Greenpeace advierte de que la ayuda generalizada al carburante beneficia más a las rentas más altas y pide medidas estructurales para acelerar la transición ecológica

En respuesta al Plan de choque contra el impacto económico y social de la guerra presentado hoy en el Consejo de Ministros, Greenpeace considera que son necesarias medidas de choque temporales para aliviar la situación de hogares y pequeñas empresas, pero lamenta la poca implicación de las empresas que se están beneficiando de esta crisis. La organización pone énfasis en la temporalidad de las medidas y reitera la necesidad de soluciones urgentes y verdaderamente efectivas en el medio plazo para acelerar la transición energética hacia un sistema 100% renovable y eficiente. Acelerar la transición es imprescindible para afrontar la emergencia climática y permitiría acabar con la dependencia actual de los combustibles fósiles y la energía nuclear que financian la guerra y asfixian a la ciudadanía.

“La subida imparable del precio de la energía y los combustibles, la propagación de la inseguridad alimentaria y el aumento de la inflación nos dan de bruces con la realidad de los límites de nuestro modelo y nos hacen sentirnos vulnerables aquí y ahora”, ha declarado Alicia Cantero, responsable de Incidencia política de Greenpeace, que añade: “En este momento son necesarias medidas de choque para aliviar la carga que numerosas familias, pequeñas empresas y autónomos están sufriendo por el elevado coste de la energía, pero no nos podemos quedar ahí: ahora es más importante que nunca no seguir cayendo en la trampa de los combustibles fósiles y establecer medidas estructurales que nos permitan liberarnos de su dependencia y de sus consecuencias ambientales y sociales”.

Valoración de medidas concretas:

Ayudas a carburante

La bonificación mínima del carburante de 20 céntimos en cada litro ofrecida al sector transporte se extiende a todos los consumidores hasta el 30 de junio (el Gobierno asumirá la mayor parte de esta subvención, el triple que las petroleras). Greenpeace advierte que las bonificaciones generalizadas y sin criterios de renta hacen prever que sea la población más rica quien más se beneficie de estas ayudas, puesto que son las rentas altas quienes más utilizan el automóvil en sus desplazamientos.

La organización también señala que la subvención directa de carburantes va en contra del compromiso climático expresado por el Gobierno y lanza un mensaje equivocado: mientras que otros países optan por dar alternativas al coche potenciando el transporte público con más recursos y tarifas especiales, en España los fondos públicos se destinan a que sigamos moviéndonos en coche a toda costa. Cualquier ayuda a los combustibles tiene que ser excepcional y limitada a los hogares donde los altos precios impiden llegar a fin de mes, pues son los más perjudicados por un modelo que durante años nos ha hecho a la ciudadanía fuertemente dependientes del coche.

Medidas para contrarrestar la subida de los precios de la energía

Greenpeace considera que el tope del precio del gas aprobado por el Consejo Europeo es una medida temporal destinada a rebajar la inflación que no resuelve el problema estructural de un mercado de precios diseñado para beneficiar al gas, y que impide que el  bajo precio de las renovables y sus beneficios sociales y ambientales repercutan en los consumidores finales. La organización también señala que esta medida continúa beneficiando a las eléctricas y finalmente el Estado y por tanto los contribuyentes  pagarán el extracoste.

Greenpeace lamenta que el Gobierno haya incluido solo a las energías renovables para aportar liquidez a la hora de financiar las medidas de reducción de la factura eléctrica de las personas consumidoras, y espera que minore, tal como ha anunciado, los beneficios “caídos del cielo” de las demás tecnologías (nuclear e hidráulica), que están recibiendo beneficios extraordinarios por el elevado precio del gas, medida repetidamente demandada por Greenpeace y otros colectivos del sector.

La organización considera positivas las medidas dirigidas a proteger a la población más vulnerable como la prórroga hasta el 30 de junio del descuento del 60% en el bono social eléctrico para colectivos vulnerables y del 70% para vulnerables severos o la ampliación  del presupuesto para el bono social térmico que ya se había duplicado hasta los 200 millones. Greenpeace señala que difícilmente tendrá éxito mientras no se agilicen y automaticen los farragosos trámites burocráticos.

Son indispensables ayudas urgentes para mejorar el aislamiento de las viviendas y la sustitución de calderas de gas por sistemas de renovables que independicen los hogares, sobre todo los más vulnerables, de los volátiles precios del gas fósil, tal y como ha pedido Greenpeace en su manifiesto “Calefacción renovable para todas las personas”.

Por último la organización celebra la convocatoria de una nueva subasta de energías renovables, para la que ha requerido reiteradamente asegurar reservas para la participación ciudadana así como criterios sociales y ambientales para los proyectos ganadores.

Ayudas al campo y la pesca

Además de 10.000 millones de euros en avales ICO para las empresas, el Gobierno incluye apoyos al sector primario y al campo español -362 millones de ayudas directas al sector de la agricultura y la ganadería y otros 68 millones para la pesca y la acuicultura. Este tipo de ayudas van a beneficiar principalmente a la pesca y ganadería industriales, favoreciendo así a unas pocas empresas altamente destructivas.

Desde Greenpeace consideramos que las ayudas no pueden ir a la agricultura y ganadería industriales que dependen de combustibles fósiles, plaguicidas, fertilizantes y transgénicos, gran parte de ellos provenientes de terceros países y asociados también ahí con la destrucción ambiental, y sí a apoyar la necesaria y urgente transición agroecológica. En el caso de la pesca, las ayudas  destinadas a la flota industrial, que es la más dependiente de combustibles, están financiando la destrucción de los hábitats marinos y stocks pesqueros. En el caso de la alimentación, estas ayudas deberían dirigirse a fortalecer nuestra soberanía alimentaria a través de una producción sostenible. 

Necesidad de poner en marcha la Reforma Fiscal

En estos momentos es necesario reforzar más que nunca el valor de lo público y lo comunitario. Greenpeace celebra el carácter social de las medidas acordadas como el aumento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, la aplicación de los ERTES o la limitación «excepcional» del incremento de los alquileres de tan solo el 2% para desvincularlo del IPC. También reconoce como positivo que las medidas no se hayan centrado en una rebaja fiscal generalizada que favorece más a los hogares con mayor capacidad económica.

La organización reclama que para evitar que esta crisis la paguen los de siempre es necesaria la puesta en marcha de una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, sea progresiva e incluya una fiscalidad verde que aplique el principio de quien contamina paga y no deje a nadie atrás.