Colectivos de todo el Estado se movilizarán el 13 de febrero bajo el lema “Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada”

El domingo 13 de febrero colectivos de todo el Estado han convocado manifestaciones en rechazo a la reforma planteada desde el Congreso para cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La convocatoria está apoyada por más de cien colectivos, organizaciones y movimientos sociales, los cuales están impulsando acciones a nivel estatal e internacional para pedir, según han comunicado, que “la reforma de la Ley Mordaza responda a unos mínimos que garanticen el libre ejercicio de los derechos fundamentales».

Hasta ahora, hay programadas movilizaciones para el 13 de febrero en más de veinte territorios, entre los que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Pamplona, Granada, Vitoria, Pontevedra, Toledo, Guadalajara, Santiago, Huelva, Castellón, Logroño, A Coruña, Albacete, Ciudad Real, Málaga, Oviedo, Terrasa, Cádiz o Mérida, y continúan sumándose localidades.La manifestación en Madrid comenzará a las 12 horas e irá desde Atocha hasta la Puerta del Sol, lugar en el que se leerá el manifiesto. 

Todas estas movilizaciones convocadas bajo el lema “Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada” nacen, según han comunicado, para denunciar que “la reforma de la Ley Mordaza, tal y como la plantea el gobierno, obviamente no es una derogación, pero tampoco una verdadera reforma: es un maquillaje de la ley actual, que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de derechos”, según señalan en el llamamiento.

Entre los más de cien colectivos adheridos a esta convocatoria se encuentran entidades como Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende (DQD), Greenpeace, Confederación General del Trabajo (CGT), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), Red ACOGE, además de asambleas y colectivos del 15M como la Comisión Legal Sol, Yay@flautas o Marea Granate, entre otras muchas. Colectivos que llevan años denunciando y reportando junto a la Plataforma No Somos Delito que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos y libertades fundamentales.

Tal y como exponen en el comunicado de la convocatoria, las organizaciones adheridas denuncian que “ni el texto base, ni el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales” como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.

La mayoría de las movilizaciones tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que se prevé que los grupos parlamentarios cierren los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma. Uno de los motivos centrales de estas movilizaciones, en las que se reclamará a la Ponencia de la Comisión de Interior que “se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana». Para este mismo día, 15 de febrero, hay prevista una última movilización en León.

Critican que no se cumple el compromiso de derogación o reforma integral de la ley 

Con estas movilizaciones se quiere recordar a los grupos parlamentarios que, cuando se aprobó la Ley Mordaza, todos los partidos de la oposición se comprometieron a derogar o reformar de forma integral esta norma, un compromiso político que, a juicio de la Plataforma No Somos Delito, “está muy lejos de cumplirse, tal y como se está planteando la reforma ahora mismo”.

No Somos Delito entiende que la reforma seguirá “amordazando derechos fundamentales” mientras estos sean regulados bajo un procedimiento administrativo “en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, vulnerando un derecho fundamental como es la presunción de inocencia”, apuntan. Por tanto, la Plataforma pide al Congreso que se deroguen o eliminen de la ley aquellos artículos que consideran más lesivos para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, como el 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, supuesto que ya está regulado en el Código Penal; y el 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad, “cuya aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes”, denuncian desde No Somos Delito. Dos artículos que, juntos, son los que más multas han supuesto en materia de seguridad ciudadana desde 2015 a 2019, llegando a sumar 140 mil multas impuestas, lo que supone un 70% del total de sanciones impuestas en ese periodo, y que durante la fase de confinamiento del año 2020, llegaron a suponer casi el 97% del total de las multas impuestas en ese año, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior.

Piden también la eliminación de las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como la sanción por venta ambulante o la infracción específica que multa a mujeres que ejercen la prostitución; y que se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial.

Otra de las críticas que han motivado esta movilización “es que en ninguna de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios se plantea la revisión o reformulación del concepto de seguridad ciudadana”. Una de las principales demandas de la Plataforma No Somos Delito, que considera que el concepto de seguridad ciudadana actual “viene heredado históricamente de la Ley de Vagos y Maleantes, donde se entiende que la seguridad está enfrentada con la libertad y que, por tanto, la seguridad ciudadana es un instrumento para limitar el ejercicio de libertades y no un instrumento para proteger estos derechos”, explican desde No Somos Delito.

“Mejoras tibias e incompletas de la reforma”

En el llamamiento a la movilización reconocen “algunos avances en las propuestas planteadas en las enmiendas gubernamentales» y citan la propuesta de adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada o la supresión de las infracciones que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, los desórdenes públicos o el escalamiento. Pero, por lo general, para los colectivos adheridos a la movilización las propuestas de reforma son “insuficientes, poco valientes y poco garantistas”. 

Los colectivos tachan de “ineficaz” la medida planteada por PSOE y Unidas Podemos para limitar la «presunción de veracidad» de los funcionarios policiales (art. 52). No Somos Delito advierte de que la propuesta de que el relato policial en las denuncias sea coherente, lógico y razonable, “además de no exigirse a todas las actuaciones policiales, no acaba con uno de los aspectos más problemáticos de la ley, que es que la palabra del agente vale siempre más que la de la ciudadanía, vulnerando el derecho a una defensa justa”, explican.

También consideran que está “incompleta” la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea ya que, según apuntan, se sigue manteniendo las infracciones que permiten a la policía determinar quién es la persona convocante de una manifestación que no ha sido comunicada (art. 30.3) y sancionarla (art. 37.1).

Lo mismo sucede, según dicen, con la propuesta planteada para reformar la infracción referente al uso de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art.26.23), argumentando que “se seguirá permitiendo que sea el agente quien decida si la persona que ha hecho la foto podría hacer un uso de la misma que suponga un peligro para su seguridad, la de su familia, la del operativo o las instalaciones, y, en base a ello, sancionar a la persona autora de la foto por algo que todavía no ha sucedido, como es el uso presunto de la imagen”. 

Según señalan, esto  mismo sucede con la infracción que más afecta al movimiento Stop Desahucios, la que sanciona la obstrucción a la actuación de comisión judicial (art. 36.4), en la que se plantea “dejar a la interpretación del funcionario la decisión de si parar un desahucio es una obstrucción o un ejercicio de derechos fundamentales”; así como con la redacción propuesta sobre el uso de balas de goma, “donde dejan margen para que sean los agentes quienes determinen si hacer o no uso de las mismas, por lo que no puede considerarse que se establezca su prohibición expresa”, tal y como apuntan desde No Somos Delito.

Propuestas desde la sociedad civil para una reforma integral de la Ley Mordaza

Los colectivos adheridos a la movilización del 13 de febrero exigen que una reforma integral de la Ley Mordaza debe pasar, tal y como han comunicado, por cambios como que “la palabra del policía tenga valor de mera denuncia y que deban aportar pruebas, como mínimo, cuando las actuaciones policiales entren en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales”.

En lo que respecta a la gestión policial de las manifestaciones, plantean la incorporación de una serie de medidas como la creación de equipos de mediación policial encargados de intervenir antes de que se produzca una carga policial; que los protocolos de antidisturbios sean públicos, se ajusten a estándares internacionales y sean objeto de control por organismos independientes; y por último, que exista la obligatoriedad de avisar antes de cargar para dejar tiempo suficiente para marcharse y que se prohíba de forma expresa el uso de balas de goma y productos lesivos y letales.

En referencia a las infracciones por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, piden que se eliminen estos artículos, o que, como mínimo, se concreten los parámetros de su aplicación, para que “no sigan siendo cajones de sastre de la arbitrariedad policial”, según explican.

Demandan además la supresión de la infracción por convocar una manifestación no comunicada para que, según argumentan, “se respete el reconocimiento del derecho de manifestación espontánea”, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Reclaman también la reducción de la cuantía de las sanciones actuales, que en el caso de ser muy graves pueden llegar a los 600.00€, así como la supresión del Registro Central de Infractores, un listado de datos personales sobre los cuales la ciudadanía no puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación, tal y como establecen los llamados derechos ARCO.

Por último, piden que se prohíba la realización de redadas por perfil étnico, para lo que también exigen que se suprima el art. 13.3 que obliga a las personas extranjeras a portar en todo momento la documentación que acredite su situación regular en España; y que se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente.