Con la entrada en la Unión Europea y la influencia de la PAC, la agricultura y la ganadería pasaron de basarse en precios garantizados a un sistema de ayudas a las rentas de los agricultores. Estos incentivos, que eran y continúan siendo repartidos de manera proporcional al tamaño físico de las explotaciones, dibujaron: una enorme reducción del número de explotaciones según el Censo Agrario de 2009 (suponían el 53,8% respecto a 1982), el práctico estancamiento de la Superficie Agrícola Utilizada (crece el 1%), el fuerte aumento de las Unidades Ganaderas (52,7%) y la enorme reducción del volumen de trabajo generado (52,3% con relación a 1982). Esa tendencia se consolida en el censo agrario de 2020. Las producciones familiares de pequeña escala van desapareciendo y siendo sustituidas por un manejo empresarial a mayor escala, con importantes repercusiones en la sociedad y la economía rurales, el paisaje y el medio ambiente.
Por otro lado, las subvenciones a la exportación de productos redujeron artificialmente los precios, inundando el mercado mundial, sin tener en cuenta el efecto que esto tendría para los pequeños productores de los países importadores. Así pues, como el tamaño de las explotaciones varía mucho dentro de la UE, la distribución de los pagos sería muy desigual. En el conjunto de la UE, el 80% de estos pagos se destinará a solo el 20% de las explotaciones. Esto da una idea de la concentración de ayudas en pocas manos.
El sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) representó el 2,7% del PIB del estado español en 2021, alcanzando los 32.875 millones de euros. Confirma una tendencia creciente, incluso en sequía, desde 2012. En 2021, España fue el cuarto país exportador de mercancías agroalimentarias y pesqueras de la UE27 con 60.118 M€. Cifra muy por encima de los 35,9 que exportaba en 2012.
La distribución de estos beneficios, está poniendo en peligro la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Con mayor frecuencia nos encontramos con sociedades mercantiles, sociedades de inversión que están muy alejadas de ser familiares, que buscan la maximización de beneficios económicos, que no tienen arraigo territorial y que poco les importa los efectos sociales o ambientales que tienen sus explotaciones.
A esto hay que sumar otros factores: el incremento de costes de producción, la baja rentabilidad frente a grandes explotaciones, la falta de relevo generacional y la progresiva masculinización del campo.
La progresiva concentración de superficie cultivada en explotaciones de mayor tamaño, ha incrementado exponencialmente el número de personas asalariadas, llegando a ser del 37% según el censo agrario de 2020, ya sean los llamados jornaleros/as, indefinidos o no, o los trabajadores/as temporeros/as. Esta mano de obra, con un alto grado de población migrante, ha sido y es, además, víctima de vulneración de derechos laborales y sociales.
El medio rural no es, ni puede ser, un recuerdo del pasado porque de él depende, sin discusión, nuestro presente y futuro. Es quien nos alimenta y nos puede proteger de los peores impactos de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad.