La mayoría de las subvenciones (92 %) son regresivas, carecen de criterios de equidad o son ineficaces para este fin. Así, fondos con impacto ambiental negativo acaban beneficiando a quienes no los necesitan.
Muchas ayudas marrones o naranjas que se han justificado por su alto impacto social son poco eficaces en términos de equidad. El análisis realizado muestra que una buena parte se van a los perfiles de renta más altos. Es el caso del 28 % de las ayudas de la PAC (1.908 M); el 50 % de la bonificación al transporte aéreo y marítimo en territorios extrapeninsulares (445,25 M); el 50 % del descuento de 20 céntimos por litro de combustible (730 M) y el 10 % de la reducción del IVA a alimentos (221,8 M).
Miles de millones de euros benefician a los más pudientes y a un grupo selecto de empresas. El Banco de España señala que solo el 15%-20% de las ayudas por la crisis energética llegaron a los más afectados. El resto fue a medidas generales, como rebajas del IVA o bonificaciones de carburantes. Con transferencias directas se habría logrado más a un menor coste.
En el lado de las ayudas “verdes”, no todas las personas y PYMES tienen el mismo acceso a los beneficios monetarios o fiscales de las subvenciones. Así, sólo los sectores con mayor capacidad económica pueden permitirse instalar placas solares, cambiar calderas viejas por aerotermia, mejorar el aislamiento de las viviendas, comprar un coche eléctrico o producir o consumir en agroecológico. Tener ayudas diseñadas para un conjunto amplio de personas es fundamental para el éxito de los cambios propuestos con la transición ecológica.
Paguitas tóxicas S.A.
A pesar de la falta de datos de cómo las empresas se benefician de las subvenciones públicas, los que sí hemos podido constatar es que el modelo actual las beneficia directa e indirectamente. De manera indirecta, aunque una buena parte de las ayudas están diseñadas para compensar a la ciudadanía y PYMES, al final acaban en las cuentas de resultados de las empresas por la vía del consumo cautivo del gas, carburantes, agroquímicos, etc., en vez de incentivar el ahorro y su sustitución.
Por otro lado, una buena parte de las subvenciones han sido canalizadas directamente hacia grandes corporaciones que continúan llevando a cabo actividades perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, la comercialización de combustibles fósiles o de fertilizantes químicos. En 2023, 100 grandes compañías recibieron 4.321 millones de euros. Esta es la cantidad que se necesitaría para atender los objetivos de rehabilitación energética de hogares y edificios y cumplir con los compromisos climáticos del PNIEC.
En España, Repsol es la empresa más contaminante. Genera el 62% de las emisiones del IBEX35, provocando daños económicos anuales valorados en 12.000 millones de euros. A su vez, sus inversiones siguen ahondando en la emergencia climática. De hecho, en 2023, 7 de cada 10 euros invertidos se orientaron al negocio fósil tradicional.
En paralelo, se embolsó 5.000 millones de beneficios netos y está realizando una generosa política de dividendos y de recompras de acciones en favor de sus grandes accionistas. Es decir, sus accionistas son cada vez más ricos. ¿El precio? El planeta. En relación al dinero público, el análisis muestra que, al tiempo que la compañía ha sido el principal ariete contra el “impuesto energético”, se ha beneficiado de dinero público en 278 proyectos en los últimos cinco años. En total, suman más de 180 millones de euros de subvención sin contraprestación (60 millones en 2023 y 120 millones en 2024). A estas cantidades hay que añadir los más de1.000 millones de euros de fondos públicos que ha recibido en créditos en condiciones favorables en 2023 y 2024.