El precio de la luz no solo tiene que ver con las reglas de funcionamiento de los mercados mayorista y minorista que ya hemos explicado. Hay otro problema de fondo que tiene que ver con la desigualdad entre quienes participan y que es un obstáculo para cualquier solución.

Aparentemente, la propiedad de la energía no es una consideración de carácter energético, sino social, pero, desde el punto de vista de Greenpeace, además de la injusticia y la ineficiencia económica que supone la existencia de oligopolios en el sistema eléctrico, es imposible conseguir un sistema sostenible y universal sin que la participación ciudadana en el sistema vaya más allá de la cantidad de electricidad que la ciudadanía  consume y paga. 

La Unión Europea coincide en este punto, y fruto de ello es la creación de la figura de Comunidad Energética local (CEL). Estas figuras permiten que se diversifique el tejido social y empresarial y se evite la concentración en pocas grandes empresas. Por eso desde Greenpeace recomendamos que se desarrollen procedimientos específicos para proyectos promovidos por comunidades energéticas, especialmente en manos de la ciudadanía, además de reservar cuotas en las subastas de renovables para proyectos ciudadanos. 

Pero más allá de las CEL, Greenpeace considera condición sine qua non para una real y necesaria democratización energética la decisión política de acabar con el actual oligopolio energético, así como adoptar la regulación adecuada para evitar la formación de nuevos oligopolios. Sólo así existirá una separación efectiva de las actividades que estas empresas privadas dominan e integran verticalmente (casi toda la cadena de valor de la energía: generación, distribución y comercialización). La actual integración vertical en grandes grupos permite una posición de dominio que la regulación actual no consigue impedir y sus intereses económicos son contrarios por naturaleza al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo (basado en un crecimiento constante de oferta y demanda y ausencia de democratización) por otro más eficiente, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios, como exige Europa.

Desde el punto de vista social, basta observar cómo la fuerte subida del  precio de la electricidad actual está provocando fuertes transferencias de rentas de los consumidores (entre los que se encuentran también los más vulnerables) a las empresas eléctricas, claramente beneficiadas con esta subida. Una transferencia a empresas que ya de por sí tienen ingentes beneficios. Los datos de la Central de Balances del Banco de España reflejan que el sector energético está entre los más rentables de España. En 2019 (último ejercicio disponible), el resultado bruto de estas empresas superó los 12.800 millones de euros, cerca del 15% del importe neto de su cifra de negocios. Esta rentabilidad representa una cifra muy superior a la media de los sectores de la economía española, situada en el 9%, a pesar de ser un sector regulado. Según datos de la consultora internacional FactSet,  en 2020 el beneficio bruto operativo (EBIDTA) del sector representó el 1,68% del PIB español. Ese porcentaje no tiene parangón en otros países europeos y, junto con su carácter oligopólico conforma buena parte del poder socioeconómico que atesoran estas empresas en España.

El falso dilema: ¿Se resuelve el problema con una empresa pública eléctrica?

Con la subida de la luz de estos últimos meses, se ha elevado en el debate lo que algunos sectores proponen insistentemente:  la creación de una “empresa eléctrica pública”. Pero si se piensa detenidamente, esto no resolvería el problema. Veamos por qué.  

Esa empresa, que no se especifica si sería de generación, distribución o comercialización de electricidad, o verticalmente integrada como las del actual oligopolio, no podría competir con las grandes empresas privadas del oligopolio mientras éstas mantengan su posición de ventaja. 

• Si la eléctrica pública quiere ofrecer una energía más barata (suponiendo que la nueva empresa actuase como comercializadora pública) pero se enfrenta a precios muy elevados del mercado mayorista, no podría competir y tendrá pérdidas, que tendrían que ser subvencionadas por el Estado, lo que chocaría con la legislación europea que lo impide. Esto se podría solventar disponiendo de generación propia (centrales/instalaciones de energía renovable), lo cual requeriría o inversiones importantes en competencia con los promotores privados, o bien irse adjudicando los generadores hidroeléctricos (las centrales hidráulicas) cuyas concesiones privadas fueran caducando. Ambas opciones son factibles y deseables, pero tardarían años hasta alcanzar un tamaño significativo. 

• En ambos casos, esa electricidad de generación pública tendría que seguir circulando por las actuales redes de distribución privadas, cuyos propietarios (el oligopolio otra vez) tienen una posición privilegiada de ventaja, que pueden utilizar para su propio beneficio, por ejemplo obstaculizando la conexión a la red de nuevos generadores o consumidores de la competencia, o accediendo a información privilegiada sobre tales generadores o consumidores (y sí, nada de eso es legal, pero es muy difícil impedir que hipotéticamente ocurra, pues es la distribuidora la que “lee” los contadores digitales). Si para resolver ese obstáculo se quiere hacer pública la distribución, el coste para las arcas públicas de expropiar las redes podría ser desorbitado, y cabe preguntarse si es el mejor uso para el dinero público.

Conclusión 

1. El mercado eléctrico es un falso mercado, porque no hay competencia ni la puede haber mientras se permita que exista el oligopolio privado, que integra verticalmente entre sus negocios toda la cadena de valor: la generación, la distribución y la comercialización (ej: Iberdrola/Endesa/Naturgy genera electricidad, la distribuye y la comercializa). 
2. La solución para crear competencia no es añadir un jugador público que apenas cambiaría el status-quo por lo arriba señalado, sino romper el oligopolio, con dos medidas muy concretas: prohibir que una misma empresa o grupo, a partir de cierto tamaño, realice actividades simultáneamente de generación, distribución y comercialización; y prohibir la concentración en una misma empresa o grupo de un porcentaje de los activos (de generación, distribución y comercialización), respectivamente, que le convierta en dominante (podría ser el 10-20%). 

La clave no es que quienes realizan las actividades del mercado eléctrico sean públicos o privados, sino que haya una verdadera competencia entre ellos y se termine con los actuales poderes fácticos, con los abusos y con las desigualdades. En definitiva, que la administración pública ejerza su poder para re-establecer las reglas del juego, para que la electricidad recupere la función de servicio público. 

Blog del equipo de Clima y Energía de Greenpeace.