La DGT bloquea el proceso de reforma de las etiquetas ambientales para vehículos e ignora a las organizaciones ecologistas
17 de mayo de 2021.- La complicidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) con el sector del automóvil bloquea la necesaria reforma y actualización de los distintivos ambientales para vehículos, ignorando tanto la propuesta presentada el pasado mes de abril por ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Transport & Environment (T&E), como todas sus solicitudes de reunión con la institución. Para estas organizaciones su paralización y la falta de diálogo y transparencia está poniendo en riesgo la descarbonización y el proceso de transformación y transición del sector del transporte y la movilidad, cuyos principales impactos son la mejora de la calidad del aire en las ciudades y la protección de la salud de la ciudadanía.
El actual sistema de distintivos ambientales para vehículos ha sido muy criticado por clasificar como “ecológicos” a vehículos que, en condiciones reales de conducción, resultan más contaminantes de lo que dicen ser, así como por establecer una clasificación incoherente en determinados aspectos. Por ello, desde que el 15 de junio de 2020 el Gobierno incluyera su actualización dentro del “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Hacia una movilidad sostenible y conectada” y fijara a la DGT como responsable, estas organizaciones ecologistas han intentado contribuir al proceso mediante la presentación de su propuesta, difusión pública y otras acciones.
Cristian Quílez, responsable de proyectos de ECODES, ha señalado que “nuestra propuesta mejora y actualiza los criterios del etiquetado, revierte las deficiencias del sistema actual y sus incoherencias. Sabemos que goza de aceptación a nivel ministerial, pero la influencia del lobby automovilístico está poniendo en riesgo su aprobación. Hay que tener en cuenta que estos distintivos son la herramienta principal para que medidas como las Zonas de Bajas Emisiones sean efectivas. La DGT no puede poner en peligro los esfuerzos para avanzar hacia una movilidad urbana eficiente y limpia que promueva una calidad del aire adecuada y la protección de la salud por el simple hecho de anteponer intereses empresariales. Más aún cuando se va a utilizar una gran cantidad de dinero del Fondo de Recuperación en lograr estos y otros objetivos económicos, sociales, ambientales y climáticos entorno a la movilidad”.
En este sentido, Carmen Duce, co-coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción, ha detallado que la propuesta “se centra principalmente en incluir las emisiones reales de CO2, reservar la etiqueta CERO a los vehículos sin emisiones y eliminar la confusa etiqueta ECO, que actualmente beneficia al gas y a los SUV híbridos, sustituyéndola por una D coherente. En la actualidad, vehículos muy contaminantes pueden obtener una clasificación C o incluso ECO, sin olvidar que no discriminan respecto al gas fósil. Necesitamos un sistema de etiquetado que discrimine positivamente a los vehículos que realmente contaminan menos. El futuro de la movilidad urbana y la calidad del aire están en manos de la DGT; la exclusión de nuestras organizaciones de este proceso es un sinsentido”.
A día de hoy, poco o nada se sabe sobre los cambios que se pretenden llevar a cabo, a pesar de cumplirse la fecha fijada para su aprobación (julio de este año). Únicamente se conocen las declaraciones del director de la DGT, que hacen referencia a la “paralización del proceso por falta de acuerdo”, y las presiones públicas del sector del automóvil que piden que se dejen tal y como están. Ante esta situación, y dada la relevancia de estos distintivos para discriminar el acceso de vehículos más contaminantes en muchas de las zonas de bajas emisiones que deben implantarse en los próximos meses, ECODES, Ecologistas, Fundación Renovables, Greenpeace y Transport & Environment llevan varios meses solicitando a la DGT que desencalle esta situación de forma coherente, antes de que sea tarde.
Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables, ha incidido en que “en una emergencia climática como la actual, es un sin sentido que instituciones como la DGT den la espalda a la hora de consensuar e incluso pongan piedras en el camino hacia la descarbonización del transporte urbano. La propuesta que realizamos se basa en una racionalización del etiquetado, coherente con los objetivos de reducción de emisiones de GEI en el transporte y que realmente exprese las emisiones reales de cada vehículo. No podemos perder esta oportunidad que tenemos para obtener ciudades más resilientes, con una mejor calidad del aire que no ponga en peligro nuestra salud ni la de nuestros hijos. Por este motivo alzamos la voz para exigir una acción coordinada entre las instituciones gubernamentales que doten de sentido común y veracidad a la movilidad urbana con este nuevo etiquetado“.
Por su parte, Adrián Fernández, coordinador de la campaña de movilidad de Greenpeace, ha señalado que “Queremos que la DGT de un mensaje rotundo sobre la nueva movilidad urbana. España quiere ser climáticamente neutra en 2050 y es innegable el papel de la descarbonización del transporte y la movilidad. Las ciudades son clave para cumplir este objetivo, fomentando la movilidad limpia y activa, el transporte público, la reducción del vehículo privado, etc. Reformar coherentemente el sistema de etiquetas es de vital importancia para acompañarlas en este proceso, generando claridad, un cambio de hábitos y haciendo que sean una referencia efectiva. Hacemos un llamamiento a la acción gubernamental y parlamentaria para poner fin a esta situación y que se aprueben unos distintivos reales”.
Carlos Bravo, experto en políticas de Transport & Environment España, concluye que “Es absurdo que la DGT, que no es un órgano ambiental, esté suplantando al Ministerio para la Transición Ecológica en la labor de rediseñar el sistema de clasificación ambiental de los vehículos, que es una herramienta fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y mejorar la calidad del aire. Este ministerio es el que tiene las competencias legales en esas materias y por lo tanto debería coger la sarten por el mango en este asunto sin más dilación”.
