Iniciamos una serie de blogs para explicar el problema de la subida de la luz, sus causas, consecuencias y las propuestas de Greenpeace. Comenzamos con el origen del problema: el mercado mayorista.

El mercado mayorista de la electricidad es donde se negocia el precio entre los productores (los que tienen las centrales de generación, sean renovables, de gas, nucleares o hidroeléctricas) y quienes la compran (las comercializadoras, que luego la venden a los consumidores finales).

Hay un problema de mal diseño del sistema de fijación de precios de la electricidad, pues paga a todos por igual el precio más alto posible y no tiene en cuenta que no todas las formas de generación eléctrica tienen los mismos costes ni los mismos impactos ni las mismas prestaciones. Es un sistema que fue pensado cuando las renovables todavía tenían un papel testimonial. Y nunca ha funcionado correctamente porque, además, unas pocas grandes empresas verticalmente integradas (principalmente Iberdrola, Enel-Endesa y Naturgy) conforman un oligopolio y ejercen un poder de mercado desproporcionado, injusto y especulativo, a costa del interés social.

Es decir, el mercado compra y vende cosas que no son lo mismo (energía nuclear, renovable, hidráulica, gas…), pero paga a todas por igual el precio más alto ofertado por los que venden, y los que compran (las comercializadoras) no pueden dejar de comprar porque es un bien de primera necesidad en el caso de las personas, o es imprescindible para la producción, en el caso de cualquier tipo de empresa o actividad. 

Además, en el caso de que el resultado del mercado fuera el contrario (precio de la electricidad extremadamente bajo), también sería un gran problema porque las renovables podrían ver peligrar las inversiones en nuevos desarrollos en plena necesidad de expansión de las mismas, ya que si el precio de la electricidad fuera muy bajo no podrían recuperar sus costes de inversión (el llamado efecto canibal de las renovables: a más renovables más baja el precio de la electricidad y menos ingresos reciben). 

⇒ La primera conclusión es, por lo tanto, que este sistema tiene que cambiarse, pero no es posible hacerlo de manera inmediata ni unilateral porque está diseñado a nivel europeo y para cambiarlo hay que actuar a también a dicho nivel. Sin embargo, es imprescindible hacerlo, ya que la transición energética y la recuperación económica de España dependen de ello.
La propuesta tiene que resolver tres problemas: 1) la internalización de los costes de la generación de la electricidad -o dicho de otro modo, cómo alinear el valor, el coste y el precio de la electricidad-; 2) la recuperación de los costes de la inversiones en renovables y 3) proveer de precios asequibles a la ciudadanía. 

¿Cuál es la propuesta?

En Greenpeace pensamos que la propuesta que se puede llevar a Europa es la división del mercado mayorista tradicional en dos mercados complementarios entre sí y encargados, respectivamente, de la contratación y entrega de electricidad a largo plazo (mercado de energía renovable) y de resolver los desvíos de este en el corto y muy corto plazo (mercado de flexibilidad o de entrega). Una vía que se analiza en publicaciones especializadas. Las actuales subastas de renovables son el camino que abre la puerta en dirección a este modelo dual.

Pero ante la actual situación, y aunque el verdadero remedio es la reforma del diseño de mercado a nivel europeo, existen mejoras que pueden hacerse en el actual sistema para paliar algunos de sus efectos y que no pueden esperar ante el grave aumento de precios que está lastrando los bolsillos de un país entero.

Una segunda causa de esa situación es que el precio del gas es elevado y volátil (con unas subidas de precio debidas al incremento de la demanda internacional y a la muy desigual concentración de la producción, factores sobre los que España no puede incidir directamente) y, además, tiene un coste adicional cada vez más elevado por sus emisiones de CO2 -no olvidemos que es un combustible fósil que causa cambio climático- y, como es el gas quien fija en ocasiones el precio de mercado, pagamos a precio de gas más sus costes de CO2 a todos los demás sistemas de generación.

⇒ La segunda conclusión es, por lo tanto, que cuanto antes desaparezca el gas fósil de nuestro sistema eléctrico, mejor. Y cuanto antes tengamos un sistema eléctrico 100% renovable, antes desaparecerá. Mientras tanto habrá que disminuir lo más rápidamente posible las sobre retribuciones que reciben los otros generadores por el extracoste del gas y del CO2.

¿Cuál es la propuesta?

Para desplazar el gas fósil hay que acelerar la transición energética, para lo que hay que seguir programando subastas hasta que se instale la capacidad renovable necesaria para un sistema 100% renovable.

Pero también, y de manera inmediata, se debe recuperar esa sobrerretribución debida al gas y el CO2, que se puede calcular en base a lo que establece la ley 54/97 del sector eléctrico como referencia para la remuneración de estas centrales razonablemente actualizados a 2021. Esta minoración así calculada supondría unos ingresos de alrededor de 8.000 M€ anuales. Esta propuesta se detalla por expertos economistas (2), apoyándose en el proyecto de ley presentado por el Gobierno el pasado agosto, pero ampliando significativamente su alcance. De ninguna manera debe aumentarse o diversificar el suministro de gas, subvencionarlo, promover interconexiones, o producir hidrógeno con gas fósil. Todas estas actuaciones, lejos de acercarnos a la descarbonización, la dificultan y la encarecen.

Del mismo modo, tampoco se deben contemplar medidas que reduzcan, aminoren o subvencionen el coste de las emisiones de CO2. En ambos casos se dificulta y retrasa la transición energética, algo que no nos podemos permitir por muchos motivos, pero, en especial, por la última información que está ofreciendo el Sexto Informe de Evaluación del IPCC. Además, ambos supuestos van en la línea de adelgazar los ingresos del Estado precisamente en un momento de gran vulnerabilidad por los efectos de la pandemia, en el que es necesario proteger a los consumidores vulnerables para no dejar a nadie atrás en la transición. Las soluciones tienen que ir en la línea de evitar los ingresos sobredimensionados de las eléctricas.

En tercer lugar, toca hablar de la energía hidroeléctrica: siendo una de las más baratas, está marcando el precio de la luz en muchas ocasiones. Independientemente de las dificultades para determinar si este comportamiento es legal de acuerdo a las normas que establecen las regulaciones y de las que es garante la CNMC, la hidráulica tiene el valor de poder almacenarse y aportar una gran gestionabilidad al sistema, pero en vez de usarse para ese fin, las eléctricas la están aprovechando para especular y maximizar beneficios.

⇒ Por tanto, la tercera conclusión es que la gestión de la energía hidráulica debería dirigirse más a estar disponible en los momentos críticos del sistema, de forma que fuera necesaria una menor potencia de respaldo, en vez ser dilapidada por intereses especulativos. Además, el actual modo de operación pone en riesgo la necesidad de mantener un uso racional del dominio público hidráulico.

¿Cuál es la propuesta?

Una regulación diferente que obligue al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), a mantener más la disponibilidad de la energía hidráulica regulable en estos momentos críticos del sistema. Una gestión en reserva que requeriría una redefinición del papel de esta tecnología en el sistema eléctrico, dejando de ser considerada una tecnología de generación para pasar a ser tratada como una tecnología de gestión del sistema. Al mismo tiempo, aplicar la Ley de Aguas, que para defender el interés público habilita al Gobierno a fijar los caudales de los embalses que no se pueden tocar, así como mantener la investigación y la vigilancia obligadas de la CNMC sobre el modo de operación de los generadores, y, si fuera el caso, exigir la devolución de todos los ingresos obtenidos de manera irregular por incumplimiento de las regulaciones. 

Blog del equipo de Clima y Energía de Greenpeace.