Greenpeace denuncia la dejadez de las administraciones públicas ante la entrada de madera ilegal en España

• La inacción de las autoridades favorece la sensación de impunidad en el sector de importadores de productos forestales
• Las amenazas a las poblaciones indígenas, la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático son algunas de las consecuencias de la tala ilegal
• Naciones Unidas estima que el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal

Comerciar con madera sospechosa de origen ilegal sale barato en España. Greenpeace ha publicado hoy un informe (1) en el que analiza y evalúa la aplicación en el estado español del Reglamento europeo de la madera o EUTR (European Union Timber Regulation) (2), una norma de obligado cumplimiento en todos los países miembros que contribuye a evitar las amenazas a las poblaciones indígenas, la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático. La conclusión es clara: las administraciones públicas españolas han mostrado una absoluta desidia a la hora de aplicarlo, lo que ha contribuido a que reine la impunidad en el sector de importadores de productos forestales.

Esta normativa, que fue aprobada en 2010 y entró en vigor el 3 de marzo de 2013, establece las obligaciones de las empresas que comercializan productos forestales para evitar la entrada en la Unión Europea de madera procedente de talas ilegales.

“La primera y dolorosa constatación es que nuestros responsables políticos han decidido no asumir su responsabilidad en la lucha contra la tala ilegal”, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Desde el comienzo del proceso de aplicación de esta norma europea, Greenpeace ha constatado la tendencia desde las administraciones públicas a minimizar el problema de la tala ilegal, cuando no a negar directamente su existencia”.

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la tala ilegal era en 2017 el primer delito medioambiental a escala global. Solo en 2016, movió entre 50.700 y 152.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 30.000 y 100.000 millones estimados en 2014. Además, supone entre el 50% y el 90% del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave. El 30 % de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal.

En cinco años de aplicación de la norma europea, tan solo se ha impuesto una medida correctiva a una empresa por insuficiencias en las obligaciones requeridas por la norma europea, una situación propiciada por la dejadez tanto del Gobierno central como de las administraciones autonómicas.

En su informe, Greenpeace analiza los problemas y carencias detectados en este lustro:

• España tardó tres años en adaptar el Reglamento EUTR al marco jurídico estatal (3) y un poco menos en tener un régimen sancionador en la reforma de la Ley de Montes de 2015. El nombramiento de las autoridades competentes EUTR en las diferentes CC.AA. provocó nuevas demoras y la falta de recursos humanos e interés de las administraciones ha hecho el resto.
• Existe una alarmante falta de información y opacidad por parte de las administraciones públicas. A fecha de hoy, no es posible conocer el número de controles realizados a las empresas, los expedientes abiertos o las medidas correctoras impuestas por incumplir los requerimientos del Reglamento EUTR.
• Las administraciones competentes en la aplicación de la EUTR se han inhibido frente a las denuncias presentadas por Greenpeace desde mayo de 2014, a raíz de la participación de empresas españolas en operaciones de importación de madera procedente de empresas forestales implicadas en talas ilegales en Brasil, Camerún y República Democrática del Congo.
• Hay una grave política de silencio por parte de las autoridades competentes del estado español. Mientras, en otros países de la UE, por los mismos casos denunciados por Greenpeace las autoridades abren expedientes, los hacen públicos y anuncian medidas sancionadoras contra los operadores que han incumplido sus obligaciones.

Como único dato positivo, Greenpeace destaca la decisión tomada por la Generalitat de Catalunya de proceder a la adopción de medidas correctoras a una empresa importadora de madera de teca de Myanmar (Birmania): hasta que la compañía no implemente medidas adicionales de reducción del riesgo y acredite su cumplimento, las autoridades le han prohibido temporalmente el comercio de madera y de productos de la madera procedente de este país asiático.

Aunque supone un paso adelante, Greenpeace considera que esta medida correctiva resulta claramente insuficiente. La Ley de Montes establecía sanciones económicas en caso de incumplimiento de los requerimientos de la EUTR e incluso la incautación de la madera.

“Ante el bajo carácter ejemplarizante de la única medida tomada hasta la fecha por incumplimiento de las obligaciones del Reglamento EUTR, debemos concluir que comerciar con madera sospechosa de origen ilegal en el estado español sale barato”, ha criticado Soto. “Al ritmo que vamos, las multas y la incautación de madera previstas en el régimen sancionador de la Ley de Montes van a tardar en ser aplicadas, si es que llegan a ser aplicadas alguna vez”.