En España hay personas bebiendo agua en mal estado sin saberlo

En el informe SOS Acuíferos, que presentó Greenpeace la semana pasada, se alertaba de que el 44 % de los acuíferos españoles se encuentra en mal estado (30 % por contaminación, 27 % por escasez de agua y 14 % por ambas causas). Pero la situación podría ser aún peor porque, según datos recogidos por Datadista para Greenpeace, existen serios problemas y fallos de control de las masas de agua subterránea que, de no remediarse, ponen en serio riesgo el futuro abastecimiento de agua a la población.

El 22% de las masas de agua subterránea en España no dispone actualmente de sensores para medir la evolución del nivel del agua (sensores piezométricos) y, en muchos casos, ni siquiera se mide la calidad. Es más, con frecuencia los sensores no se sitúan en lugares representativos y se ubican junto a puntos de bombeo, vertederos, zonas con altas concentraciones de materia orgánica -depuradoras o purines de macrogranjas-, o bien en lugares donde se utilizan fertilizantes de forma intensiva, con consiguientes desviaciones. Por eso es imprescindible aumentar y mejorar la red de medición con el fin de tener una imagen real de las reservas de agua y del grado de contaminación de las mismas. Según datos del Gobierno, unos 14 millones de personas en España se abastecen de agua subterránea sin que se esté controlando suficientemente su calidad.

Sobrexplotar las aguas subterráneas (para extraer más agua más de la que es capaz de reponer el ciclo natural, para usos como la agricultura industrial), contaminar los acuíferos con nitratos, sulfatos, pesticidas o arsénico, o vaciarlos, permitiendo que entre el agua de mar y los salinice, es un problema que acaba llegando al grifo. Es imprescindible el análisis químico de todas las sustancias contaminantes estipuladas y determinar su evolución.

Un análisis de más de 13 millones de registros de los resultados de los muestreos a aguas de consumo humano, entre 2016 y 2021, indica que se han incumplido más de 100.000 veces los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003 sobre los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. La mayoría de ellos -el 60%- se debe a incumplimientos por altos niveles de concentración residual de cloro pero, además, entre 2016 y 2021, en 55 municipios de España se registraron, en el agua del grifo, valores por encima de los permitidos de plaguicidas como Metolacloro, Metalaxil o Alaclor y, en ese mismo periodo, en 411 municipios de España se detectó contaminación por nitratos en muestras de agua de grifo, con valores por encima del límite legal apto para la salud.

Esto es algo que, desde la Red de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos (una iniciativa impulsada por Greenpeace, que repartió medidores de nitratos entre poblaciones de todas las comunidades autónomas), ya se constató y denunció, pues había pueblos donde se bebía agua contaminada sin saberlo. El 10 % de las mediciones efectuadas en aguas de consumo, en el ámbito de este proyecto, indicaron que había contaminación por nitratos. Otro gran problema es que, en municipios de menos de 500 habitantes, no se hacen mediciones con regularidad y se deja al criterio de la autoridad sanitaria cuándo hacerlos, por lo que la situación puede ser mucho peor de la que trasladan los datos disponibles.

Otro problema añadido es que, en los pozos, faltan caudalímetros (contadores de agua extraída) para conocer el verdadero volumen que se extrae. Sin ellos, es imposible conocer la verdadera situación de las reservas de agua subterráneas. Se une, además, la histórica permisividad de las administraciones y políticos de turno con el regadío ilegal, que queda en la mayoría de los casos fuera de todo control. Los tribunales no han ayudado. Se acumulan las sentencias en favor de que no se controlen los pozos para uso privativo, abiertos al amparo de la Ley de Aguas.

“La ciudadanía debe conocer en todo momento la situación de llenado de nuestros acuíferos y el porcentaje de sus reservas, como se hace con los embalses en superficie. Esto es una obligación legal prevista en el Reglamento de Planificación Hidrológica y en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y el Gobierno no lo hace”, ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de agua de Greenpeace.

Y todo ello, a pesar de la normativa comunitaria que exige conocer cuánta agua hay en cada masa subterránea (estado cuantitativo), cuánta entra y con qué origen (lluvia, retornos de riego, transferencias desde otras masas…) y su destino (extracciones, descargas en superficie…) con el objetivo de saber si se está respetando el ciclo natural o se está practicando lo que se llama “minería del agua”, afectando a la pervivencia futura de la masa.