Comer fuera de casa ha pasado de ser un evento puntual para celebrar un acontecimiento, a ser un acto cotidiano de nuestra vida: llevamos a nuestra/os peques a los comedores de los coles, muchas personas mayores viven en residencias, comedores de trabajo, cátering de eventos, etc..

En otras ocasiones menos cotidianas enfermamos y tenemos que ir a hospitales donde tenemos que comer, o coger algo de algunas de las máquinas expendedoras (lo que se conoce como vending).

En muy poco tiempo, nuestros modos de vida han cambiado. Gran parte de nuestro consumo cautivo (es decir, no hay opción de elegir) ha quedado en las manos de las empresas de “restauración colectiva o social”. En los últimos 30 años el número de restaurantes se ha multiplicado por cinco, y el número de locales de restauración colectiva ha aumentado un 45% en los últimos 5 años. 

La contratación de estas empresas de restauración se realiza a través de los concursos que convocan las administraciones públicas en el denominado proceso de contratación pública. 

¡La Administración pública es el primer consumidor de alimentos del Estado!

La semana pasada el Ministerio de Consumo lanzaba la consulta pública del proyecto de real decreto para fomentar la alimentación saludable en los colegios.  Desde Greenpeace España no podemos dejar de aplaudir esta iniciativa, y por ello hemos aprovechado la oportunidad para incidir en el proceso de contratación de los servicios de restauración colectiva en su globalidad y de esta forma poder alimentarnos en estos espacios teniendo en cuenta la salud de las personas y el planeta. Para asegurar  una alimentación saludable es necesario ampliar el enfoque de salud.

La emergencia sanitaria de la COVID19, la invasión de Ucrania ha evidenciado un sistema alimentario y agrícola desequilibrado que explota ante cualquier “evento externo”. Ahora más que nunca se debe transformar su sistema agroalimentario caduco y caminar hacia un sistema sostenible y resiliente, para ello debe cambiar a una alimentación basada en alimentos de origen vegetal cuya producción y comercialización sea ecológica, local y de temporada. Este cambio del modelo agroalimentario pasa por la dinamización rural por la protección de nuestros pueblos a través de alimentación sostenible y de cercanía en las ciudades, con  la creación de redes de consumo: directamente empresas productoras con personas consumidoras y por otra relación pueblo-ciudad. 

Esto es compartido por el Ministerio de consumo Garzón reivindica la producción y el consumo de proximidad frente a amenazas globales como el cambio climático, la pandemia o la guerra. Sin embargo, ¿Cómo asegurar que estos productos saludables y sostenibles llegan a los comedores de colegios, hospitales, residencias de mayores, etc?

👉Es necesario superar las trabas del proceso de contratación pública

Ante la emergencia climática, pérdida de biodiversidad y contaminación, las administraciones tienen que tomar en serio lo que su propia normativa promulga:  cumplimiento del artículo 1.3. de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la meta 12.7 de los ODS sobre Promoción por la Administración de prácticas de contratación y de compra pública sostenible.

A pesar de los años en vigencia, el personal funcionario nos cuenta de las dificultades en hacerlo posible, también otras muchas organizaciones que trabajan por fomentar alimentos sostenibles en la restauración colectiva. Desde el desconocimiento de cómo transversalizar los criterios ambientales, de establecer criterios en las mesas de contratación a la imposibilidad de control y verificación de esos criterios. Y llegamos a un tema peliagudo: el arraigo territorial.

Uno de las dificultades es el  “Problema del arraigo territorial” se trata de una controversia reiterada, porque los órganos de contratación quieren establecer una medida denominada arraigo territorial, con el objetivo de favorecer a las empresas o trabajadores locales (productos locales, km0) pero choca con los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación que rige la contratación pública. Lo podemos cambiar por: Es decir se considera más justo que todas las empresas puedan optar al contrato, aunque éstas estén a miles de kilómetros. Y esto se resuelve  de forma “pacífica” (como así resuelve un órgano consultivo) al considerar que los criterios de arraigo territorial NO pueden ser ni requisitos de solvencia ni criterios de adjudicación. 

La clave es incluir en las cláusulas el objetivo de reducir emisiones como así marcan personas expertas en contratación. Pero se requiere obligatoriedad y formación en el proceso en esto, así como imposición de penalidades en caso de incumplimiento.

Porque esa resolución pacífica de no aceptar el arraigo territorial es todo menos proporcional e igualitaria. Un informe de 2018 de, Del campo al cole, 58% del mercado de restauración colectiva en los comedores escolares en España está en manos de tan sólo cuatro empresas: Serunion, Compass Group, Aramark y Ausolan. O en Valencia, por ejemplo, sólo 9 compañías se  reparten los comedores en los hospitales.

👉Es necesario fortalecer el medio rural.

Los mundos rurales, nuestros pueblos y su actividad productiva sostenible, son clave para nuestra supervivencia y apoyar los productos rurales sostenibles de cercanía se traduce en el fortalecimiento del medio rural, la fijación de población y, por tanto, en la mitigación de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad.

1. Fortalecimiento del medio rural para combatir la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Han de destinarse recursos económicos al acceso a los servicios esenciales, la creación de empleo y la calidad de vida en el medio rural para generar comunidades resilientes con capacidad de actuación.
2. Equilibrio del medio rural con el mundo urbano. A pesar de que la mayor parte de nuestra población vive en urbes, la mayor parte del territorio es rural. 
3. Incentivar canales cortos de comercialización, garantizando la compra directa a las personas productoras: recuperación de mercados tradicionales, mercados no sedentarios de personas productoras, plataformas para compra online, grupos de consumo responsable, centros logísticos de distribución de productos rurales, etc.

• Promover una fuente única, pública, gratuita y de libre acceso que permita conocer empresas proveedoras, tiendas, iniciativas, etc. que permiten contribuir al medio rural para su desarrollo.
• Reducir la brecha digital en el medio rural, para ayudar a promover su presencia en licitaciones, así como en la compra y venta de productos rurales sostenibles en la ciudad, asegurando que el e-commerce tenga criterios de sostenibilidad.

👉Sostenibilidad en el medio rural.

Ha de aumentarse la financiación de actividades sostenibles del medio rural, incentivando las que fijen población, y se han de  recuperar/fortalecer conocimientos y buenas prácticas de su población, frente a las falsas soluciones que expulsan a las personas de sus territorios y deterioran el medioambiente. Es fundamental recuperar el paisaje mosaico de cultivos tradicionales que reduzcan la propagación de incendios de alta intensidad.

👉Diversidad e inclusión en el medio rural.

El medio rural necesita del arraigo de las mujeres. Han de fomentarse políticas específicas que aseguren la integración, de forma justa y efectiva, de mujeres rurales visibilizando su contribución y favoreciendo oportunidades dignas que les permitan quedarse en los pueblos y fortalecer el medio rural. 

Laura Martínez es ganadera ecológica. ©Greenpeace/Pedro Armestre

Comer fuera de casa, nos hace ser consumidores cautivos. Hay grandes iniciativas de AMPAs y de organizaciones, pero finalmente son las administraciones las que tienen que asegurar que los productos sostenibles y saludables lleguen a nuestra alimentación diaria, aquella que no decidimos y que queremos que sea saludable, sostenible y justa.