En lugares remotos de Indonesia, Rusia, Colombia y Sudáfrica hay personas que pagan un precio muy alto por la energía contaminante que se genera en centrales térmicas de carbón de España y Europa.
Las empresas mineras se instalan en su territorio, desplazan a los habitantes de sus viviendas, contaminan el entorno y acaban con el agua que emplean en limpiar el carbón. Provocan explosiones, para extraer el mineral, que hacen temblar su casas y esparcen polvo por el aire que respiran.
Siguiendo un esquema prácticamente idéntico, en estos los países las empresas extractivas disfrutan del apoyo de las autoridades que se amparan en el mantra del desarrollo económico del país. Pero el desarrollo no se produce, no en las comunidades donde se instalan, allí las promesas de las mineras se convierten en múltiples problemas para la vida de los habitantes y cuando las víctimas de los atropellos de la mineras protestan se encuentran con la criminalización, la persecución y las amenazas.
Esta secuencia es la que sigue la vida de Yana Tannagasheva, perteneciente al pueblo indígena shor de Siberia. Uno de los grupos étnicos minoritarios de Rusia que está asentado en la región de Kemerovo, al sur de Siberia. Un grupo étnico que apenas supera la docena de miles de personas.
“Los shor tradicionalmente practican el chamanismo, y nuestra profunda conexión espiritual con los territorios ancestrales se expresa en las ceremonias de adoración a los espíritus de sus bosques y montañas. Nuestras actividades económicas tradicionales incluyen la cría de ganado, la caza, la pesca, la recolección de plantas silvestres y la jardinería como los principales proveedores de productos alimenticios”, explica Tannagasheva.
La mina de carbón crece hacia la ciudad de Kiseliovsk hasta meterse dentro.
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Su familia vivía en la localidad de Kazas en la región de Kemerovo, en la cuenca minera de Kuzbass una de las reservas del mineral más grandes del mundo. “Kazas es mi pueblo ancestral, mis abuelos vivieron aquí, mi padre, sus hermanos y hermanas nacieron y se criaron aquí. Nuestro pueblo está ubicado junto al río Mrassu, que fue afectado por la minería del carbón. Hasta principios de la década de 1970, el río Mrassu estaba limpio, fluían manantiales de montaña.
Los ríos eran una fuente importante de alimentos, donde los residentes pescaban. Con la llegada de las primeras compañías de carbón, el pescado comenzó a desaparecer. Entonces el agua se volvió inadecuada para beber, la aldea de Kazas debería haber sido abastecida con agua dulce por otros medios, pero no fue así. Las minas devastaron los terrenos de caza, privándolos de una importante fuente de ingresos”.
© ADC Memorial
Según el informe Carbón y Derechos Humanos en Kuzbass se pueden identificar tres factores que intensifican el impacto en la gente de la extracción de carbón. En primer lugar, las compañías mineras rusas intencionadamente explotan el carbón cerca de los centros de población existentes, en lugar de en áreas menos pobladas. Esto reduce los costos de infraestructura, incluidos los caminos, los ferrocarriles, la red eléctrica y las tuberías de agua, así como facilita la mano de obra disponible.
“La ley rusa señala que no puede haber asen-tamientos urbanos a menos de un kilómetro de la mina”, explica Vladimir Slivyak, de la organización ecologista rusa Ecodefense que apoya a las comunidades locales afectadas por la minería en Kuzbass. “En muchos casos la mina ha llegado hasta los localidades obligando a la gente a ser reubicada, pero la mayoría de los casos permanecen en sus casas escuchando las explosiones a lo largo del día e incluso les caen piedras encima, luego los grandes camiones que transportan el carbón atraviesan los pueblos constantemente. Es muy difícil vivir junto a una mina de carbón, pero a las empresas mineras no les importa. Hay casos como la localidad de Kiseliovsk en los que la mina ha entrado en la ciudad, una mina a cielo abierto. Una localidad en la que ha llegado a nevar nieve negra. Parece difícil de creer pero la gente vive ahí”.
La economía de Kuzbass se sustenta sobre el carbón. Según este activista, hay más de cien localidades que están afectados por las minas de alguna manera, bien porque están muy cerca porque han tenido que mudarse. Con una gran parte de la población viviendo de la minería, directa o indirectamente, apenas había contestación social frente a los problemas que causaban las minas. “Es una región que vive del carbón así que no había protestas hasta hace pocos años que se han empezado a movilizar en un movi-miento que sigue creciendo y son estas personas que ya no pueden vivir junto a la mina. La gente de las localidades más pequeñas que son como aldeas no trabajan en las minas y son las más afectadas, aunque igualmente las minas han dado muchos problemas para todos y no dan trabajo a todo el mundo”, añade Slivyak.
© ADC Memorial
Una de esas pequeñas localidades es la de Yana Tannagasheva, que durante años convivió con la minería hasta que los problemas fueron a más. “Fue en 2005, cuando el Gobierno ruso emitió una licencia a la compañía minera de carbón Yuzhnaya, que comenzó a operar en las inmediaciones de nuestra aldea. Los residentes no sabían sobre las condiciones de licencia; pos-teriormente, la compañía comenzó a realizar operaciones de voladura en nuestra montaña sagrada Karagay-Lyash, e incluso trabajó cerca de las casas. La compañía y las autoridades re-gionales insistieron en que los shor vendieran sus casas y tierras, pero cinco familias se negaron a vender. Todas las casas fueron incendiadas por delincuentes desconocidos en el invierno de 2013-2014. Una de las casas era de mi padre”, cuenta la activista shor.
Slivyak de Ecodefense destaca el desamparo que viven las personas que protestan porque son criminalizadas. Recientemente se “abrió una investigación criminal contra tres activistas locales por hacer sabotajes en los bulldozer que fueron quemados e incriminan a los activistas sin prueba alguna. En otra mina se bloqueó una carretera por dos horas a modo de protesta y la empresa minera persiguió judicialmente a los activistas para que pagaran los daños por valor de 250.000 euros, pese a que el juez lo deses-timó es una cantidad muy grande para disuadir a otros”.
Las comunidades cercanas a la mina comviven con el ruidos del polvo y las detonaciones. © ADC Memorial
Sin embargo, los ataques que sufren las comunidades afectadas por las minas no parecen disponer de la atención de la policía a investigar. En el caso de Kazas no se esclareció. “Estamos seguros de que fue organizado por la compañía, ya que desde antes el director general de esta compañía, Ilgiz Halimov, amenazó a la gente shor con destruir sus casas que estaban en el camino de las operaciones de extracción de carbón. Los residentes llevamos esta amenaza a la oficina del fiscal. Hoy el pueblo está totalmente destruido, y los aldeanos se han visto obligados a irse, sin compensación. Nuestros activistas que luchan por restaurar la tierra tradicional están amenazados por las autoridades y los servicios de segu-ridad de las empresas”, asegura Tannagasheva.
Su organización Revival of Kazas and the Shor People ha presentado una queja ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. “Después de un tiempo, el Comité emitió observaciones finales. Ni el Gobierno ni las empresas de carbón quieren sentarse en una mesa de negociación abierta. Además, para los activistas comenzaron los métodos represivos de influencia: amenazas, vigilancia, escuchas telefónicas, persecuciones…”
En abril de 2018, Tannagasheva, su marido y sus dos hijos salieron del país “Nos obligaron a abandonar Rusia y solicitamos el estatuto de re-fugiado en un país europeo [que nos piden que omitamos] Nuestros hijos tienen ahora 14 y 10 años. Van a la escuela, realmente les gusta estar aquí. Para mí, como madre, lo más importante es que mis hijos están a salvo”.
Yana Tannagasheva con una pancarta. © ADC Memorial