Medio siglo después de que el Franquismo promulgase su Ley de Secretos Oficiales, el Gobierno propone un nuevo texto que pretende revisar la obsolescencia de la Ley vigente y adaptarla a los estándares de transparencia y democracia del siglo XXI.

El Anteproyecto de Ley de información clasificada parece, por el momento, una oportunidad perdida: durante el periodo en que ha seguido vigente esta Ley franquista, diferentes gobiernos la han utilizado para mantener oculta a la opinión pública, información tan relevante como lo que sucedió en el GAL o en el intento de golpe de Estado del 23F. El nuevo proyecto del Gobierno diluye todas las esperanzas de las organizaciones que, durante décadas, han reivindicado una Ley que garantizara la protección de los derechos humanos y el control democrático del poder.

10/12/2018. Arco de Moncloa, Madrid, Comunidad de Madrid, España.
©Greenpeace/Pablo Blázquez

¿Será más transparente?

Lamentablemente no. La Exposición de Motivos afirma que el fundamento de la información clasificada es la preservación, la seguridad y la defensa del Estado de Derecho, por lo que cabría esperar que la nueva norma estuviera enfocada a corregir el problema del ejercicio abusivo del secreto de Estado. Lejos de atajar este grave problema, el Anteproyecto no restringe las materias que pueden ser clasificadas como secretas, sino que las incrementa. Describe así nuevos ámbitos cuya información será susceptible de ser clasificada, como la protección de “los intereses económicos o comerciales estratégicos” (¡¿y cuáles no lo son?!), “las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados”, o el “funcionamiento de los servicios públicos”. 

El nuevo texto viene, en realidad, a poner negro sobre blanco viejas prácticas no reguladas, que constituían los criterios de clasificación aplicados aprovechando los vacíos de la Ley franquista. A modo de ejemplo, cabe destacar la clasificación de las actas de la JIMDDU, organismo encargado de autorizar las exportaciones de armas, que si bien se ampara en la genérica defensa de la seguridad nacional, ha quedado claro en numerosas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en realidad se trata de proteger los intereses económicos y comerciales de las empresas exportadoras de armas, así como de las relaciones comerciales entre España y el país importador de armamento, aunque con ello se esté violando flagrantemente el Derecho internacional humanitario y la normativa estatal y europea sobre comercio de armas. 

La regulación de estas nuevas categorías abre la puerta a que el secreto se justifique por la mera pertenencia de la información a alguno de estos ámbitos, en detrimento de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el libre acceso a la información. 

¿Será menos arbitraria?

No, porque el texto está plagado de categorías tan vagas como la que permite clasificar como Alto Secreto “cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de la más alta protección”. 

Además, el Anteproyecto amplía enormemente el número de cargos públicos con capacidad de declarar la información clasificada, lo que facilita que se realice de forma arbitraria, controvertida y para evitar la rendición de cuentas. 

El Anteproyecto reconoce que el Tribunal Supremo podrá ejercer un control sobre la clasificación de información mediante el procedimiento de revisión “in camera”. Sin embargo, el acceso a la justicia ante este Alto Tribunal conlleva grandes dificultades para la mayoría de los ciudadanos, por lo que tampoco será un verdadero mecanismo de control democrático del secreto de Estado.

Por último, la incorporación de plazos para la desclasificación de la información, si bien constituye un avance respecto de la Ley anterior, vuelve a quedarse en agua de borrajas porque son plazos tan largos que impiden el conocimiento de información relevante a la generación afectada y que pueda tener un interés real en la información ocultada.

¿Será más democrática?

El Estado debe prevenir la posibilidad de que sus actuaciones promuevan o toleren la perpetración de abusos, y debe colaborar en la investigación y sanción de los mismos. Por ello, es preciso garantizar que la información clasificada no obstaculice el cumplimiento de tales deberes. El Anteproyecto de Ley del Gobierno es una oportunidad perdida para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y situar a nuestro país a la altura de los más elevados estándares de transparencia y democracia. Este borrador es el mero maquillaje de una reliquia franquista, que operaba en un contexto social y político totalmente diferente al que tenemos hoy. Nuestro contexto vigente es el del cumplimiento del Derecho y los Tratados internacionales de protección de derechos humanos. Aún estamos a tiempo de rectificar y avanzar en la buena dirección. 

Lorena Ruiz-Huerta, es coordinadora de incidencia jurídica de Greenpeace España
Sara del Río, es coordinadora de investigaciones de Greenpeace España