Recomendaciones alternativas, justas y sostenibles para las empresas y gobiernos de los países donde se extrae el carbón
👉 Establecer un marco normativo que incluya estándares y obligaciones en temas de transparencia y acceso a la información; buen uso, conservación y restauración de los recursos naturales; reparación de las comunidades afectadas por la actividad minera; cumplimento de los instru-mentos convencionales de derechos humanos y de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, incluyendo la diligencia debida tanto para actores privados como estatales en toda la cadena de suministro de carbón exportado de estos países hacia el resto del mundo.
👉 Proteger, asegurar y promover el goce efectivo de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las comunidades que sufren los impactos negativos del negocio del carbón causa-dos por las empresas y Gobiernos de los países productores.
👉 Las empresas deben cumplir con los estándares de respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos a una vida digna, a un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la soberanía alimentaria, al agua y al territorio, entre otros. Ello no es una responsabilidad voluntaria (o parte de los esquemas de Responsabilidad Social Corporativa), sino que es una obligación que afecta a todo aquel que vulnere derechos, y es su deber compensar y reparar a las personas y comunidades afectadas.
👉 Establecer mecanismos efectivos de reparación de abusos de derechos humanos cometidos por las empresas que extraen y queman carbón, que respondan a las necesidades y las voces de las comunidades concernidas, desde una perspectiva de reparación integral a las personas y comunidades afectadas y que proporcionen garantías para que no se repitan estos daños, con enfoques diferenciales de género, etnicidad, edad y condición migratoria, respetando el principio y derecho fundamental a las consultas populares y al consentimiento previo, libre e informado.
👉 Promover e implementar un nuevo modelo energético 100% renovable y democrático, que no viole los derechos humanos y respete los principios de justicia social y ambiental. Es decir, un modelo que nos beneficie a todas las personas y al medio ambiente, donde no existan “zonas de sacrificio” en ningún rincón del planeta, mediante la producción y gestión local de energías, frenando así el grave deterioro paulatino de los recursos na-turales (agua, aire, bosques, biodiversidad, etc.).
👉 Establecer controles efectivos y sistemáticos de los niveles de contaminación ambiental en todas las áreas de las operaciones mineras de carbón. Los Gobiernos deben asegurarse de supervisar que las empresas mineras cumplan con los niveles de contaminación permitidos.
👉 Acelerar y facilitar los procesos de rendición de cuentas y compromisos de prevención, mitigación y reparación de abusos de derechos humanos por parte de las empresas mineras en sus países de origen, y en los países que, de manera directa o indirecta, apoyen, promuevan o se vean afectados por los múltiples impactos negativos que rodean la industria de la minería de carbón y que entorpecen la transición energética renovable, democrática y justa.
👉 Establecer una visión con enfoque de género y étnica que permita evaluar las posibles soluciones para hacer frente a las problemáticas en torno a la minería de carbón desde una visión feminista, puesto que las mujeres suelen sufrir de manera diferenciada los impactos de esta actividad. Se debe combatir su invisibilización en los procesos de negociación sobre asuntos de tierras y de compensaciones, reconocer su rol como piedra angular para el mantenimiento de los teji-dos sociales y garantizar su protección tanto física como psicológica de las dinámicas sociales que perpetúan los abusos de las mujeres.
👉 Adoptar políticas que garanticen la supervivencia económica de trabajadores y comunidades durante los procesos de transición, por medio de programas que permitan su inde-pendencia como individuos y la recuperación de sus medios de vida o su adaptación a otras formas de relación económica.
Recomendaciones para el Gobierno de España
👉 Fijar una fecha en un instrumento vinculante para eliminar el carbón del sistema eléctrico nacional a más tardar en 2025 y establecer el año 2040 como límite para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero y un modelo energético 100 % renovable justo y democrático.
👉 Garantizar, agilizar y otorgar la autorización de cierre para junio de 2020 de las centrales térmicas de carbón que no han realizado las inversiones necesarias para adaptar sus instalaciones a la normativa europea y de aquellas que soliciten el cierre a pesar de haber realizado dichas inversiones.
👉 Asegurar que el cierre de las centrales térmicas de carbón se realice en el marco de una transición energética justa, equitativa y que incluya una perspectiva de género.
👉 Vigilar y supervisar que las centrales térmicas de carbón que operan más allá del 2020 cumplan con los límites de emisiones establecidos por la normativa europea, sin excepciones.
👉 Promover e implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en las actividades y cadenas de suministro de las empresas propietarias de las centrales térmicas que operen más allá del 2020.
👉 Establecer mecanismos efectivos para asegurar el deber de vigilancia y control de los Estados, que obliguen a las empresas a implementar procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos, con el fin de identificar, pre-venir y mitigar los riesgos e impactos de violaciones de los derechos humanos y daños ambientales.
👉 Fortalecer los regímenes de divulgación deinformación no financiera a través de mecanismos de supervisión y verificación y sanciones efectivas en caso de que las empresas incumplan sus obligaciones o que la información que propor-cionan sea insuficiente.
Recomendaciones a las empresas de energía
👉 Asumir compromisos públicos de respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente de conformidad con los estándares globales en materia de empresas, derechos humanos y medio ambiente.
👉 Implementar de manera efectiva y en colaboración con los grupos de interés procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los efectos adversos causados por sus actividades, incluidos los de las cadenas de sumi-nistro de carbón.
👉 Utilizar su capacidad de influencia para prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contribuir a una transición energética que sea democrática, justa, 100 % renovable y que incluya la perspectiva de género.
👉 Incluir de manera integral y exhaustiva cuestiones sobre derechos humanos en los estados de información no financiera.
👉 Mejorar la transparencia e identificación de riesgos e impactos negativos de la cadena de suministro de carbón.