En la maraña del crimen del agua, hay otros sectores necesarios para que la trama funcione y que pasan desapercibidos. Hablamos de las empresas de trabajo temporal (ETT), las constructoras y el sector de la distribución.
Las ETT son clave, porque sin mano de obra barata no se mueve la máquina agrícola murciana (ni la del resto del país). Con sueldos bajos cada vez son menos las personas que quieren trabajar en el sector. En la Región de Murcia es donde más contratos laborales con ETT se firman (507.000) de toda España, solo por detrás de Cataluña y el sector primario es el segundo, después de la industria manufacturera, que más contratos de trabajo temporal suscribe.
Es por eso que las empresas de trabajo temporal juegan un papel fundamental en el sector agrario industrial que demanda personas que trabajen duro por sueldos bajos, lo que hace que en muchas ocasiones también facilite la llegada de trabajadores y trabajadoras. En este contexto, algunas empresas del sector han sido objeto de investigación por las supuestas malas condiciones laborales sufridas por temporeras, como en el caso de trabajadoras marroquíes, así como por otros escándalos por algunas artimañas para ganar dinero rápido a costa del trabajo de otras personas.
Hormigón y pa´ la saca
Por su parte, las grandes empresas constructoras siempre pasan desapercibidas cuando hablamos de los problemas relativos al agua, porque aparentemente solo construyen infraestructuras y se marchan. Sin embargo, estas empresas se benefician notablemente de este modelo de producción agrícola a base de agua en tuberías y desaladoras, ya que son quienes las construyen y quienes las gestionan.
Uno de los casos más sonados fue el de la desaladora de Escombreras en Cartagena. Según destapó la Policía Nacional, diferentes cargos del Gobierno del expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, participaron en una trama para que la constructora ACS se hiciera con el contrato de la desaladora sin asumir ningún riesgo en la operación y con unos beneficios de unos 600 millones de euros, como se publicó en varios medios de forma rigurosa.
El «yo no sé nada» de la gran distribución
Y finalmente, no nos podemos olvidar del sector de la distribución, ya que tiene la última palabra para impedir ser cómplice de la mala gestión del agua para producir productos agrícolas o ganaderos. Pueden decidir a qué proveedores comprar y qué productos vender. En este sentido, a finales de noviembre de 2021 se supo que la cadena de distribución alemana Aldi había pedido explicaciones a unos 80 de sus proveedores de la zona del Campo de Cartagena a raíz de un reportaje realizado por la cadena de radiotelevisión pública alemana (WDR), que se hacía eco de la contaminación que sufría el Mar Menor por la actividad agrícola destapada por el Caso Topillo. Un aviso a navegantes.
En este sentido, la ONG WWF envió en 2021 información a los principales supermercados europeos sobre el impacto de la agricultura industrial en el Campo de Cartagena y les pidió que analizaran si sus proveedores de verduras y frutas en la zona operaban de forma respetuosa con el medioambiente.
Si quieres ampliar información, lee el informe completo «El crimen del agua. ¿Quién está detrás de desastres como el del Mar Menor?»
METODOLOGÍA DE ESTA INVESTIGACIÓN
Además, hemos contado como base con la información de los numerosos informes de Greenpeace y otras organizaciones realizados sobre la cuenca del Segura en particular y la gestión del agua en general.
También hemos recurrido a fuentes periodísticas como informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación sobre los temas tratados.
Finalmente hemos contado con los testimonios de personas conocedoras de la situación de la cuenca. Algunos de ellos están disponibles en la página web de la organización y otros han sido realizados off the record, lamentablemente, debido al temor a posibles represalias. Agradecemos a todos ellos su colaboración con Greenpeace y con el esclarecimiento de los entresijos de la gestión del agua en la cuenca del Segura.