Greenpeace considera que un Gobierno progresista no puede permitirse la continuidad de la ley mordaza

Cuando se cumplen cinco años de la entrada en vigor Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, Greenpeace recuerda al Gobierno su compromiso de derogar sus aspectos más lesivos, ya que entiende que es intolerable que un Gobierno que se considera progresista mantenga esta norma en vigor y que la haya convertido en la “ley para todo” del Ministerio de Interior. 

A la organización ecologista le preocupa especialmente las infracciones que afectan al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, reunión y manifestación. Las sanciones por desobediencia, resistencia o falta de respeto a la autoridad, por desórdenes públicos y por manifestación no comunicada se encuentran entre las causas más habituales dentro de este ámbito, que ya sumaba un acumulado de más de 130.000 sanciones al cierre de 2018.

Greenpeace recuerda que algunos de los artículos de esta norma parecían haberse redactado a medida de las acciones de protesta pacíficas llevadas a cabo habitualmente por la organización ecologista, como los que sancionan el escalamiento de edificios o monumentos, y las manifestaciones no comunicadas ante infraestructuras consideradas críticas como las centrales nucleares. Además, es ya habitual que las personas que participan en acciones de denuncia de Greenpeace reciban sanciones amparadas en la ley mordaza por ejercer su derecho a la protesta pacífica. 

La organización ecologista y pacifista critica además la falta de transparencia en torno al número de sanciones impuestas. Aunque el Ministerio de Interior apenas ofrece información, según sus propios datos, desde que entró vigor en 2015 hasta final de 2018 se habían abierto 765.000 expedientes y recaudado 416,5 millones. De hecho, su aplicación se ha disparado exponencialmente, con un aumento del 80% entre 2015 y 2018 (87.872 sanciones en 2015; 197.947 en 2016, 229.932 en 2017; y 249.665 en 2018, en total, 765.000 sanciones).

A pesar de que la polémica norma fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y de que los dos partidos que actualmente ocupan el Ejecutivo se comprometieron a reformarla en sus programas electorales, está aún sigue en vigor. 

“La actual vigencia de la ley mordaza supone un desafío para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y confunde la seguridad ciudadana con el orden público. Necesitamos una legislación que se aproxime a la seguridad desde otro lugar, y que proteja la protesta pacífica como un síntoma de salud democrática”, ha declarado Javier Raboso, responsable de la campaña en defensa de la Democracia de Greenpeace. 

Greenpeace junto con otras organizaciones, ha impulsado el manifiesto 5 años de mordazas ¡Basta! para exigir la sustitución de la ley mordaza por un una legislación que proteja y promueva el ejercicio de los derechos fundamentales con garantías.