Como si de mundos paralelos se tratara, de una punta a otra del planeta los problemas se repiten. Alejandro Parellada, experto en Derechos Territoriales y Gobiernos Indígenas Autónomos del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), subraya una de las claves de cómo se introducen las minas en las comunidades donde extraen el carbón: “En general las inversio-nes de minería se hacen sin el consentimiento de la gente y este es el punto crítico; cómo se insertan este tipo de actividades sin informar a la gente. La falta de una consulta apropiada de buena fe sobre las licencias sobre este tipo de actividades económicas en la que no se toma en cuenta los intereses de las comunidades locales. Más bien ocurre lo contrario. Bajo el discurso del desarrollo económico del país, la gente local rara vez se be-neficia más allá de algún favor personal para algún dirigente que firme ciertas cosas. En cambio, sí generan daños ambientales y violencia”.
Esa promesa de desarrollo es la que manda en las provincias colombianas de La Guajira y Cesar donde los impactos sociales de la minería se han mezclado con la compleja y traumática historia de violencia reciente de Colombia. Pero sobre todas las cosas se impone la gran demanda internacional de carbón que ha impactado de manera estructural en la economía y las dinámicas de las comunidades locales, con repercusiones políti-cas, sociales y ambientales.
El caso más significativo de las explotaciones de Colombia es el de la minera Cerrejón (parte de Anglo American, BHP Billiton y Glencore), la em-presa de carbón en La Guajira que extrae 108.000 toneladas de carbón al día para exportación
© IWGIA
“En la Guajira está la mina abierta más grande del mundo, allí está la comunidad Wuayú que se está viendo exterminada por la mina de Cerrejón que ocupa 250.000 hectáreas y ha desplazado a más de 20.000 personas en todo el territorio guajiro. Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras que la gente se está muriendo de sed”, explica Diego Alejandro Rojas Fonseca del colectivo socio am-biental de Arbelaez. “Este carbón que se extrae aquí llega a Europa, yo lo he visto llegar a Gijón. Unos cinco mil niños han muerto de desnutrición y se han perdido las explotaciones y las vocaciones agrícolas. Además el tren ha fraccionado el territorio”, asegura.
En La Guajira, además de las inversiones de mi-nería, “se crearon una serie de intervenciones que igualmente hacen sin la consulta del pueblo indígena, como la vía férrea desviaciones del río”, explica Parellada.
Como señala el informe Carbón y Derechos Humanos con Cerrejón llegaron la expropiación de tierras, la contaminación del aire, la pérdida de uso del suelo para la agricultura y la ganadería, el control de fuentes hídricas y su contaminación, que han afectado principalmente al pueblo indígena wayú —caracterizado por ser matrilineal, lo que lleva a que las mujeres jueguen un papel central dentro de estas comunidades—, así como a comunidades negras o afrocolombianas.
Foto: María Cristina Figueroa Bouriyu
María Cristina Figueroa Bouriyu, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia, es una de las residentes del resguardo indígena wayú de Provincial. “Aquí en en el sur de La Guajira no se veía desnutrición, porque tenemos agua, a diferencia de la alta Guajira, pero, con todo, la que tenemos está sucia. Nuestro resguardo está separado de la mina por el río Ranchería”.
A este río hace tiempo que no bajan a pescar como hacían antes porque se repite el daño de la minería: el río baja sucio. “Somos 700 habitantes en Provincial, ni las tierras ni el suelo son productivos, antes se pescaba en río y había una conexión con éste; ahora ya no va nadie allí, porque está sucio, contaminado y no hay peces. Antes se podía sembrar yuca y maíz y no había que comprarlo, ahora somos consumidores y no producimos. Pero no hay empleo”, señala Figueroa.
“A diario vemos y sentimos de dos a tres voladuras diarias, nuestras casas se tambalean y los residuos caen directamente al río, por lo que el agua no es apta para el consumo humano, pero nos toca consumirla porque es la única que hay y no está tratada, la tomamos de la misma forma que sale del río. Esto provoca enfermedades cutáneas, visuales y auditivas. Tanto personas como animales vienen con deformidades físicas como niños con labios liporinos y malformaciones genéticas. Por su parte los animales están sufriendo demasiados abortos por la contaminación y el ambiente tóxico que vivimos 24 horas al día”, asegura esta líder wayú.
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Los impactos en el medio ambiente y en las comunidades locales que ha tenido Cerrejón se centran, principalmente, en la escasez de agua (incluyendo el desvío de dos arroyos principales y la extinción de diecisiete más), relacionada, además, con la construcción de una represa en el principal río de la región, el Ranchería; asimismo, la empresa minera ha sido denunciada por varias comunidades wayú y por organizaciones de la sociedad civil, por la contaminación de afluentes y suelos con polvillo de carbón y material residual.
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Los desplazamientos forzados también forman parte de la lista de problemas que Cerrejón trajo consigo, pues mediante la compra de fincas a bajo costo se realizó la apropiación de tierras campesinas, de afrodescendientes e indígenas. Sin embargo, estos no fueron los únicos problemas; los desalojos violentos de comunidades indígenas y afrocolombianas, obligadas a reubicarse, a manos de la seguridad privada de la empresa y la fuerza pública (policía, ejército y es-cuadrón móvil antidisturbios, ESMAD) dejaron en evidencia que los intereses económicos son prioridad para el Estado, por delante de la protección y garantía de los derechos humanos. Desde el año 2000 Cerrejón ha expropiado y desplazado, con el consentimiento del Gobierno nacional y la fuerza pública, a las siguientes comunidades: Tabaco, Manantial, Oreganal, El Descanso, Sarahíta, Espinal, Caracolí, La Horqueta, Roche y Las Casitas; solo se han construido reasentamientos para cinco comunidades en total.
La sociedad civil en estas regiones es muy activa, pero la represión sobre los líderes sociales en Colombia es extrema. Solo en 2019 de enero a septiembre habían muerto 155 líderes sociales según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz. Uno de ellos en La Guajira.
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“Yo he tenido varias amenazas, en 2013 me vinieron a buscar a casa, mis perras me aler-taron y pude esconderme. Me esperaron toda la noche y mataron a mis perras antes de irse. Recurrentemente me amenazan, me tiran piedras sobre la casa porque quieren que me vaya del territorio”, cuenta Figueroa. Durante un tiempo ha tenido asignado un guardaespaldas pero solo durante el día, al tiempo de hablar con ella recibió la notificación de que se le retiraba.
Las aspiraciones económicas de Colombia entran en colisión con los deseos de esta comunidad. “No tenemos garantía de mantenernos ni culturalmente, hay una cultura racista contra nosotros. El Estado deslegitima nuestras formas tradicionales de poder mantener los wauyú nuestra supervivencia física y cultural. Si no se hace un cambio de volver a lo nuestro sin tener que trabajar para generar un recurso, volver a ser autosuficientes y no dependientes de un modelo extractivista, mientras no haya este cambio, el avance es muy poco”, concluye.