Greenpeace denuncia que la certificación forma parte del greenwashing empresarial y no están frenando la destrucción de los bosques

Greenpeace Internacional ha publicado hoy el informe Destrucción: certificada (1), en el que evalúa gran parte de los esquemas de certificación utilizados para productos como el aceite de palma y la soja, materias primas que están señaladas como motores de la deforestación a nivel mundial. 

El informe hace un balance de tres décadas de desarrollo e implementación de esquemas de certificación. Sobre la base de una extensa revisión de la literatura, la información pública disponible de los propios esquemas de certificación y las opiniones de los expertos en certificación, Greenpeace ha realizado una revisión crítica sobre la efectividad de estos esquemas de certificación a la hora de frenar la destrucción forestal. Por último, el informe realiza una evaluación detallada de los nueve esquemas de certificación más importantes, incluidos el FSC, RTRS y RSPO. 

“Después de tres décadas de desarrollo e implementación, los sistemas de certificación no han logrado prevenir la destrucción de los bosques y la biodiversidad, ni las violaciones de los derechos humanos en sectores clave como la producción de aceite de palma, soja, madera y papel. Debido a las limitaciones y debilidades de la certificación, se constata que esta herramienta juega un papel muy limitado a la hora de detener la deforestación y proteger los derechos humanos”, ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “En consecuencia, no debemos confiar en que la certificación genere cambios significativos en los sectores de las materias primas; y tampoco debería utilizarse como prueba del cumplimiento de la legislación.” 

Según el informe, la certificación ha fracasado y no aborda los problemas fundamentales para los que fueron creados. Lejos de lo que afirman estos sistemas de certificación, incluida la ampliamente conocida certificación FSC (2), el mal desempeño de estos sistemas sigue agravando la situación de bosques y otros ecosistemas, así como provocando conflictos en los territorios y violaciones de los derechos humanos.

El informe también analiza las promesas incumplidas por la mayor asociación mundial de empresas fabricantes y comerciantes del sector agroalimentario, el Consumer Good Forum (1), que hace una década se comprometió a eliminar para 2020 toda la deforestación de sus cadenas de suministro utilizando la certificación como uno de los medios para alcanzar este objetivo. Una vez cumplida esa fecha ha quedado claro que las empresas del CGF, como Unilever que dependen en gran medida de la RSPO, no cumplieron con sus compromisos de deforestación cero. Si bien la certificación ha crecido a nivel mundial, la deforestación y la degradación forestal han continuado.

Frente a la desregulación, la voluntariedad y la globalización sin freno, Greenpeace hace un llamamiento a gobiernos e instituciones europeas e internacionales para que se desarrollen marcos legislativos de obligado cumplimiento para las empresas a lo largo de toda su cadena de suministro. Este esfuerzo regulador debe dejar atrás la confianza en la voluntariedad y el buenismo corporativo, para avanzar en políticas que ajusten el comercio internacional dentro de los límites planetarios (3); políticas que deben ser también una palanca para el pleno desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello son necesarios cambios sistémicos, incluida la profunda reestructuración del sistema agroalimentario, una mayor apuesta por la agricultura ecológica y la reducción del consumo, especialmente de carne y lácteos. 

«La certificación traslada al consumidor la responsabilidad de valorar la bondad ambiental de un producto certificado. Pero son los gobiernos quienes deben garantizar la protección de nuestro planeta y sus habitantes de los graves impactos producidos por la demanda de materias primas. Por tanto, urge establecer reglas que garanticen que ningún producto producido y vendido proviene de destrucción de la biodiversidad y la violación de los derechos humanos”, ha recordado Soto.