El Gobierno tramitará un proyecto de ley de deforestación para implementar el Reglamento europeo contra la deforestación importada

A pocos días de iniciarse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28), la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), María Jesús Sancho, anunció que el Ministerio someterá “muy pronto” al trámite de consulta pública previa una ley específica de deforestación que tendrá como objetivo implementar el régimen sancionador exigido por el Reglamento (UE) 2023/1115 contra la deforestación que la UE produce en terceros países (EUDR, por sus siglas en inglés).. 

Durante el webinar europeo “Retos y dificultades en la lucha contra la deforestación ante la COP28”, organizado por la Alianza Cero Deforestación*, la directora general también aclaró que el Reglamento europeo es una normativa transversal, no sectorial, por lo que el Gobierno ha concluido que la ley española debe ser una regulación específica sobre la deforestación asociada a la comercialización de diversas materias primas y no una modificación de diversas normativas sectoriales en función de los productos a los que se aplique. 

Eso se debe a que el Reglamento sobre productos libres de deforestación tiene vocación expansiva: ahora se aplica a siete productos (carne de bovino y productos derivados del ganado bovino, como el cuero; cacao; café; palma aceitera; caucho; soja y madera), pero se prevé que se pueda ampliar a otros. 

“Agradecemos la intención del Ministerio por recoger en una sola ley el régimen sancionador aplicable a todas las materias primas reguladas por el EUDR y asegurar así una mejor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para ejecutar con eficacia los mecanismos necesarios para cumplir con los objetivos de la norma europea”, han manifestado desde la Alianza Cero Deforestación.

Además, Sancho informó de que el Gobierno organizará en la próxima COP28 un evento paralelo en el pabellón español sobre cadenas de suministro y deforestación para “seguir fomentando el diálogo con todas las partes implicadas». 

Durante el webinar, Marta Angoloti, jefa de Área de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación y Thomas Baldauf, del departamento Estrategia y Coordinación sobre Bosques, Sostenibilidad y Bioeconomía del Ministerio Federal de Alimentación de Alemania, señalaron que están elaborando la designación de las autoridades competentes, ya que es obligación de los Estados de la UE comunicarlas a la Comisión Europea antes de que finalice 2023. 

En ambos países estas competencias están descentralizadas. En el caso de España, la responsabilidad del EUDR a nivel de la Administración General del Estado la tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin embargo, serán las comunidades autónomas las que compartirán competencias para realizar, entre otros, los controles que exige la legislación 

Por su parte, Michael Rice, integrante de ClientEarth, y Andrea Carta, de Greenpeace Internacional, destacaron que es obligación de los Estados miembros garantizar que las  autoridades competentes tengan las competencias adecuadas, la independencia funcional y los recursos necesarios para desempeñar correctamente sus funciones en virtud del Reglamento. 

El MITERD tendrá que destinar recursos económicos y humanos a los controles anuales mínimos obligatorios así como para poder adoptar medidas provisionales, de ser necesarias. Por otro lado, las autoridades competentes deberán tener acceso a los conocimientos técnicos y científicos que garanticen que los controles sean de calidad.

Por todo ello, la Alianza Cero Deforestación hace un llamamiento al Gobierno y los grupos parlamentarios para aumentar significativamente los recursos del MITERD durante el trámite de los Presupuestos Generales para 2024 porque la autoridad competente de España tendrá que realizar una gran cantidad de trabajo para poder cumplir adecuadamente con las obligaciones derivadas del Reglamento.

Información complementaria

El Reglamento europeo contra la deforestación importada es importante ya que la UE, debido a sus importaciones de productos agrícolas y ganaderos, es actualmente el segundo mayor responsable mundial de la deforestación tropical (con un 16 % del total mundial, con un total de 203.000 hectáreas deforestadas en 2017 y una emisión de CO₂ asociada de 116 millones de toneladas). Esto la sitúa después de China (24 %), pero por delante de la India (9 %), Estados Unidos (7 %) y Japón (5 %). Dentro de la UE, España es el tercer país con mayor responsabilidad en la deforestación tropical mundial.

La soja, el aceite de palma y la carne de vacuno fueron las materias primas que más deforestación tropical incorporaron a las importaciones de la UE, seguidas del caucho, el cacao, el café y los productos de madera. La deforestación incorporada fue mayor en las importaciones de Brasil, Indonesia, Argentina y Paraguay.

El EUDR ha de ser revisado a mediados de 2024 para decidir si se incluye en su ámbito de aplicación las llamadas “Otras Áreas Boscosas” (Other Wooded Lands, OWL, en inglés). La inclusión de las OWL en el EUDR implicaría proteger un 25 % más de superficies arboladas. Así, además de las selvas (como el Amazonas) se preservarían otros ecosistemas con menor cubierta arbórea pero de suma importancia para la biodiversidad, el cambio climático y la supervivencia de las poblaciones nativas, como El Cerrado de Brasil o El Chaco, lo que permitiría evitar que la presión deforestadora se desplace de las selvas a estas otras áreas, también de gran valor. 

NOTA:

(*) Alianza Cero Deforestación está formada por Amigos de la Tierra, Carro de Combate, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF.