Greenpeace denuncia que la decisión de extender la vida de la central nuclear de Almaraz es una cesión vergonzosa del Gobierno a la presión del oligopolio eléctrico encabezado por Iberdrola, Endesa y Naturgy

Greenpeace muestra su rechazo e indignación ante la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ceder a la presión de las eléctricas para extender la vida operativa de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) durante tres años adicionales. Greenpeace alerta de que esta decisión no responde a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura para los hogares, sino exclusivamente al interés económico de las eléctricas, a pesar de que pone en peligro la transición energética de España.

Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, “la decisión de Pedro Sánchez es un error histórico que demuestra que en este país sigue mandando el mismo oligopolio energético de siempre. Al ceder a esas presiones, el Gobierno echa por tierra toda su credibilidad, defrauda la confianza de su electorado que respaldó sus compromisos ambientales y, lo que es aún más grave, asesta un golpe mortal a la transición energética en un contexto en el que el cambio climático ya está aquí y nos va la vida en ello”.

“Además, resulta especialmente preocupante que el Gobierno haya esperado hasta mediados de agosto para hacer pública una decisión tan lamentable, en lo que supone un grave desprecio a la ciudadanía y un insulto a la transparencia democrática. Más aún cuando trata de revestirla de argumentos que no son sino excusas sin fundamento”.

“Ante una decisión de esta gravedad, no nos vamos a rendir: exploraremos todas las vías a nuestro alcance y seguiremos luchando hasta el final para revertir este paso atrás, defendiendo la transición energética y el interés común”.

Un sobrecoste injustificable y el fracaso del PNIEC 

Basándose en el informe técnico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Greenpeace recuerda que la prórroga de Almaraz no es «coste cero», sino que provocará un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica de hogares y empresas para 2033. Por lo tanto, aunque el Gobierno no conceda ninguna de las rebajas fiscales solicitadas por las compañías propietarias, el coste para la ciudadanía es muy elevado.

Además, envía una señal nefasta al mercado, lo que podría provocar la pérdida de hasta 26.130 millones de euros en inversiones en tecnologías limpias, como renovables y almacenamiento, según el mismo informe. Esta advertencia coincide con las conclusiones de la Barcelona School of Economics (BSE), que formaliza la «Paradoja Nuclear»: mantener la flota nuclear actual reduce la probabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 a exactamente cero. Al colmatar la red, la nuclear impide físicamente la entrada de nueva potencia eólica y solar. 

Por todo ello, Greenpeace considera que la decisión de mantener Almaraz en funcionamiento es irresponsable y contradictoria, especialmente en un contexto en el que la crisis climática se manifiesta con una intensidad cada vez mayor. España y Europa están atravesando uno de los veranos más extremos de los que se tiene registro, con temperaturas récord e incendios que cada vez con mayor frecuencia desbordan la capacidad de extinción. Al mismo tiempo, más de un tercio de los reactores nucleares europeos se encuentran indisponibles, principalmente por las dificultades para operar en condiciones de altas temperaturas y sequía, fenómenos que se ven agravados por el cambio climático.

José Luis García Ortega, responsable del Área de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, ha declarado: “Exigimos al Gobierno que reconsidere esta decisión y se mantenga firme en el calendario de cierre pactado en 2019. La seguridad no reside en reactores amortizados de los años 80, sino en un sistema flexible, renovable y con almacenamiento. Prorrogar Almaraz es un golpe mortal a la credibilidad de la política energética española y a la transición renovable que estaba liderando en Europa y que nos ha permitido afrontar mejor que nadie en la UE los embates de la inflación por los combustibles fósiles o los efectos del conflicto en Irán. Supone elegir un modelo caro y obsoleto que nos hace más dependientes del uranio y del gas a largo plazo, traiciona los compromisos climáticos del país y nos mantiene atados a las importaciones del exterior”. 

Además, ceder a la petición de las eléctricas hoy crea un escenario de altísimo riesgo estratégico. Tras esta decisión, España se enfrenta al cierre simultáneo de cuatro reactores (Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes) en 2030, lo que sumaría 4.000 MW desconectándose a la vez. Es previsible que este escenario de «acantilado» sea utilizado como pretexto para forzar nuevas prórrogas nucleares, bloqueando indefinidamente la transición energética.

Greenpeace expresa también su preocupación por Extremadura, la región más perjudicada por el parón de energías renovables que ocasiona la continuidad de la planta nuclear. En este contexto zonal, el nudo de Almaraz ya actúa como un tapón físico para la electricidad renovable. El cierre de la planta reduciría los vertidos renovables en Cáceres un 30% de forma inmediata, permitiendo que la energía solar extremeña -que hoy se desperdicia por la rigidez del reactor- llegue finalmente a los hogares y florezcan nuevos proyectos de renovables y almacenamiento. 

El «espejismo» de la seguridad de suministro 

El reciente Análisis Nacional de Cobertura de Red Eléctrica (octubre 2025) identifica riesgos de cobertura (falta de energía para cubrir la demanda) superiores al estándar de fiabilidad de 1,5 horas/año para los años 2028 y 2030. Sin embargo, la organización ecologista subraya que estos riesgos, concentrados en los meses de invierno y las horas punta de la tarde, son la consecuencia directa de mantener una tecnología rígida como la nuclear.

“La nuclear no es la solución a los picos de demanda, sino el problema. Su inflexibilidad expulsa a las renovables y aplana la curva de precios, destruyendo el incentivo económico para que el sector privado invierta en las baterías y el almacenamiento que Red Eléctrica dice que necesitamos para garantizar la estabilidad futura”, concluye García.