El Gobierno español está mirando para otro lado y prefiere no saber cómo se usan las armas españolas exportadas. Esta investigación es una clara muestra de ello.

Motivos de preocupación a ritmo de TikTok

La principal prueba apareció en TikTok. Desde Greenpeace España, en colaboración con elDiario.es e investigadores independientes, habíamos comenzado una investigación de fuentes abiertas con el objetivo de ahondar en el destino y uso final de las armas españolas exportadas a países involucrados en la guerra de Yemen, y de repente apareció un extraño vídeo en la red social TikTok que despertaba motivos de preocupación. El vídeo ratificaba la presencia de morteros de última generación de fabricación española en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudí, uno de los lugares más calientes del conflicto yemení.

En el sector armamentístico todo es oscuro. La información que suministra el Gobierno sobre la venta y concesión de licencias de exportación de armamento es, en línea con los intereses de la industria, muy limitada. Hasta el punto de que no permite ni siquiera, conocer si el Gobierno ha autorizado esas exportaciones cumpliendo la ley de control de comercio de armas y su reglamento. 

El vídeo muestra un hecho preocupante porque España también tiene que cumplir lo establecido en el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la UE en este ámbito. Toda esta normativa de obligado cumplimiento a la que está sujeto el Gobierno, prohíbe las exportaciones cuando existe riesgo de que las armas puedan ser utilizadas en la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario y otros crímenes de derecho internacional. Sin embargo, los criterios para la autorización de concesiones son muy laxos (especialmente con los países que más compran) y los seguimientos tras la venta brillan por su ausencia.

Aunque resulta casi desconocido, España es uno de los países que más armamento exporta del mundo, y no siempre se hace con las garantías y controles suficientes.

Por eso, el hallazgo de este vídeo resulta clave, ya que muestra las actividades de varios vehículos todoterreno Toyota de la Guardia de Fronteras de Arabia Saudí con sistemas de mortero españoles Alakran, de 120 mm, que son desplegados y utilizados en el entorno de la zona fronteriza entre Arabia Saudí y Yemen. Este vídeo había sido publicado por el usuario @mohmad12349 en la red social TikTok, el 17 de diciembre de 2019. Casi un mes después, el 15 de enero de 2020, el mismo video se publicaba en la red social Instagram, en la cuenta @ksa__994, que afirma ser una cuenta no oficial de la Guardia de Fronteras de Arabia Saudi.

¿Por qué es cuestionable la presencia de los morteros en esta zona?

En el vídeo editado se aprecia el desplazamiento de varios vehículos en diferentes momentos en los que se realizan disparos con los morteros Alakran por parte de unidades de la guardia fronteriza saudí. El equipo de investigación coordinado por Greenpeace España ha logrado localizar una carretera saudí en dirección a Najran, por la que transitan los vehículos con los morteros a tan solo tres kilómetros de la frontera con Yemen, en una zona muy conflictiva donde se han librado numerosos ataques indiscriminados que han alcanzado a la población civil. 

Uno de los principales problemas detrás de la venta de armamento es el oscurantismo de todas las operaciones, pero a pesar de esta opacidad, el Gobierno está obligado a realizar una evaluación del riesgo de que las armas exportadas pudieran utilizarse en violaciones del derecho internacional y denegarlas en este caso. Desde que comenzase la guerra de Yemen en marzo de 2015, la frontera con Arabia Saudí ha sido una zona de conflicto en las que hutíes y tropas saudíes han realizado ataques indiscriminados.

El riesgo de que estas armas se utilicen en ataques que alcancen a la población civil yemení era elevado en 2016, cuando se firmó el contrato, y lo es ahora. El Gobierno no debería haber autorizado esta exportación y en cualquier caso debe recabar información sobre el uso que se está dando a estas armas.

La población yemení lleva cinco años de sufrimiento agravado por los ataques de los bandos implicados en el conflicto. La guerra iniciada en marzo de 2015 acumula, según la ONU, la muerte de cerca de 8.000 civiles (cifra conservadora y alejada de la que manejan algunas organizaciones internacionales). Además, el bloqueo ha provocado que más de 20 millones de personas sufran inseguridad alimentaria (dos de cada tres habitantes) y que cuatro millones hayan tenido que abandonar sus hogares. La escasez de alimentos y agua potable ha provocado la propagación de enfermedades como el cólera y la llegada de la Covid-19 alcanza una tasa más alta de enfermedad grave y muerte que en muchos otros países dado su deteriorado sistema de salud.

Un contrato sin luz ni taquígrafos

En diciembre de 2016, la empresa New Technologies Global System (NTGS), cuyo 50% de capital pertenece a Everis Aeroespacial y Defensa SL, firmó su primer contrato de venta del portamortero Alakran 120 mm con un “país extranjero”. Se trataba de la venta de 100 unidades de este sistema de mortero que irían montados en vehículos Toyota Land Cruiser serie 70 para los Guardias Fronterizos de Arabia Saudí, una unidad militarizada dependiente del Ministerio del Interior de este país. 

Según la información inicial, la fabricación y el envío de esas 100 unidades tendría lugar a lo largo de 2017 y 2018. Estas operaciones aparecen mencionadas en los informes de la Secretaría de Estado de Comercio de estos dos años. Sin embargo, el informe anual de 2018 de exportación de armas convencionales reportado por el Gobierno de España al Tratado de Comercio de Armas solo registra el envío de 21 unidades de “sistemas de artillería de gran calibre” a Arabia Saudí en 2018 y ninguna en 2017 o 2019. 

Los datos de Aduanas para el año 2018 (de las fechas de las operaciones de exportación de “Armas de Guerra” a Arabia Saudí) y cruzados con los de las visitas de los buques de la naviera saudí Bahri al puerto de Motril (en cinco ocasiones a lo largo de 2018 y primera semana de 2019) apuntan a que esta fue, al menos en parte, la forma en la que se enviaron los sistemas de mortero Alakran a Arabia Saudí, siempre con Motril como puerto de salida. 

En el vídeo se muestra la carga de armamento en el buque Bahri Jazan en Motril, el 17 de abril de 2018. © Greenpeace España

En diciembre de 2018, los Alakran fueron vistos por primera vez en Arabia Saudí. En esta ocasión, exhibidos por la Guardia Fronteriza en el Festival Al-Janadriyah, cerca de Riad.

La propia empresa, a través de su balance de cuentas de 2018, señala que este año el 90% de su facturación provenía de un contrato con el Ministerio de Interior de Arabia Saudí. En este documento también se hace mención a que la licencia de exportación estaba suspendida desde el 22 de enero de 2019 y en espera de renovación. 

Se desconoce si la licencia se ha renovado en 2019. Por un lado, aunque no constan exportaciones de morteros en las estadísticas oficiales de 2019, las visitas de la naviera Bahri al puerto de Motril se retomaron a partir de enero de 2020 (sin excepciones por el estado de alarma debido la Covid-19) y a la fecha de publicación de este informe ya había realizado tres paradas en este puerto este año.

Artillería española transportable en el maletero de un coche

El Alakran es un sistema de mortero muy versátil, con dos versiones de 81 mm y 120 mm con un alcance de hasta 8,2 km que se puede integrar en prácticamente cualquier vehículo todoterreno de 1,5 toneladas. Según la empresa, el tiempo invertido en el enclavamiento, fijación del objetivo, disparo es de 30 segundos. Permite un repliegue rápido para huir del lugar en 10 segundos tras efectuar un disparo. Esta posibilidad de llevar una pieza en casi cualquier vehículo y desplegarla rápidamente en prácticamente cualquier lugar, sumada a esa facilidad para abandonar rápidamente la zona si fuera necesario, lo convierten en un armamento muy atractivo para entornos agrestes como la montañosa frontera saudita-yamení.

Por ejemplo, la reconocida base de datos ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) ha reportado, a lo largo de 2019, cientos de ataques de artillería por parte de tropas saudíes en la Gobernación de Sada en Yemen. Decenas de ellos, a granjas y casas del distrito fronterizo de Baqim, a escasos kilómetros de donde se han localizado los Alakran y estarían dentro del alcance de este sistema de mortero utilizado desde la frontera. De hecho, en el mismo vídeo se pueden ver secuencias en las que los Alakran son disparados al menos en ocho ocasiones. La última secuencia muestra una vista lejana del área objetivo a kilómetros de distancia de la que surgen humo y polvo como resultado del bombardeo.

El turbio proceso de autorización de exportación de armas: la JIMMDU

Según el Reglamento de la Ley de control de comercio de armas, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) es el organismo que decide sobre las exportaciones de armas españolas. Debe garantizar que, antes de aprobar una licencia de exportación, se respetan las obligaciones de España en esta materia debe denegar una exportación “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos latentes, de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o tengan como destino países con evidencia de desvíos o puedan vulnerar los compromisos internacionales”. 

Para asegurar que una autorización se ajusta a la ley, la JIMDDU elabora un informe preceptivo sobre cada autorización que concede o deniega, evaluando los riesgos y los mencionados indicios racionales. En este sentido, la autorización de la exportación de armas a países que están participando en el conflicto de Yemen es muy controvertida moralmente y, con toda seguridad, ilegal. 

Sin embargo, cualquier control al Gobierno en este sentido se hace imposible dado que el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, estableció el secreto de todas las actas de la JIMDDU. Esto pudo hacerse al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma franquista que los gobiernos han utilizado para clasificar información relativa al comercio de armas lo que les ha garantizado total impunidad. Y es el acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 el que utiliza el Gobierno actual para denegar las solicitudes de información realizadas por organizaciones como Greenpeace España sobre las licencias de exportación de armas concedidas y de dudosa legalidad. Tal es la falta de transparencia en este ámbito, que a Greenpeace España nos ha sido denegada, incluso, la solicitud de copia del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987 que, a su vez utiliza el Gobierno, para denegar las solicitudes de información sobre las exportaciones. Una madeja legal y administrativa al servicio de la industria armamentística.

El secretismo, el descontrol y la impunidad del Gobierno son quienes reinan en el comercio de armas españolas. Esta investigación es un ejemplo de ello. La sombra de la duda sobre el comportamiento ilegal del Gobierno (y, quizás, de otras instituciones de Estado) en relación con la venta de armas españolas a países involucrados en conflictos, es cada vez mayor. 

En este sentido, desde Greenpeace España, como parte de la campaña Armas Bajo Control, enviamos en marzo de este año una carta al Gobierno para pedirles un fuerte compromiso con el respeto de los derechos humanos y la paz frente al comercio de armas.

Nuestras demandas al Gobierno de España

• Que cumpla la ley, empezando por el Tratado sobre el Comercio de Armas y la ley española, que prohíbe la exportación de armas cuando se tenga conocimiento de que puedan ser usadas para cometer o facilitar graves violaciones del Derecho Internacional.
• Que siga las indicaciones de la ONU que pide a los estados “abstenerse de suministrar armas que puedan utilizarse en el conflicto”. 
• Que revoque el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987 por el que todos los acuerdos de la junta interministerial que aprueba la exportación de armas son secretos (al amparo de una ley franquista de Secretos Oficiales de 1968) mientras se reforma la Ley de Secretos Oficiales.

Desde Greenpeace recordamos que nuestra organización  ha tenido en su ADN la defensa de la paz tanto como la del medioambiente desde nuestros orígenes, por lo que continuaremos nuestra labor de denuncia de los atentados que se produzcan para lograr un futuro verde y paz.

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Una investigación de Greenpeace España coordinada por Bart Libaut en colaboración con Leone Hadavi y elDiario.es.

Los datos del contrato entre NTGS y el Ministerio del Interior de Arabia Saudí han sido localizados a través de una búsqueda realizada el 31 de julio de 2020 en los registros de comercio de SIPRI, seleccionando España como “supplier” y Arabia Saudí como “recipient”, entre 2016 y 2017 y seleccionando “artillery como “weapon system”.