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09-12-2019

Las heridas del carbón

El carbón que importa España supone violaciones de derechos humanos. A continuación lo documentamos en las comunidades que habitan en zonas de extracción de carbón, recogemos testimonios de personas afectadas y denunciamos la dejación de responsabilidades de las empresas españolas que lo importan.

Este informe se ha realizado en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Hace ya una década que, por normativa europea, comenzó a regularse el cierre de las minas de carbón en España. Para garantizar un cierre justo, progresivo y ordenado, se otorgaron miles de millones de euros en subvenciones a la minería. La condición era que las minas estuvieran cerradas a 31 de diciembre de 2018 y así fue. Sin embargo, las centrales térmicas aún continúan funcionando: en 2018, el 14,1% de la producción eléctrica en España se produjo con la combustión de carbón, que en la actualidad procede principalmente de importaciones de Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica.

En estos países el carbón se extrae con altos costes para la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de sus habitantes. La represión, la persecución, las amenazas y la violencia contra las comunidades acompañan la extracción de carbón.

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Un modelo que se repite en estos lugares, que se han convertido en los principales abastecedores de carbón del mundo, de Europa y de España y que convierte en cómplices a las empresas exportadoras, a las propietarias de las térmicas y a las empresas energéticas productoras de energía que no sólo es sucia y responsable de cambio climático, por los gases de efectos inver-nadero y otros contaminantes, sino que además viola los derechos humanos.

La producción de electricidad a partir del carbón contribuyó en 2018 con casi 40 millones de toneladas de CO2 en España. Las tres centrales que más emisiones de CO2 generaron en dicho año fueron las de As Pontes (7.936.709 toneladas) y Litoral (6.268.515), de Endesa, y la de Aboño (7.075.973 toneladas), propiedad de EDP. Estas tres centrales se encuentran entre las 30 instalaciones productoras de electricidad más contaminantes de Europa.

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Pese a que España ya está inmersa en la transición energética, el Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no descarta la posibilidad de que se mantengan algunas centrales térmicas de carbón más allá de 2030, ya que en el escenario previsto se contempla una potencia instalada de 1.300 MW para el carbón. El PNIEC asume que la contribución del carbón al sistema eléctrico disminuya su cuota para 2030, con una intervención mínima de las autoridades, salvo que existan riesgos de alcanzar los obje-tivos de descarbonización. Esto significa que el origen del carbón no es motivo de vigilancia alguna por parte de las autoridades y serán los mercados los que lo regulen

El 28 de julio de 2017, el Consejo de Ministros de España aprobó el Plan de Acción Nacional (PAN) de Empresas y Derechos Humanos que implementa los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Según estos Principios Rectores las empresas tienen que evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.

Esto no está pasando. El presente informe, publicado por Greenpeace en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos recolecta, examina y evidencia los conflictos sociales y ambientales generados en las cadenas de suministro de carbón de las empresas de energía propietarias de las centrales térmicas de España. El informe se centra en cuatro de los principales exportadores de carbón en el mundo: Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.

La primera evidencia del informe es la falta de transparencia de las empresas de energía de España sobre sus cadenas de suministro de carbón, lo que facilita a estas a empresas no responder de manera efectiva de los impactos sociales y ambientales causados por sus proveedores y empresas subcontratadas. De esta forma no se responsabilizan de las vulneraciones de derechos humanos y daños ambientales causados en sus cadenas de suministro.