burbuja eléctrica explotó. La crisis económica precipitó el descenso de la demanda, cuyas previsiones de crecimiento ya estaban infladas. Esto, unido al surgimiento de las energías renovables, dejó tras de sí un reguero de centrales a medio usar o, directamente, casi inútiles. Pero que había que pagar.Las centrales ni por asomo iban a alcanzar los niveles de producción estimados, y así el Gobierno empezó a pagar en 2007 unas ayudas para resarcir las inversiones realizadas (los llamados ‘pagos por nuevas instalaciones’). A estas ayudas, se les añadió otro pago ‘por disponibilidad’ para garantizar el suministro, es decir, se empezó a compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles. Además, se seguía manteniendo el carbón a golpe de subvenciones, como aquellas que incentivaban la compra de carbón nacional (‘Restricciones por Garantía de Suministro o RGS’) o ayudas a las centrales para que contaminasen menos de lo que marca la ley (‘pago por Inversión medioambiental’).
Descargar
El resultado es que España es el país que más tipos de pagos por capacidad tiene de Europa, el que más subvenciona a las centrales con energías sucias y el primero que empezó a concederlas. Entre 1998 y 2007, el Gobierno ya repartía entre todas las instalaciones un importe mensual (‘Garantía de potencia’) que, en este período, costó cerca de 10.000 millones de euros a la ciudadanía. En total, llevamos ya un acumulado de casi 18.000 millones en los últimos veinte años.
Toda esta partida millonaria la sufragan los consumidores con su recibo de la luz y cada año supone unos 800 millones incluidos en la factura (si calculamos la media de los últimos diez años). Los pagos por capacidad son uno de los costes regulados de la factura, ese abismo críptico entre lo que consumes y lo que pagas.
