La Comisión Europea (CE), en una investigación realizada en 2015, ya cuestionó este tipo de subvenciones al sector eléctrico implantadas en muchos países comunitarios. Hizo especial énfasis en la situación española, por ser uno de los estados miembro con el mayor número de pagos por capacidad y los más cuantiosos. En 2017, la CE incluso abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de ‘inversión medioambiental’. El Gobierno ha otorgado desde 2007 unos 440 millones de euros a las centrales de carbón para que reduzcan su impacto medioambiental y puedan cumplir la ley de emisiones contaminantes.
La CE advierte que podrían ser ilegales porque estas ayudas no están enfocadas a garantizar el suministro sino al cumplimiento de los límites de emisión y, además, falsea la competencia en el mercado de la electricidad al beneficiar una tecnología por encima de otras. A día de hoy se desconoce si las eléctricas que recibieron dichas ayudas las van a devolver.
Centrales que han recibido el pago por inversión medioambiental
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Gracias a este expediente europeo, hemos podido saber qué centrales de carbón y qué empresas eléctricas han recibido estos incentivos medioambientales (uno de los tipos de pagos por capacidad de España). En el resto de pagos, el Gobierno no hace público este dato, ni identifica qué instalaciones perciben las ayudas ni en qué cantidades cada una. Son confidenciales. Greenpeace abrió una investigación en marzo de este año y, tras solicitar información a entidades como la Comisión Europea, Red Eléctrica de España (REE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, seguimos esperando respuestas claras y completas.
En esta investigación, no hemos incluido otro tipo de pago por capacidad, el de ‘interrumpibilidad’, por no ir destinado a las centrales eléctricas, aunque también está incluido en la factura de la luz. Los beneficiarios de estos pagos son las grandes industrias consumidoras de electricidad, que cobran 500 millones al año a cambio de poder pedirles que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro, algo que ha ocurrido en contandísimas ocasiones.Sorprendentemente, la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial.
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