Hoy hemos visitado la sede de la empresa ACS, propiedad de Florentino Pérez, para recordarle que tiene un problema con una de sus filiales, concretamente con el proyecto hidroeléctrico que restringe el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala.

Su filial Grupo Cobra ha destruido el curso de un río y se ha ejecutado sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Esta empresa ha participado como subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico RENACE, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros. Además de los graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y los fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo. También ha acarreado la reducción drástica del caudal del río que ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para las comunidades indígenas que viven en esta cuenca fluvial.

Este tipo de proyectos polémicos suelen ir asociados a la criminalización y persecución del movimiento de oposición a estas infraestructuras. Así, en Guatemala, el pasado martes 30 de enero, fue detenido Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo quekchí que se opone a los megaproyectos hidroeléctricos. En estos momentos Bernardo está encarcelado a la espera de juicio por unos cargos basados en testimonios de trabajadores asociados a las empresas constructoras de estas infraestructuras.

La empresa ACS no puede obviar los acuerdos voluntarios firmados o de los que el Estado español forma parte. Según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas ellas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. El cumplimiento del principio de la Diligencia Debida donde el respeto de los derechos humanos es extensible a todas las empresas, sin diferencias entre empresas contratistas y subcontratistas.

Está visto que estos acuerdos voluntarios son insuficientes. Desde Greenpeace estamos impulsando la aprobación de un tratado internacional vinculante sobre transnacionales en el marco de Naciones Unidas que asegure el desarrollo de normas obligatorias que acaben con la impunidad actual y asegure que las personas jurídicas puedan ser interpeladas por instituciones penales por sus actividades extraterritoriales.