En libertad con cargos los nueve activistas de Greenpeace detenidos ayer en el Arco de Moncloa
- La organización ecologista denuncia la desproporción de las detenciones y las medidas judiciales contra una protesta pacífica que pedía al presidente del Gobierno el cumplimiento del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz
- Greenpeace considera paradójico e injusto que, en medio de una crisis climática y energética sin precedentes, la respuesta del Estado sea reprimir a quienes protestan en vez de mostrar firmeza ante las presiones de los poderosos lobbies corporativos
- La protesta pacífica no es un delito, sino un derecho fundamental y una herramienta democrática. Las medidas judiciales no frenarán la determinación de Greenpeace para exigir una transición energética urgente, justa y sin las hipotecas económicas y ambientales de la energía nuclear
Tras pasar la noche en dependencias policiales, las nueve personas activistas de Greenpeace detenidas ayer en Madrid por desplegar una pancarta en el Arco de Moncloa pidiendo al Gobierno el cumplimiento del calendario de cierre nuclear han sido puestas en libertad con cargos. La organización ecologista considera completamente desproporcionada la respuesta policial y judicial, y señala que busca castigar y amordazar al mensajero cuando lo que se necesita es firmeza política para hacer frente al chantaje del lobby nuclear.
«La detención durante más de 24 horas, así como la puesta a disposición judicial y la imputación de cargos a personas que defienden pacíficamente un mundo más seguro y libre de energía nuclear es un síntoma alarmante de cómo el poder prefiere criminalizar la protesta antes que enfrentarse a la realidad de un mundo en llamas y a los intereses inmorales del lobby nuclear», ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal. «Nos persiguen por decir en voz alta una verdad incómoda: prorrogar Almaraz sería un enorme error histórico que pone los beneficios corporativos frente al interés general y la protección de la vida en el planeta. La intimidación no nos va a parar, protestar pacíficamente por defender la vida es nuestro derecho y nuestro deber», ha añadido Saldaña.
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La protesta civil, de carácter estrictamente pacífico, recordaba ayer al presidente del Gobierno su compromiso con el calendario oficial de cierre del parque nuclear español (Orden Ministerial TED/773/2020), que sitúa la clausura de los reactores I y II de Almaraz en 2027 y 2028, respectivamente. Desde Greenpeace se subraya que el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitido esta semana sobre la hipotética extensión de vida de Almaraz tres años no obliga al Ejecutivo a prolongar la vida de la central extremeña: la decisión final sigue siendo exclusivamente política.
Para la organización, resulta paradójico y profundamente injusto que, en un contexto de emergencia climática y energética global donde la ciudadanía sufre los efectos directos del calor extremo, los incendios y los efectos de la guerra en Irán, la respuesta de las instituciones del Estado ante una llamada de atención para defender la transición energética sea la vía penal.
Greenpeace reitera que la protesta pacífica no es un delito, sino un derecho fundamental y una herramienta democrática imprescindible para señalar las contradicciones de los gobernantes y las presiones de los grandes lobbies corporativos. La organización asegura que las medidas judiciales no frenarán su determinación de exigir una transición energética urgente, justa y sin las hipotecas económicas y ambientales de la energía nuclear.
El episodio en el Arco de Moncloa no es un caso aislado, sino que se suma a la preocupante escalada judicial y represiva contra el activismo climático a la que Greenpeace y muchas otras activistas se enfrentan este año en los tribunales. La organización recuerda los severos procesos penales que pesan sobre las acciones pacíficas por la justicia climática, como el juicio por la protesta en el puente de Joaquín Costa en Madrid, o el juicio a Rebelión Científica por derramar remolacha en el Congreso. También es necesario recordar el inminente juicio que se celebrará el próximo septiembre por la acción contra la importación de gas fósil en el puerto de Sagunto, donde la fiscalía llega a solicitar hasta cinco años de cárcel para las activistas de Greenpeace.
A pesar de que los tribunales ya han dictaminado la absolución de activistas en otros casos similares como el del Cercle en Barcelona —donde se reconoció que las protestas para exigir una recuperación verde y justa tras la pandemia eran legítimas—, la organización denuncia que sigue dándose una persecución sistémica a quienes denuncian de forma pacífica la inacción política y las presiones del oligopolio energético.
