Greenpeace, a la espera de sentencia, subraya su absoluta indignación ante una Fiscalía que insiste en criminalizar la protesta pacífica

• Todos los testigos han ratificado que la acción por la que se juzga a Greenpeace fue una protesta pacífica

• El Ministerio Fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales y solicita una pena de dos años y seis meses para cada activista
  
• Greenpeace remarca la falta de garantías procesales dado el carácter multinacional de los acusados

• Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, ha asistido al juicio en calidad de observador

Valencia, 23 de septiembre de 2026.- Hoy se ha celebrado en Valencia el juicio penal del caso de los 11 activistas de Greenpeace acusados de un delito de desórdenes públicos agravados y por el que la Fiscalía solicitaba una pena de 5 años de prisión por una acción de protesta pacífica realizada en el puerto de Sagunto en 2021.Tras 10 horas de juicio, Greenpeace queda a la espera de una sentencia que absuelva a los activistas y denuncia que, pese a que la Fiscalía ha modificado su petición inicial, continúa solicitando dos años y medio de prisión para cada uno de ellos, una petición de pena que considera absolutamente desproporcionada.

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Las declaraciones de todos los testigos, tanto de la acusación como de la defensa (Guardia Civil, representante del armador y de la regasificadora, así como dos periodistas independientes), han ratificado que se trató de una protesta pacífica y que el riesgo percibido no se concretó en daños ni a las personas ni a las cosas, ni afectó al tráfico marítimo habitual del puerto.

El Ministerio Fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales y solicita ahora una pena de dos años y seis meses para cada activista, tras reconocer el error cometido en su escrito de acusación. En él, la Fiscalía había aplicado un tipo penal agravado que entró en vigor en enero de 2023, pese a que los hechos sucedieron en 2021. Sin embargo, la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las normas penales cuando resultan más gravosas para los acusados, como ocurre en este caso.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, subraya: “Cada palabra que se ha escuchado durante este juicio ha dejado en evidencia que protestar de forma pacífica no es un delito, sino un derecho y una obligación moral. Nos indigna profundamente el empeño de la Fiscalía en perseguir a quienes defienden la vida, mientras los verdaderos responsables del desorden público, de alterar la paz social y de poner en jaque a la humanidad son las multinacionales de los combustibles fósiles que provocan la crisis climática”. Y añade: “Criminalizar a los activistas es una grave amenaza para las libertades de toda la sociedad que no podemos consentir. Quiero confiar en que además de ser absueltos algún día los 11 de Sagunto sean reconocidos por su aportación a la sociedad y que la quema de los combustibles fósiles se considere un delito ambiental”.

El equipo jurídico de Greenpeace remarca, además, la falta de garantías procesales durante todo el procedimiento: las personas acusadas tienen ocho nacionalidades distintas y seis de ellas no comprenden el español, por lo que no han podido seguir el desarrollo del juicio, salvo durante sus propios interrogatorios, cuando sí han contado con traducción. “El juicio ha durado 10 horas, con solo dos recesos de 10 min, lo que ha agravado la tensión y la dificultad. Estamos todas muy cansadas, aunque tras este proceso terminamos con cinco años de pesadilla”, ha declarado Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace. “Ahora esperamos que la sentencia se nos notifique en un plazo razonable de tiempo y, por supuesto, contamos con que será absolutoria; este juicio nunca debió haber tenido lugar”, subraya Díez.

Francisco del Pozo, activista de Greenpeace, ha declarado a la salida del juzgado: “Hemos vivido los últimos años con una pena injusta sobre nuestras cabezas (y las de nuestras familias) por ejercer activismo climático pacífico con todo lo que ello conlleva: miedo, ansiedad y sentimiento de injusticia. Ahora que la pena que nos solicitan se ha rebajado a dos años y medio, aunque es una buena noticia, no puedo dejar de pensar que nadie nos devolverá ese tiempo perdido y que, de alguna manera, ya hemos cumplido parte de la condena. Espero que la justicia prevalezca y seamos declarados inocentes”.

Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, ha asistido al juicio en calidad de observador y seguirá muy de cerca el caso, al igual que Amnistía Internacional. 

Greenpeace ya ha hecho frente al pago de sanciones económicas abusivas por valor de 160.000 euros. La organización sostiene que estas sanciones vulneran el principio de non bis in idem, es decir, que no se pueden sancionar dos veces los mismos hechos.

Más información:

Virginia Rabal, Comunicación de Greenpeace: 619 922 108