Nos preparamos para la llegada del invierno con la escalofriante cifra de que unos cuatro millones y medio de personas se enfrentarán en España a situaciones de pobreza energética.

Resulta evidente que las partidas presupuestarias destinadas a las políticas sociales no dan respuesta a las necesidades de los millones de españoles que se han empobrecido y han perdido poder adquisitivo durante los últimos años. Actualmente en España hay 12,9 millones personas -lo que supone el 27,9% de la población- que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Al mismo tiempo, por el empeño del Gobierno por apostar por las energías sucias y caras como el carbón y el gas, el recibo de la luz acaba de subir otro 2% y encadena su tercer mes consecutivo al alza. Las familias españolas cargamos con el coste de la electricidad más alto de toda Europa y las que menos gastamos sufrimos más en comparación con nuestras homólogas europeas.

Incluso el decreto por el que pone en marcha las nuevas normas para acceder al bono social eléctrico, es una medida con fuertes lagunas y, según admite el propio Ejecutivo, no va a atajar ese problema social: calcula que tan sólo el 45% de los hogares que pueden beneficiarse de esas ayudas se acogerán a ellas.

Una vez más, es la población más vulnerable la que resulta más perjudicada, con las correspondientes consecuencias para su salud y su calidad de vida.

¿Y quién asume los costes de estas medidas paliativas e insuficientes?
Curiosamente, el Ejecutivo no va a asumir el coste del nuevo sistema de bono social, se lo carga a Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos sin que éstos reciban aportaciones presupuestarias adicionales.
Nuevamente y con la connivencia del Gobierno, las eléctricas nunca pierden, van a cobrar de las administraciones, y la responsabilidad de los cortes, cuando los haya, van a ser de los servicios sociales en las administraciones locales y autonómicas, que han visto como su incremento presupuestario – previsto para el 2018 – quedaba congelado con esta prórroga.

Así, prorrogando, trasladando responsabilidades y socializando las pérdidas cuando los beneficios no se reparten, el Gobierno sigue escribiendo la historia de un sector público cada vez más mermado para el ejercicio de sus funciones.