Los Presupuestos Generales se olvidan de la transformación del modelo económico
Estamos en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado 2022 (PGE). Otro año en el que el proyecto de presupuestos cuenta con una inversión pública récord al incluir el compromiso económico y de inversión del Plan España Puede, que para 2022 alcanza los 27.633 millones.
Desde Greenpeace reconocemos grandes avances económicos en la apuesta por la recuperación social y la reconstrucción verde. Sin embargo la actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 aún está lejos de afrontar esta transformación.
El éxito de esta transformación dependerá en buena medida de cómo se desarrollen y ejecuten las inversiones que se contemplan. Por ello es muy importante que, además de disponer de fondos, estos se destinen hacia políticas que aborden el cambio de modelo, generen empleo y dejen de subvencionar a las industrias y las energías contaminantes.
Este cambio de modelo ha de tener su reflejo también en el descenso del desmesurado gasto en defensa, que ahonda en un modelo de seguridad basado en el militarismo y despilfarra cantidades ingentes en la compra de armamento, en detrimento de la asignación de recursos necesarios para afrontar de forma colectiva los actuales retos derivados de las crisis sanitaria y climática.
A continuación analizamos en detalle las partidas de los PGE que tienen que ver con la protección del medio ambiente y la paz.
Conservar la biodiversidad necesita más fondos
La protección de la biodiversidad y de los ecosistemas resilientes, pese a ser una de las 10 palancas incorporadas en el Plan España Puede solo tiene designado en los presupuestos de 2022 una partida de 1.442,7 millones de euros que dedicará a la conservación de los ecosistemas y acuíferos (457,76 millones), a las infraestructuras hidráulicas y depuración (360 millones), a la protección de la costa (95 millones), la gestión forestal sostenible (135,53 millones) y a la economía circular (300 millones).
Incluyendo el dinero de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, el total del presupuesto en 2022 para actuaciones ambientales –que se gestiona principalmente desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente- asciende a 3.060,52 millones, un 2,58% más que en 2021 y un 71,6 % con respecto a los PGE aprobados en 2018.
La protección de la biodiversidad sigue siendo la gran olvidada y son las inversiones hidrológicas las que acaparan casi la mitad del presupuesto. Así, a los 785 millones de los que dispone el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para este fin, se suman los 705 millones procedentes de los fondos. Estas inversiones se destinan principalmente a mantener la demanda de agua y mejorar la calidad de la misma con inversiones en depuración.
La gran paradoja de la crisis del agua es que no se abordan las causas que producen su contaminación y su escasez. En este sentido señalamos que el presupuesto proveniente de los fondos de recuperación (303 millones) que el ministerio de Agricultura destina a la modernización de regadíos bajo la bandera de “mejora en la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos”, no establece objetivos cuantificables de reducción de agua, ni las condiciones que garanticen un ahorro de agua para las cuencas y la restauración de los acuíferos dañados. Las medidas que se proponen son continuistas, no apuntan a un cambio de modelo y no tienen en cuenta el conocimiento científico sobre la gestión moderna de los recursos hídricos, los efectos de las modernizaciones de regadío sobre el aumento del consumo y la consecuente merma de los recursos disponibles en las cuencas hidrográficas, acuíferos y en los ecosistemas acuáticos.
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Por otra parte, sigue llamando la atención que, en 2022, dentro del programa para la protección de la costa e infraestructuras, se siga destinando casi la totalidad de las inversiones a paseos marítimos y reponer arenas de playas (casi un 96% del total frente al escaso 4% que se dirige a la protección de la costa). La alternativa a la destrucción costera no pasa por estas soluciones sino por el mantenimiento de los recursos naturales, el fomento de un turismo sostenible de calidad y un modelo económico que pivote sobre el desarrollo local.
Sin pueblos vivos y un medio rural sano no hay transición ecológica
El presupuesto destinado a abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación cuenta con una partida de 55,79 millones de euros (un 66% más que en 2021), de la que 20 millones se van a transferir a comunidades autónomas y entidades locales para actuaciones destinadas principalmente a servicios y conexión.
El capítulo de reto demográfico cuenta también con una partida específica procedente de los fondos de recuperación de 350 millones que transferirá al IDAE para activar las primeras líneas de actuación en materia de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador, climatización renovable, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Greenpeace apoya estas medidas, pero no debemos olvidar que el mundo rural, es un actor imprescindible para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad y la despoblación. Por ello es importante dar valor y relevancia a las buenas prácticas que se realizan en este ámbito y que contribuyen a abordar esta problemática. La lucha contra la despoblación tiene que tener en cuenta la mejora del territorio, de la gestión forestal y de las actividades sostenibles que refuerzan los bienes y servicios ambientales.
Como ya adelantaba el Plan España Puede, y se ve reflejado en los Presupuestos, la apuesta del Gobierno por mantener el actual modelo agroalimentario, erosionando los objetivos de transformación y resiliencia establecidos en el plan. El sector agroalimentario es un sector necesitado de una verdadera transición ecológica, que obliga a establecer un calendario con objetivos de reducción de emisiones (directas e indirectas) cuantificables que permitan la descarbonización real del sector.
La ganadería es la principal causa de la contaminación del agua por nitratos en la UE. A pesar de ello, el Ministerio de Agricultura, en lugar de llevar a cabo medidas para impulsar la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala frente al modelo industrial de macrogranjas, centrará más del 60% de su esfuerzo inversor (303 millones) en la modernización de regadíos, y (101,84 millones) a mejorar la competitividad y calidad del sistema agroalimentario, perpetuando el insostenible modelo actual.
España es el país de la UE con más superficie dedicada al cultivo ecológico y, sin embargo, este año el programa dedicado a la competitividad y a la calidad alimentaria para desarrollar la agricultura ecológica ha disminuido su presupuesto casi más de un 20% comparado con 2021, algo que no se entiende más aún cuando la Comisión Europea marcó un objetivo de alcanzar un 25% de superficie agrícola en ecológico para 2030. Como nota positiva, este mismo programa va a emplear una partida para el desperdicio alimentario de 283,45 millones de euros.
Menos transición energética y más en competitividad de la industria
Como ya ocurrió en 2021 el presupuesto destinado en los PGE 2022 a las políticas de industria y energía se ha duplicado con respecto a 2018 por la incorporación de los fondos europeos procedentes del Plan España Puede y alcanza los 11.315,86 millones de euros (un 1,2% mayor que en 2021).
Las políticas de industria y energía son las que reciben más cantidad de dinero de estos fondos (5.476,95 millones) que en 2022 se destinan a la transición energética justa (2.875,7 millones) y al impulso de la industria (2.601,2€).
Destaca el gran aumento (1.074,1 % con respecto a 2021)) de los fondos destinados a la competitividad y sostenibilidad de la industria que viene acompañado de la disminución (casi un 50% con respecto a 2021) del conjunto de las partidas dependientes del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dedicadas entre otras, a la movilidad eléctrica, desarrollo renovable y comunidades energéticas. Esta variación del presupuesto parece estar de acuerdo con el calendario de reparto pactado con la Comisión Europea, que asignaba a 2021 un volumen mayor de la inversión total a la transición energética para acelerar todo lo posible su impacto positivo sobre la economía y disponer de un mayor margen de ejecución.
La realidad es que aún a fecha de hoy no se han ejecutado las inversiones fijadas en el presupuesto de 2021 para la transición ecológica . Los PERTES como el del automóvil van con retraso y las convocatorias de los proyectos aún no están concedidas.
En el caso concreto de las comunidades energéticas, que pasan de los 60 millones en 2021 a 20 millones para 2022, hay que destacar tanto la ausencia total de estrategia política movilizadora para hacer partícipe a la sociedad en la transición energética a través de esta nueva figura, como la dificultad de acceso a las ayudas en proyectos pioneros, ayudas que se encuentran paralizadas y en proceso de análisis. La mayoría de la población permanece ajena todavía a los beneficios de la transición energética, sin acceso ni conocimiento a las opciones de participación de energía ciudadana. Las comunidades energéticas son vitales para conseguir una transición energética justa y el apoyo a la energía ciudadana debería ser constante.
La transición ecológica no puede dejar a nadie atrás por eso hacemos una lectura positiva del dinero que se empleará para la lucha contra la pobreza energética con los 157,07 millones destinados al bono térmico (47,75 millones más que en 2021) al que se unen los 10 millones que destina el IDAE para colectivos vulnerables. Otra de las buenas noticias es la apuesta por la transición justa hacia un sistema energético 100% renovable que destinará 296,54 millones en el desarrollo económico de las comarcas mineras de carbón,y los 110 millones para la transición justa que dedica el fondo de recuperación. Necesitamos abordar la transición energética al completo, asegurando que sea justa y ordenada.
Pese a la lectura positiva de este proyecto de presupuestos, preocupan sobremanera algunas políticas de gasto para industria y energía, concretamente algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 270 millones de euros dirigidos principalmente a compensar a determinadas industrias (metalúrgicas, papeleras, de fertilizantes, del plástico, del cuero, etc.) por los costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos (que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable).
Necesitamos un cambio de modelo real y para ello tenemos que comenzar porque las empresas no laven su imagen con publicidad y patrocinios. En este sentido empieza a haber iniciativas como la presentada por más de 20 asociaciones, entre ellas Grenpeace, para que busca prohibir la publicidad y el patrocinio de las empresas de los combustibles fósiles en la UE. Este debate ya se ha abierto en algunos países como Francia y debería llegar también llegar a nuestro país.
Presupuesto para políticas de gasto de Industria y Energía 2022
█ Resto de partidas presupuestarias
Avances en la apuesta por el ferrocarril y la rehabilitación de edificios
Los fondos europeos aportarán al desarrollo de infraestructuras de transporte y a la rehabilitación sostenible y social de edificios un total de 6.147 millones de euros (un 19% más que en 2021), de los que casi el 68% se dedicará a movilidad.
En el Año Europeo del Ferrocarril cabe destacar que la mitad de las inversiones estatales en infraestructuras se destinarán a este modo de transporte, esencial para reducir las emisiones y atraer demanda del avión y la carretera. Unas inversiones que en este ejercicio estarán menos centradas en construir líneas de alta velocidad -puesto que la mayoría de sus tramos ya están en servicio o próximos a finalizar- y más en la conservación y mejora de la red convencional, con actuaciones como la electrificación de líneas diésel o la ejecución de los Planes de Cercanías en las ciudades, de imperiosa necesidad tras años de retrasos y cancelaciones. Sin embargo, esta apuesta positiva por el tren choca por un lado con la intención del Ministerio de Transportes de seguir ampliando la capacidad de autopistas y autovías, así como por las ampliaciones de aeropuertos recogidas en el recién aprobado Plan Director de AENA.
Los presupuestos de 2022 dedicarán gran parte del esfuerzo presupuestario (1.121,24 millones de euros) a las Zonas de Bajas emisiones y transformación del transporte urbano que aumenta su presupuesto un 47,7% con respecto a 2021, al tiempo que la movilidad eléctrica ve reducido su presupuesto un 59,5%. Esta tendencia refuerza un cambio de modelo hacia una movilidad colectiva más justa socialmente y menos dependiente del coche, y no solo la compra de automóviles que, aunque sean eléctricos, suponen dejar atrás a toda la población que no puede permitirse tener un coche.
Paseo de Extremadura, Madrid, España.©Greenpeace/Pablo Blázquez
La fiscalidad verde sigue siendo la gran asignatura pendiente
Una vez más queda aplazada la reforma fiscal verde y justa, a la espera de las conclusiones del Grupo de Expertos formado para este fin. Este año se ha incluido algún avance en la progresividad de los impuestos y la distribución de la riqueza, con la introducción de la medida fiscal que establece un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades.
El principio “quien contamina, paga” vuelve a estar prácticamente ausente de los presupuestos. España sigue estando en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes, con un porcentaje respecto al PIB del 1,77%, frente a la media del 2,37%. En el proyecto de presupuestos presentado los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan un 5,2% de los ingresos del Estado.
En 2022 los presupuestos no incluyen ninguna novedad sobre fiscalidad verde y mantienen un sinfín de exenciones para seguir contaminando con combustibles fósiles. El proyecto abandona impuestos propuestos en 2021 como la reducción de la bonificación del impuesto del diésel y mantiene las exenciones al uso profesional.
El proyecto tampoco contempla el impuesto sobre la eliminación de residuos (a la espera de que se apruebe la Ley de Residuos) y desaparece el canon hidráulico (que en 2021 estimaba una recaudación de 200 millones) tras ser tumbado por el Tribunal Supremo en beneficio de las compañías eléctricas.
Es de destacar este año los ingresos por la subasta de derechos de emisión que se han duplicado con respecto al año anterior y se estiman en 2.000 millones de euros. El 90% de este dinero se destina a financiar los costes del sistema eléctrico, que en 2022 representan el 63,27% del presupuesto (sin contar los fondos) destinado a las políticas de industria y energía. Parte de esta recaudación debería destinarse a compensar económicamente a las personas más vulnerables y más afectadas por la transición.
La fiscalidad ambiental es una de las vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía, pero es necesario que esta transición sea verde y además justa. Por ello, es indispensable una reforma fiscal que sea progresiva, que incluya medidas para redistribuir la riqueza y sobre todo que incluya medidas directas de compensación. Es muy importante que la transición ecológica no deje a nadie atrás
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El gasto militar no está en crisis. Defensa continúa aumentando su presupuesto.
Una vez más, el aumento del gasto militar sostiene un modelo de defensa que no responde a las actuales necesidades de seguridad para la inmensa mayoría de la población, que tienen más que ver con el acceso a un sistema sanitario universal, a una energía limpia y asequible o a una vivienda adecuada, que con la inversión en armamento o la financiación de una industria militar que resulta deficitaria. Es importante señalar que la ingente cantidad de recursos que se destinan a gasto militar en nombre de la seguridad, lo hacen en detrimento de las inversiones necesarias para preparar nuestro sistema sanitario frente a futuras pandemias o transformar nuestro sistema energético en para frenar la crisis climática.
Además, el apoyo a la internacionalización de la industria armamentística española impulsa un modelo de negocio que prospera con las guerras, en lugar de promover la diplomacia y otras formas pacíficas de resolución de conflictos internacionales y tensiones geopolíticas. Así, España ostenta el dudoso honor de ser ya el séptimo exportador de armas del mundo, acaparando cerca del 4% del comercio mundial de armamento y material de doble uso, que en muchas ocasiones acaba en manos de gobiernos y grupos paramilitares que violan de forma flagrante los derechos humanos. Este modelo de desarrollo contribuye sin lugar a dudas a hacer del mundo un lugar más inseguro, especialmente para las millones de personas que son actualmente víctimas de las guerras y de la violencia armada.
Así pues, encontramos que el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa se ha visto incrementado nada menos que en un 7,9%, superando por primera vez el techo de los 10.000 millones de euros (concretamente, alcanza los 10.155 millones). De esta cantidad, destacan los 2.342 millones que corresponden al pago pendiente de los Programas Especiales de Armamento, lo que supone un incremento del 21,6% sobre las obligaciones de pago por los PEA definidas en el anterior ejercicio. Los 7.068 millones restantes van destinados a los demás gastos con cargo al Ministerio.
La comparación del capítulo de inversiones con otros ministerios da cuenta de la orientación militarista de estos presupuestos. Concretamente, se prevén inversiones reales de Defensa (es decir, adquisiciones de armamento y material) por valor de 3.647 millones de euros, acaparando el 37% del gasto total previsto para inversiones por parte del Estado. Esta cantidad es prácticamente la misma que la suma de las inversiones previstas en los ministerios de Transición Ecológica, de Transporte y Movilidad y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La situación se agrava si se consideran las partidas destinadas a gasto militar que se encuentran dispersas en otros ministerios (bajo epígrafes relacionados con I+D+i, educación o pensiones), el gasto real que cada año se añade a la ejecución final del presupuesto y el abrumador coste de la deuda pública derivada de los sucesivos ciclos de rearme. Según algunos analistas, considerando todo lo anterior, el gasto militar en 2022 podría superar finalmente los 40.000 millones de euros, un desmesurado esfuerzo presupuestario destinado a mantener un modelo de defensa que no responde a las principales amenazas derivadas de la triple crisis sanitaria, económica y ecológica en la que nos encontramos.
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