Financiar el transporte público con un impuesto a los vuelos VIP: la propuesta de Greenpeace para avanzar con el Abono Único

Tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Transportes, finalizada ayer, Greenpeace hace un llamamiento urgente al Ministerio de Transportes y a las Comunidades Autónomas para que este encuentro suponga un punto de inflexión definitivo y se avance en la cooperación para resolver los problemas de movilidad sostenible desde la lógica del servicio a la ciudadanía. La organización valora positivamente el interés mostrado por las Comunidades Autónomas en la Conferencia por la propuesta de un Abono Único de transporte para todo el territorio y demanda superar, de forma inmediata, las diferencias entre Administraciones y avanzar en los trabajos de cooperación para que el abono único sea una realidad lo antes posible.

Para la organización ecologista, es fundamental que se disponga de una hoja de ruta clara de adhesión por parte de las Comunidades Autónomas. Greenpeace advierte de que limitar el abono únicamente a los servicios de competencia estatal reduce drásticamente su eficacia y desaprovecha el potencial transformador de la medida para reducir el uso del coche privado y mejorar la calidad del aire y el nivel de congestión de las ciudades y áreas metropolitanas.

“La ciudadanía no entiende de competencias administrativas cuando necesita ir a trabajar, al médico o a visitar a familiares o amigos; necesita una solución sencilla, única y asequible”, ha declarado José Luis García, responsable de Clima, Energía y Movilidad en Greenpeace. “Las Administraciones deben aparcar las disputas políticas para facilitar la vida del día a día de las personas y luchar contra la emergencia climática”.

Ante las reticencias trasladadas por parte de algunas Comunidades Autónomas sobre el reparto de costes, Greenpeace pide al Gobierno buscar fórmulas e incentivos fiscales concretos bajo el principio de “quien contamina, paga”. Para ello, la organización propone eliminar los privilegios fiscales al queroseno y a los vuelos VIP y disponer de estos fondos (más de 4.000 millones de euros anuales) para invertir en el transporte público.

“Lo de poner el dinero público en el lugar equivocado no es algo nuevo: España sigue gastando miles de millones de euros al año en subvenciones al combustible fósil como hemos visto con los Decretos aprobados por la guerra de Irán con las exenciones al transporte más contaminante. Redirigir esos recursos públicos hacia el transporte colectivo es la forma justa y eficiente de financiar la movilidad sostenible”, asegura García.

La propuesta de Greenpeace implica ampliar el Abono Único actual a todos los sistemas y operadores de transporte público (urbano, metropolitano, autonómico y estatal), con todos los sistemas de bono/tarjeta plenamente integrados e interoperables entre provincias y Comunidades Autónomas, y con un mecanismo de ajuste redistributivo que refuerce el beneficio neto para hogares de rentas bajas, personas con discapacidad y personas dependientes. La organización insiste en que el nuevo título de transporte debe ser verdaderamente universal e intermodal y debe integrar obligatoriamente:

• Redes de transporte estatal (Cercanías, Media Distancia y bus).
• Metros, tranvías, autobuses urbanos e interurbanos.
• Sistemas públicos de bicicleta.
• Transporte a demanda y sistemas de movilidad compartida, especialmente en zonas vulnerables donde no existen otras alternativas.

Como recuerda Greenpeace, este modelo ya existe en países como Austria y Alemania, donde la eliminación de barreras administrativas, la integración tarifaria, la facilidad para planificar los trayectos y la accesibilidad para todos los grupos sociales han sido elementos clave en su éxito.